El 6 de enero de 2016, un despliegue de la fuerza pública, coordinado por la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, permitió la captura de los veteranos militares: un grupo de 14, involucrado en desapariciones forzadas entre 1981 y 1986; y otro grupo relacionado con la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen, en septiembre de 1981.

La primera investigación, por la que el Juzgado de Mayor Riesgo A autorizó los allanamientos y capturas, se remonta a la ejecución del Plan de Sánchez, en Rabinal, Baja Verapaz, el 18 de julio de 1982, en donde tropas del ejército y expatrulleros de autodefensa civil irrumpieron en la comunidad, torturando y asesinando a la población civil.

Según la fiscalía, Benedicto Lucas García, en cuanto jefe del Estado Mayor del Ejército tenía autoridad de mando sobre el comandante de la referida base, donde recientemente se localizaron más de 500 osamentas.

La investigación señala que los detenidos habrían tenido responsabilidad en al menos 88 eventos relacionados con masacres entre 1981 y 1986, en el contexto del conflicto armado interno. La Fiscal General Thelma Aldana, manifestó que "Los casos que hemos documentado son contra población civil, no combatiente, entre ellos niños", es una "de las mayores desapariciones forzadas en América Latina".

Los militares detenidos y enviados a prisión provisional en la cárcel de la Brigada Mariscal Zavalason, son: Manuel Benedicto Lucas García; Byron Humberto Barrientos Díaz; Gustavo Alonso Rosales García; José Antonio Vásquez García; Carlos Humberto Rodríguez López; Ismael Segura Abularach; Pablo Roberto Saucedo Mérida; César Augusto Ruiz Morales; Juan Ovalle Salazar; Édgar Rolando Hernández Méndez; Carlos Augusto Garavito Morán; Luis Alberto Paredes Nájera; César Augusto Cabrera Mejía y Raúl Dehesa Oliva.

A las detenciones anteriores hay que añadir la aprehensión, el mismo día, de cuatro oficiales del Ejército a cargo de la Zona Militar "GMLB" de Quetzaltenango, sospechosos de participar en la desaparición forcada del menor Marco Antonio Molina Theissen, acaecida el 6 de octubre de 1981. Se trata de Francisco Luis Gordillo Martínez, comandante de la zona militar; Edilberto Letona Linares, segundo comandante; el oficial S-2 del Estado Mayor Hugo Ramiro Zaldaña Rojas y el general de división Manuel Antonio Callejas Callejas...

En la misma afirma que, "[S]egún la información de público conocimiento, entre el 1 de enero y el 31 de mayo 2014 la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos detuvo un número récord de 47.017 niños migrantes no acompañados a lo largo de la frontera suroeste de los Estados Unidos. Esta cifra representa un aumento de casi 50% respecto de la cifra del año pasado. Previamente, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. habían estimado la llegada de 60.000 niñas y niños migrantes no acompañados en 2014, tras revisar las cifras, ahora se estima que pueden llegar a ser 90,000. De los 47.017 niñas y niños migrantes detenidos en lo que va de 2014, la gran mayoría (46.188) proceden de El Salvador (9.850), Guatemala (11.479), Honduras (13.282) y México (11.577) y los demás (829) de otros países."

Indica asimismo que "Un informe reciente publicado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), titulado "Children on the run", tras realizar entrevistas a niños y niñas de México y Centroamérica que se encontraban en situación migratoria irregular en los Estados Unidos encontró que el 58% indicaron que fueron 'desplazados forzosamente' debido a: la violencia por parte de actores armados del crimen organizado, tales como carteles del narcotráfico y pandillas; violencia doméstica; y en el caso de México, el reclutamiento forzado por parte de redes de tráfico de personas."

