Para ello cuentan con una ingeniería jurídica promovida por un juez de primera instancia, Richar Ayza Salas, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia de Entre Ríos, quien sin notificación previa de ningún tipo, ni a la APG IG, ni a los guaranís afectados, promovió el congelamiento de las cuentas corrientes de la APG IG, ordenando a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (a la ASFI), que procediera al mismo, lo que este organismo hizo mediante una Carta Circular de fecha 25 de enero de 2016.

La ingeniería jurídica en cuestión consiste en la utilización de actas que falsifican procedimientos asamblearios fuera de los usos y costumbres, nombrando autoridades y destituyendo otras, actas que después protocolizan ante notario público, quien firma la escritura sin verificar ni los poderes ni los estatutos que rigen la APG IG. Con este tipo de documentos presentaron después una Acción Popular, la cual fue aceptada a trámite siendo que el juez que la resuelve no es competente para ello y lo hizo además sin llevar a cabo verificación alguna, disponiendo además el congelamiento de las cuentas bancarias, todo ello ANTES de notificar a los afectados y ANTES de proceder a la audiencia que convocó para el 28 de enero de 2016 y que fue después postergada al 3 de febrero.

El efecto inmediato de esta actuación arbitraria, es que la APG IG se ve obligada una vez más a suspender el programa de salud que beneficia a unos 6.000 guaranís, el programa educativo (lo que afecta básicamente a la alimentación de los centros educativos situados dentro de la TCO Itika Guasu), el de produccción agropecuaria (la suspensión provoca el impago de los insumos utilizados en esta campaña 2015 - 2016 y la imposibilidad de mantener los sistemas de almacenamiento de cereales existentes en silos propiedad de la APG IG) y el impago se sueldos de personal...

Ante estos hechos, la APG IG convocó a una rueda de prensa el 2 de febrero, en la ciudad de Tarija, junto a los abogados encargados de su defensa en este caso, la abogada de La Paz, Dra. Vásquez Brölen y el ex Magistrado del Tribunal Constitucional y abogado ejerciente en Sucre, Marco Antonio Baldivieso Jinés, quienes explicaron además que se presentó ante la fiscalía de Tarija una denuncia penal en contra el juez Richar Ayza Salas por los delitos de Incumplimiento de deberes, del art. 153 del CP, y por entender que ha emitido "resoluciones contrarias a la constitución y las leyes".

Este Decreto fue promulgado con el objetivo de modificar otro anterior, el 29033 de 16feb07, que contiene el Reglamento de Consulta y Participación para Actividades Hidrocarburíferas. Si bien aspectos esenciales de ese Decreto de 2007 eran también inconstitucionales y contrarios al derecho a consulta, el nuevo Decreto atenta de manera aún más grave contra los derechos indígenas.

La acción presentada ante el Tribunal Constitucional busca que se declarare la inconstitucionalidad total del D.S. 2298 de 18mar15, y específicamente de los Arts. 2 y 3 y la Disposición Final Única, por ser flagrantemente contrarios a los arts. 2, 8.I. II, 9.1 y 2, 14.II, 343, 352 y 410; 30.II.2 y 15, y 352 de la Constitución Política del Estado; a los arts. 3, 5, 6 y 8 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y a los arts. , 18, 19 y 40) de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como la interpretación del Derecho a la Consulta realizada por las STC 2003/2010 y 300/2012 y las de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al explicar cómo el D.S. que se impugna vulnera estos derechos, la acción de inconstitucionalidad es una radiografía de cómo las políticas gubernamentales violentan a los pueblos indígenas y de qué forma se ejerce el abuso de poder contra los mismos. Fundamenta la misma que el decreto impugnado es inconstitucional tanto en la forma (una norma de rango inferior no puede contradecir otro de rango superior, y menos aún regular derechos fundamentales) como en el fondo (violación del contenido del derecho a consulta a los pueblos indígenas originarios).

Al ser su propósito -su objeto- contradictorio con el contenido constitucional, todo el contenido del D.S. 2298/2015 atenta contra la Supremacía, Jerarquía, Legalidad, Seguridad Jurídica y Reserva Legal, previstas por la Constitución boliviana.

"Al imponer unilateralmente plazos y procedimientos propios de la jurisdicción occidental liberal y colonial, omitiendo.. (los) usos y costumbres propios de la Jurisdicción Indígena, se coartaría el deber constitucional de llevar adelante la consulta plural, horizontal." "Al imponer plazos perentorios cuyo vencimiento ocasiona la exclusión de los Pueblos Indígenas Originarios del proceso de consulta... se atenta contra la Consulta libre como garantía de autodeterminación y autogobierno." "Al otorgar a la Autoridad Competente potestades superiores y anticonstitucionales que le permiten dirigir la Consulta y subordinar la participación indígena... se atenta directamente contra el valor, principio y derecho a la igualdad, contrariando también la Consulta de buena fe, participativa y consensuada."

Parte del territorio del nuevo distrito peruano incluye el triángulo territorial de 37.610 metros que ambos países consideran como propio según las distintas interpretaciones que dan tanto al tratado de Lima de 3 de junio de 1929, como a la sentencia pronunciada en 2014 por la Corte Internacional de Justicia en relación con esta disputa marítima.

Las tensiones diplomáticas comenzaron el pasado 04nov15 con la llegada de un contingente militar peruano a la línea fronteriza conocida como "Hito 1" o Línea de Concordia entre ambos países. El ministro del Interior de Chile, Jorge Burgos, declaró que los militares no ingresaron al territorio chileno, pero la situación generó malestar en el gobierno de este país.

Por otro lado, la operación Huracán 2015, en cuyo marco el ejército chileno realizó prácticas militares en la región de Iquique (al Norte), generó repercusiones en Perú.

La definición de la frontera fue pactada en el Tratado de Lima de 1929, donde se trazó la Línea de Concordia o Hito 1. Según este Tratado, el territorio de Tacna y Arica fue dividido en dos partes. Tacna para el Perú y Arica para Chile. La línea divisoria entre dichas partes y, en consecuencia, la frontera entre los territorios del Perú y de Chile, partiría de un punto de la costa que se denominó "Concordia"...

La Corte Internacional de Justicia, en su fallo de 2014, determinó el trazado de la frontera marítima entre las Partes sin precisar las coordenadas geográficas exactas, esperando de ellas que procedieran a determinar estas coordenadas de conformidad con la decisión de la Corte y en un espíritu de buena vecindad.

Pero a las tensiones diplomáticas que se acentuaron con la llegada de un contingente militar peruano a la Línea de Concordia entre ambos países y las ejercicios militares chilenos al Norte del País, denominados Huracán 2015, se ha incorporado también Bolivia.

El presidente boliviano Evo Morales criticó los ejercicios militares de Chile y consideró que Chile intenta "intimidar" a su país y a Perú, algo que consideró "un gran error".

Conviene recordar asimismo que, en 2013, Bolivia presentó ante el mismo tribunal internacional una demanda contra Chile que obliguara a este país a negociar de buena fe una salida de Bolivia al océano Pacífico. La Corte se declaró competente el pasado 24 de septiembre para conocer del litigio.

El 12 de noviembre de 2015 el presidente Evo Morales reveló que en su gira por Europa la canciller de Alemania, Angela Merkel, le recomendó, en una reunión privada, que el papa Francisco interviniera en la solución marítima. Además emplazó a Chile a presentar una propuesta escrita si quiere reanudar el diálogo.

Il s'agit d'une première en Amérique latine, car l'APG IG a négocié sur un pied d'égalité avec les entreprises et parce qu'avec ce qu'elle a reçu, l'APG IG a constitué un fonds d'investissement avec pour objectif l'amélioration des conditions de vie des Guaranis de la TCO Itika Guasu. Grâce à ce fonds l'APG IG a mis sur pied le programme sanitaire "Famille saine d'Itika", dont ont bénéficié depuis 2011 6.232 patients... Plus de mille hectares de maïs ont été mises en production et l'alimentation des internats de la TCO a été prise en charge pour ainsi améliorer la nutrition infantile...

Mais jusqu'à aujourd'hui, en raison de préjugés qui n'ont d'autres explications logiques que le racisme, ce pouvoir de décision de l'APG IG a été la cible d'attaques de la part du gouvernement national et surtout du ministère des Hydrocarbures, dont les fonctionnaires sont parvenus à bloquer les comptes de l'APG IG, occasionnant de nombreux dommages irréversibles, y compris la perte de vies humaines... Cette opération a été menée à l'aide du sous-gouverneur de la Province de O'Connor, Walter Ferrufino, qui appartient à l'extrême-droite locale de type réactionnaire et raciste sur laquelle le gouvernement s'appuie à Tarija.