"Una vez que estas niñas y niños llegan a los Estados Unidos y son detenidos por las autoridades, muchos de ellos están siendo mantenidos en detención por CBP durante un período de tiempo más largo que el máximo establecido de 72 horas. Además, la Comisión ha recibido información preocupante de organizaciones de derechos humanos sobre los abusos sufridos por los niños durante su detención, incluyendo acceso insuficiente a comida y agua; hacinamiento y condiciones insalubres en celdas y centros de detención migratoria; la falta de mantas, colchones, ropa de cama limpia; además de más de cien denuncias de abuso físico, verbal y sexual por parte de los agentes en contra de las niñas y niños detenidos, los cuales fueron presentados en una denuncia presentada por organizaciones no gubernamentales contra el Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU."

"La Comisión recuerda a todos los Estados de la región que la detención de una niña o niño como consecuencia de su situación migratoria irregular representa una violación de los derechos del niño y siempre está en contra del principio del interés superior del niño...

El 19 de octubre de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó la Sentencia en el Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala, de 04sep12.

Este caso "se refiere a las cinco masacres perpetradas en contra de los miembros de la comunidad de Río Negro ejecutadas por el Ejército de Guatemala y miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil en los años 1980 y 1982, así como a la persecución y eliminación de sus miembros y las posteriores violaciones de derechos humanos en contra de los sobrevivientes, incluida la falta de investigación de los hechos..."

La Corte IDH aceptó el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por Guatemala, y admitió la excepción preliminar de éste consistente en la falta de competencia ratione temporis de la Corte para conocer de violaciones de derechos humanos anteriores a la aceptación de su competencia por parte del Estado guatemalteco.

A pesar de la constatación judicial de los hechos y del contexto de comisión de crímenes sistemáticos y a gran escala planificados y ejecutados desde el Estado, la CorteIDH, en el apartado titulado: "Solicitud de los representantes y de la Comisión para que los hechos se califiquen como 'genocidio' y 'crímenes de lesa humanidad'", concluye que "no tiene competencia para pronunciarse sobre una gran parte de los hechos y las violaciones de derechos humanas alegadas por la Comisión y los representantes" y que "no cuenta con los elementos pertinentes de hecho y de derecho para realizar" tal calificación.

Esta afirmación supone un claro retroceso respecto de la sentencia de la Corte en el "Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile", de 26sep06, en que, en un caso referido a la ejecución extrajudicial de una sola víctima, afirma que "[D]esde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 10 de marzo de 1990 gobernó en Chile un dictadura militar que ... atacó masiva y sistemáticamente a sectores de la población civil...", y concluye que "existe suficiente evidencia para razonablemente sostener que la ejecución extrajudicial cometida por agentes estatales en perjuicio del señor Almonacid Arellano... cometida dentro de un patrón sistemático y generalizado contra la población civil, es un crimen de lesa humanidad".

Sin embargo, en el presente caso, si bien "la Corte constata que las masacres de la comunidad de Río Negro se enmarcaron en un contexto sistemático de violaciones graves y masivas de los derechos humanos en Guatemala", a pesar de todo ello, considera el Tribunal que "no cuenta con los elementos pertinentes de hecho y de derecho" para entrar a calificar por crímenes contra la humanidad...

Precisamente es el no entrar en la calificación de crímenes contra la humanidad, que son imprescriptibles, lo que lleva a la Corte a dar su aquiescencia el Estado de Guatemala en un aspecto tan crucial.

Esta sentencia se aleja de la doctrina de la Corte en el caso Almonacid. La Corte recurre a un argumento falso doctrinalmente, como queda claro si se contrasta esta posición con el razonamiento que el juez Cançado Trindade hace acerca de la calificación de crímenes contra la humanidad empleada por la misma Corte en el caso Almonacid.

Esta sentencia no contribuye a consolidar la responsabilidad estatal por crímenes graves bajo el derecho internacional, como son los crímenes contra la humanidad, esto es, la responsabilidad estatal en la planificación y conformación de las estructuras de exterminio de población civil... Al concederle al Estado guatemalteco su "Oposición a que la Corte califique determinados hechos como genocidio o crímenes de lesa humanidad", también se le está permitiendo mantener la protección a los altos responsables en aplicación del principio de responsabilidad en base a la cadena de mando...