Walter Ferrufino Gaite emploie un groupe d'une vingtaine de personnes qui a pour objectif de harceler les organisations guaranis en employant des méthodes mafieuses : fausses accusations, menaces, intimidation, extorsion et cooptation forcée. Pour parvenir à leur fin illégale, ils instrument plusieurs types de faux documents avec lesquels, grâce au soutien que leur apportent des avocats faisant eux-aussi partie du groupe, ils prétendent usurper la personnalité juridique des organisations et de leurs dirigeants. Cela fut la tactique employé pour obtenir le blocage ilégal des comptes bancaires de l'APG IG de la part de l'Autorité de supervision du système financier (ASFI). Ce blocage dura six mois, jusqu'à ce que les services juridiques de l'APG IG réussissent à l'annuler.

Acheter les gens, avec de l'argent également de provenance douteuse, fait partie de la stratégie du ministère des Hydrocarbures visant à supplanter les autorités légitimes et légales de l'APG IG, et non seulement de celle-ci, mais également d'autres peuples guaranis. Prenons comme exemple l'attaque réalisée par les membres de cette association illicite au siège du Conseil des capitaines guaranis de Tarija en octobre 2014, ou la récente attaque lancée par les forces de l'ordre contre les autochtones de la TCO Takovo Mora, également Guaranis, qui avaient entamé un blocage des routes après ne pas avoir été consultés sur les explorations pétrolières de l'entreprise publique YPFB sur leur territoire. Ils demandent également au gouvernement la dérogation d'au moins trois décrets qui autorisent l'exploration sur les territoires sans respecter le droit à la consultation...

L'objectif ultime était l'arrestation des dirigeants autochtones, comme le prouve le fait que des effectifs policiers pénétrèrent dans les habitations de la communauté de Yateirenda, après que les policiers ont débloqué la route.

La question de fonds relève une fois de plus de la propriété des autochtones sur leurs territoires ancestraux ...

Mais le mécanisme le plus pervers de démantèlement des organisations autochtones consiste cependant à nommer de faux dirigeants et à falsifier des documents en vue de faire valoir ces nominations auprès de diverses instances. Ces falsifications ont touché toutes les APG du département de Tarija ainsi que le Conseil de capitaines de Tarija.

C'est pour cette raison que l'APG IG et les autres organisations guaranis demandent aux fonctionnaires de YPFB et du ministère des Hydrocarbures d'arrêter de financer de manière irrégulière et illégale des organisations parallèles aux leurs.

El caso de la APG IG es único en América Latina porque negoció en pie de igualdad con las empresas y porque con lo percibido se constituyó y se está gestionando un Fondo de Inversión vinculado a la mejora de las condiciones de vida de los guaranís de la TCO Itika Guasu. Con cargo al mismo se ha implementado el Programa de Salud "Familia Sana Itikeña", que desde el inicio del funcionamiento del Fondo ha atendido a un total de 6.232 pacientes... Tambié se han puesto en producción más de 1.000 has. de maíz y se ha absorbido el suministro de alimentos a los internados de la TCO para mejorar la nutrición infantil...

Pero hasta el día de hoy, por prejuicios que no tienen otra explicación lógica que el racismo, esta determinación de la APG IG ha sido blanco de ataques del propio Gobierno nacional, y, especialmente, del Ministerio de Hidrocarburos, cuyos funcionarios lograron bloquear las cuentas de la APG IG, ocasionando numerosos daños irreversibles, entre los que se encuentran la pérdida de vidas humanas y de seguridad alimentaria... Para ejecutar esta operación, Hidrocarburos contó con el entonces Ejecutivo Seccional y ahora subgobernador de la Provincia de O'Connor, Walter Ferrufino Gaite, perteneciente a la ultraderecha de corte reacionaria y racista en la que el Gobierno boliviano se apoya en esta zona.