Esta sentencia marca pues un punto de inflexión en la doctrina anterior de la Corte en relación con los crímenes contra la humanidad...

El 19oct12 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ("CorteIDH", la "Corte", el "Tribunal") notificó la Sentencia en el Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala sobre excepción preliminar, fondo y reparaciones y costas.

Tal y como especifica la CorteIDH en el resumen oficial de su sentencia, el presente caso se refiere a las cinco masacres perpetradas en contra de los miembros de la comunidad de Río Negro ejecutadas por el Ejército de Guatemala y miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil en los años 1980 y 1982, así como a la persecución y eliminación de sus miembros, y las posteriores violaciones de derechos humanos en contra de los sobrevivientes, incluida la falta de investigación de los hechos.

Las masacres de Río Negro supusieron la muerte de casi 450 miembros de la comunidad como consecuencia directa de las operaciones militares de extermino, sin contar las víctimas de desplazamiento forzado, violaciones, tortura, o malos tratos, detenciones arbitrarias o ejecuciones extrajudiciales.

El caso tiene su origen en la petición presentada por la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces ("ADIVIMA") el 19 de julio de 2005 y fue remitido a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 30nov10.

Al entrar en el fondo, la Corte resume los hechos y su contexto general exponiendo que "La Comisión de Esclarecimiento Histórico (la "CEH") estimó que 'el saldo en muertos y desaparecidos del enfrentamiento armado interno [en Guatemala] llegó a más de doscientas mil personas', y que las fuerzas del Estado y grupos paramilitares fueron responsables del 93% de las violaciones a los derechos humanos cometidas... Dentro de este contexto tuvieron lugar las masacres de Río Negro."

"En la Sentencia la Corte aceptó el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por Guatemala, y admitió la excepción preliminar interpuesta por el Estado consistente en la falta de competencia ratione temporis de la Corte para conocer violaciones de derechos humanos sucedidas con anterioridad a la aceptación de competencia... [E]l Tribunal determinó que el Estado es responsable de la desaparición forzada de 17 miembros de la comunidad de Río Negro. Asimismo, la Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado por las consecuencias de las violaciones sexuales sufridas por una integrante de dicha comunidad por parte de militares y patrulleros, por la sustracción de 17 personas, 16 de ellos niños y niñas, de la comunidad de Río Negro durante la masacre de Pacoxom, y por haber sido posteriormente obligados a trabajar forzadamente en casas de patrulleros de las autodefensas civiles.

El Tribunal también consideró que las masacres cometidas contra la comunidad de Río Negro, aunado al desplazamiento de sus miembros y su reasentamiento en la colonia Pacux en condiciones precarias, entre otros, los imposibilitó regresar a su territorio y propició la destrucción de su es tructura social, la desintegración familiar, y la pérdida de sus prácticas culturales y religiosas, ..., lo cual ha impactado la vida colectiva de los miembros de la comunidad de Río Negro que hoy día todavía habitan en Pacux..."

El 4 de octubre de 2012, en horas de la tarde, una protesta pacífica de indígenas k'iches contra el alza de las tarifas eléctricas fue brutalmente reprimida por el Ejército y la Policía Nacional Civil, causando al menos seis muertos y más de treinta heridos de bala entre los indígenas...

La protesta fue organizada por indígenas pertenecientes a 48 cantones del departamento de Totonicapán, unos 170 km al oeste de la capital, la que bloqueó tramos de la carretera interamericana.

Las demandas principales eran rechazar el alza de la energía eléctrica por parte de la empresa inglesa Energuate (antes DEOCSA), rechazar las reformas constitucionales violatorias de los derechos indígenas y la reforma educativa del magisterio, que sólo tiene el propósito de seguir privatizando la educación.

El Consejo Político 13 Baktún emitió un comunicado a raíz de los hechos, manifestando su profundo y completo rechazo a la política de regreso al pasado de represión, masacres y control militar del actual Gobierno de Guatemala contra las Comunidades y las Autoridades de los 48 cantones de Totonicapán...

Instó también a la comunidad internacional a crear una comisión de observación permanente sobre los hechos de represión, militarización de regiones indígenas y persecución de los líderes comunitarios de Barillas, San Juan Sacatepéquez, Región del Polochic, Ixcán, Sayaxché, Petén, Izabal, Región Ixil y otras regiones del país...

La acción violenta de las autoridades se produce en el marco de un encuentro que sostendrían los representantes de los 48 Cantones con el comisionado para el diálogo, Miguel Ángel Balcárcel en vista de que el presidente de la República Otto Pérez Molina, no asistió al encuentro.

Los líderes de los 48 Cantones estuvieron en Casa Presidencial a la espera del gobernante, mientras el Ejército accionaba en contra de la población en el kilómetro 170 de la ruta interamericana.

El gobierno guatemalteco está encabezado por el ex general del Ejército de Guatemala Otto Pérez Molina, y las principales ocho carteras de su gobierno están en manos de militares retirados. Además, en la función pública se encuentran un gran número de militares egresados de los Kaibiles, un grupo de operaciones especiales dentro del ejército guatemalteco entrenado en lo que los manuales militares llaman lucha anti-insurgente, esto es, comandos de élite; los Kaibiles son tristemente célebres por las masacres que llevaron a cabo durante la guerra en Guatemala, entre ellas la de las Dos Erres en 1982...

Los hechos han sido condenados por numerosas organizaciones sociales y de derechos humanos guatemaltecas, que han solicitado al Gobierno de Guatemala proporcionar a las autoridades de la Procuraduría y de Ministerio Público toda la información relativa a los nombres de los funcionarios al mando de las unidades involucradas, el plan de operaciones, así como el detalle de las instrucciones transmitidas desde la ciudad capital tanto desde el Ministerio de Gobernación como de Defensa, hacia el lugar de los hechos...

En Guatemala, la violencia contra las mujeres privadas de liberdad a manos de agentes estatales es una práctica sistemática. El 72% de las mujeres en detención preventiva son víctimas de violencia. El 25 % de las mujeres detenidas en instalaciones policiales son sometidas a torturas. Sin embargo, ninguno de los casos recibe respuesta a su denuncia y salvo el caso de Doña Juana Méndez, expuesto en esta entrevista, ninguno ha llegado a ser investigado penalmente.

La respuesta del sistema de justicia a estos casos ha sido la impunidad; el 95% no ha sido investigado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado su preocupación al respecto, señalando la impunidad existente en los casos de violaciones a Derechos Humanos por agentes del Estado, entre los cuales se encuentra la Policía Nacional Civil, pero que incluyen también el organismo judicial y el ministerio público en la medida en que la falta de garantías judiciales y la vulneración del debido proceso suelen ir unidas a este tipo de casos.

Acerca de todo ello hemos entrevistado a Lucía Morán, del Programa Justicia Penal y Género del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG). Lucía nos habla sobre:

• La situación de violencia contra las mujeres en Guatemala, esbozando los principales aspectos de la problemática
• La violencia infligida por agentes estatales contra las mujeres privadas de libertad
• El caso de Dña. Juana Méndez como caso paradigmático
• Medidas adoptadas hasta el momento desde el Estado, y
• Propuestas desde la sociedad y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos

La fallida interpelación al ministro de Gobernación de Guatemala, Carlos Vielmann, iniciaba con cinco preguntas sobre un oscuro asesor venezolano asignado a su cartera de Estado: Víctor Rivera Azuejo, de 62 años, conocido en el argot policial como "Zacarías".