Walter Ferrufino mantiene un grupo de unas 20 personas contratadas desde hace al menos dos años, que tiene como finalidad el acoso de las organizaciones guaranís con métodos claramente mafiosos, tales como: incriminaciones falsas y simulación de casos penales, amenazas, intimidación, extorsión y cooptación forzosa. Para conseguir su ilegal finalidad instrumentan todo tipo de documentos falsos con los que pretenden usurpar la personalidad jurídica de las organizaciones y de sus dirigentes. Ésta fue la táctica empleada para que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ilegalmente, bloqueara las cuentas de la APG IG... Al cabo de seis meses los servicios jurídicos de la APG IG lograron el desbloqueo de las mismas y, desde entonces, la organización intenta recomponer sus programas de desarrollo.

La compra de voluntades, con dinero de dudosa procedencia, forma parte de la estrategia del Ministerio de Hidrocarburos de cara a suplantar las autoridades legítimas y legales de la APG IG, y no sólo de la APG IG, sino también de otros pueblos guaraní, tanto del Departamento de Tarija, como en Chuquisaca y Santa Cruz...

En realidad, estamos asistiendo a una estrategia de acoso y derribo de los guaranís de Bolivia. Sirva de ejemplo el asalto que los miembros de esta asociación ilícita hicieron a la sede del Consejo de Capitanes guaraní de Tarija en octubre de 2014... o el reciente ataque a los indígenas de la TCO Takovo Mora, que organizaron un bloqueo de carreteras ya que no fueron consultados sobre las exploraciones hidrocarburíferas que la estatal YPFB lleva a cabo en su TCO. Piden también al Gobierno la derogación de al menos tres decretos firmados por el Presidente Evo Morales y que atacan los derechos indígenas, principalmente el derecho a consulta, y la propia Constitución.

El pasado martes 18ago15 la Policía rompió el bloqueo que mantenían en Yateirenda, deteniendo a 26 personas, la inmensa mayoría indígenas, entre ellos al menos 4 menores... Los guaranís denunciaron uso desproporcionado de la fuerza, destrucción deliberada de objetos y vehículos, irrupción en domicilios... El objetivo, según testimonios directos, era la detención de los dirigentes indígenas.

La cuestión de fondo es una vez más la de la propiedad indígena sobre las tierras que ocupan ancestralmente, siendo la finalidad última conseguir despojar a los guaranís de sus territorios... Y es en este contexto en el que ha de analizarse la reciente decisión del Presidente Evo Morales de excluirles del nuevo Fondo Indígena. Otra decisión que forma parte de la estrategia gubernamental contra las organizaciones guaranís y sus dirigentes.

Pero el mecanismo más perverso de desmantelamiento de las organizaciones indígenas consiste en el nombramiento de supuestos dirigentes y la falsificación documental de cara a hacer valer esos nombramientos ante diversas instancias. Estas falsificaciones han afectado a todas las APGs del Departamento de Tarija y al Consejo de Capitanes de Tarija...

Por eso desde la APG IG y desde las restantes organizaciones guaranís se pide que los funcionarios de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos dejen de financiar en forma irregular e ilegal a organizaciones paralelas a sus organizaciones.

Horas antes, los comunarios habían bloqueado la carretera Yacuiba-Santa Cruz para demandar una consulta previa para los trabajos de la estatal YPFB, en esa región. Ellos representan a una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) y están respaldados con los decretos 2298, 2195, 2366 y 2368. No obstante, como ocurriera en Chaparina, la ley parece no importar, el diálogo mucho menos. La violencia, teñida de soberbia, es la solución.

La cuestión se agravó debido a que se rechazó en las listas del MAS ("Movimiento al Socialismo”) a todos los representantes indígenas elegidos por los respectivos ampliados y/o por usos y costumbres. Evo Morales prometió el reemplazo del Ejecutivo Seccional de la Provincia O'Connor, Walter Ferrufino y el fin de la política de kapangas (o jefes de las estructuras paralelas creadas por el Gobierno) que afecta a todas la comunidades, pero especialmente a la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu (APG IG).

Son pasadas las siete de la noche de esa jornada. La carretera está expedita. Los reclamos de los guaraníes se silencian y la impotencia derrama lágrimas. Además, la suerte no está de su lado. Precisamente, esa misma velada, ocurriría un acontecimiento a varios kilómetros de distancia, vinculado con una muerte poco clara, la de una mujer. Evento que cooptó el interés de la ciudadanía, de los periodistas y de las autoridades. Y ellos, los de Takovo Mora, invisibles, como sus ancestros, los de Kuruyuki. Por ello, hoy quisiera reflexionar sobre el pueblo guaraní y su histórica marginación.