Su nombre operativo en Guatemala es "Frank" y es señalado por varias fuentes como miembro de uno de los grupos de extermino que operan en este país. Roxana Baldetti, jefa de bancada del Partido Patriota, aseguró que un vehículo asignado a este asesor, un Nissan Frontier placas 304CWY, ha sido utilizado en al menos dos casos de ejecuciones extrajudiciales y un secuestro...

Para la elaboración del cuestionario de interpelación de Vielmann, el partido de Pérez le puso nombre a ese "asesor": Víctor Rivera. Y ese hombre, venezolano y formado como investigador en la policía de ese país, llegó a Guatemala después de varios años de operaciones en El Salvador...

El ministro de Gobernación de Guatemala, Carlos Vielmann, anunció la destitución del jefe de la División de Investigación Criminal (DINC), Víctor Soto, y la renuncia del subdirector de investigaciones de la Policía, Javier Figueroa.

Los procedimientos de investigación de Soto y Figueroa -junto a Vielmann y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Erwin Sperisen- han sido ampliamente criticados después de que al menos seis elementos de la DINC asesinaran a tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y su chofer, el lunes 19 de febrero. Cuatro de los implicados fueron ejecutados seis días después mientras mantenían resguardo en la cárcel de El Boquerón.

"La Cofradía", "El Sindicato", "El Estado Mayor Presidencial (EMP)", las "Patrullas de Autodefensa Civil" y la "Red Moreno y el Grupo Salvavidas", son los cinco grupos armados clandestinos que dominan el crimen organizado en Guatemala, según la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

La ONG estadounidense sostiene que estos grupos están dirigidos, en su mayoría, por militares activos y retirados, inciden en el gobierno y actúan desde algunas estructuras estatales. Durante el conflicto armado (1960-1996) fueron elementos claves en la lucha contrainsurgente y en la postguerra se dedicaron a narcotráfico, comercio de armas y otros ilícitos.

Según WOLA, estas organizaciones forman una "red secreta y amorfa conocida como poderes ocultos, que ejercieron influencia en el gobierno de Alfonso Portillo y continúan operando durante la administración de Oscar Berger". "Sus actividades socavan el sistema judicial, valiéndose de sus conexiones políticas, la corrupción y la violencia", señala.

En su comunicado, las organizaciones firmantes declaran:

"No es ningún secreto el funcionamiento de aparatos clandestinos de seguridad que operan directamente vinculados al sistema de seguridad en Guatemala fortalecidos ante la falta de depuración en la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército.

Lo aparentemente novedoso es que dichos aparatos actúan en el esquema funcional y orgánico de tales instituciones, con el conocimiento, consentimiento y el amparo del gabinete de seguridad, integrado por los ministerios de Gobernación y Defensa, así como por la PNC.

Este extremo ha sido del conocimiento de diputados, exfuncionarios y precandidatos como Otto Pérez Molina y Alejandro Giammatei, quienes durante su desempeño guardaron silencio cómplice al respecto, mientras que ahora hacen denuncias públicas con fines electoreros.

Las policías de Guatemala y El Salvador confirmaron anoche el asesinato de los cuatro agentes acusados de la muerte de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y su chofer. Los policías fueron asesinados ayer por la tarde en el penal de máxima seguridad El Boquerón, ubicado en Culiapa, Santa Rosa, a 66 kilómetros de la capital guatemalteca.

El jefe de la investigación criminal (DINC) de la Policía de Guatemala, Víctor Soto, confirmó a las nueve de la noche la muerte de Marvin Langen Escobar Méndez, de 31 años; Luis Arturo Herrera López, 39; José Korki Estuardo López Arreaga, 29, y José Adolfo Gutiérrez, 37, todos miembros de la DINC. A esa misma hora en El Salvador el director de la Policía salvadoreña, Rodrigo Ávila, confirmaba lo mismo.

Los policías, capturados la mañana del jueves 23 de febrero, estaban acusados del asesinato de los diputados Eduardo D’Aubuisson, William Pichinte, Ramón González y del conductor Gerardo Ramírez, secuestrados y muertos el pasado lunes 19 de febrero en una finca a 35 kilómetros de Ciudad de Guatemala.

• 1) La creciente delincuencia común;
• 2) Las estructuras del crimen organizado y la narcoactividad;
• 3) La actividad incontrolable de maras/pandillas juveniles;
• 4) La acción de grupos privados que reprimen con violencia movimientos sociales, particularmente indígenas y campesinos; y
• 5) La acción de grupos de ciudadanos que, con o sin apoyo de aparatos y/o agentes estatales, se ocupa de eliminar de su entorno social a personas indeseables (limpieza social).

"Anualmente, casi seis mil seres humanos están perdiendo la vida a manos de otros seres humanos, quienes por diversas causas han alterado sus valores y principios. Son personas que -sin titubear- practican la crueldad y la saña para eliminar a sus semejantes, y así poco a poco se despojan de los rasgos de humanidad con que nacieron.

Más allá del análisis puntual sobre el comportamiento del Estado y sus autoridades para hacer frente a esta situación violencia, también debemos preguntarnos qué debemos hacer o qué estamos haciendo para frenar esa pérdida masiva de valores y de rasgos de humanidad...

Dicho acuerdo ha sido rubricado por Eduardo Stein Barillas, Vice Presidente de la República de Guatemala, y Juan de Dios García Xajil, en representación de la Coordinadora de Comunidades Afectadas. Por la Organización de Estados Americanos (OEA), en cuanto Facilitador Coordinador OEA-PCA, fue suscrito por Roberto Menéndez.

Sobre este tema, Radio Nizkor ha entrevistado a Juan de Dios García, Director de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achí (ADIVIMA), quien expone:

• Los hechos de Chixoy
• Los antecedentes de este acuerdo: la conformación de la Coordinadora de Comunidades Afectadas, el trabajo de la misma, y los intentos previos encaminados a que el Estado guatemalteco cumpliera con su obligación de reparación a las víctimas.
• El contenido del Acuerdo
• La situación de persecución judicial y de hostigamiento contra los activistas de derechos humanos y líderes comunitarios que defienden los intereses de las comunidades, ya que el propio Instituto Nacional de Electricidad (INDE), presentó en su día cargos contra varios de estos líderes.

En este contexto el 5 de septiembre de 2003 fue secuestrado por parte de miembros de la seguridad de la Finca Nueva Linda, en el Municipio de Champerico, Departamento de Retalhuleu, Héctor Reyes, líder campesino que trabajaba como administrador de la finca. El secuestro se habría producido por orden del finquero español Carlos Vidal Fernández... Después de poner las pertinentes denuncias y observar que el sistema de justicia no llevaba a cabo las investigaciones correspondientes los campesinos como medida de presión para reclamar justicia y que se investigue el caso toman la finca...

La sentencia del Tribunal Constitucional, de la que ha sido ponente el vicepresidente, Guillermo Jiménez Sánchez, analiza la interpretación "restrictiva" que, según los demandantes de amparo, efectúan la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo sobre el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial...

Tan "restrictiva" asunción de la competencia jurisdiccional internacional de los Tribunales españoles establecida en el artículo 23.4 de la LOPJ conlleva, según la Sala, 'una vulneración del derecho a acceder a la jurisdicción reconocido en el art. 24.1 CE como expresión primera del derecho a la tutela efectiva de Jueces y Tribunales'...

[S]eñala que la restricción basada en la nacionalidad de las víctimas 'incorpora un requisito añadido no contemplado en la ley, que además tampoco puede ser teleológicamente fundando por cuanto, en particular con relación al genocidio, contradice la propia naturaleza del delito y la aspiración compartida de su persecución universa, la cual prácticamente queda cercenada por su base'.