Los guaraníes son el tercer grupo indígena más grande de Bolivia. Son nativos de la región del Chaco... En nuestro país, fueron desposeídos de sus propias tierras por invasores criollos, durante la expansión latifundista del siglo XIX. Fue en aquél entonces, en 1892, que ocurriría una de las grandes tragedias para este pueblo: Kuruyuki.

El artículo que reproducimos en audio apareció el 21 de agosto de 2015 en Los Tiempos de Cochabamba, y dice así:

"Los potosinos me dan risa, me da risa Potosí, su historia y su realidad...

Comparto la risa por los salarios ensangrentados de los mineros para construir la carretera a Santa Cruz. ¡Qué tontos! No se dieron cuenta que por la misma vía saldrían como mendigos para buscar un cato, una construcción, un minibús.

Dibujé una sonrisa al ver la foto de la niña Santa Apolonia con sus pies quemados por recorrer el hielo desde su amada Quetena Grande llevando el cuerpo sin mortaja de su hermanita. ¡Qué tonta! No tener dinero para ir en su avioncito, como aconseja aquel que no quiere darle un aeropuerto...

Me río de los contagiados con VIH deambulando por Llallagua donde sólo una monja los socorre. Me río de los ayllus en Macha que aún sueñan volver a ser grandes productores de trigo. Me río de esas criaturas laimes con daños cerebrales que ya no tienen el centro donado por parroquias europeas. Me río de los de Chaqui y su índice de pobreza del 95,64 por ciento y los de Tacobamba porque sólo el nueve por ciento accede al agua y los de Pocoata que gozan de la mucha inversión y ahora ya más del uno por ciento accede a la electricidad.

Tras la reunión mantenida entre el Presidente y estas organizaciones en La Paz a fines de noviembre de 2014, se llegó a una serie de acuerdos, básicamente de reconocimiento de las autoridades por usos y costumbres y la creación de una comisión para analizar las cuestiones pendientes. Ambas propuestas fueron realizadas directamente por Evo Morales, quien no ha cumplido ninguna de ellas, provocando una gran decepción en los guaranís y en sus organizaciones.

La cuestión se agravó debido a que se rechazó en las listas del MAS ("Movimiento al Socialismo”) a todos los representantes indígenas elegidos por los respectivos ampliados y/o por usos y costumbres. Evo Morales prometió el reemplazo del Ejecutivo Seccional de la Provincia O'Connor, Walter Ferrufino y el fin de la política de kapangas (o jefes de las estructuras paralelas creadas por el Gobierno) que afecta a todas la comunidades, pero especialmente a la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu (APG IG).

No sólo no procedió de tal modo, sino que Evo Morales en persona integró en las listas del MAS a Walter Ferrufino Gaite y al Ejecutivo Seccional de Villamontes, Rubén Vaca Salazar, ambos racistas declarados y provenientes de partidos políticos de extrema derecha. En el caso de Walter Ferrufino la designación directa por parte de Evo Morales fue necesaria porque su candidatura no fue aprobada por ninguno de los ampliados (o asambleas generales) realizadas en Entre Ríos (capital de la Provincia de O'Connor), además de no haber obtenido ningún voto en la asamblea donde se decidió el candidato a gobernador para el Departamento de Tarija.

Como han informado los propios diarios tarijeños, todos los integrantes de la lista del MAS de Tarija provienen de partidos de clara connotación racista y de ultraderecha, principalmente del partido fundado por el Dictador y General golpista Hugo Bánzer, la Acción Democrática Nacionalista (ADN), después reconvertido en el partido Poder Democrático y Social (PODEMOS), con Jorge Tuto Quiroga, ex vicepresidente por la ADN, como líder.

De este modo, se da la circunstancia de que las fuerzas más reaccionarias y racistas son las que representan al MAS por expresa decisión del presidente Evo Morales.

Mientras tanto, se mantiene la persecución judicial a través de las fiscalías en contra de los indígenas y disidentes campesinos del MAS, promoviendo falsas incriminaciones y amenazas... Estas acciones han llegado incluso al asalto y robo de documentación del Consejo de Capitanes de Tarija en forma reiterada, acto dirigido por Abraham Espinoza, kapanga que cuenta con el apoyo financiero de la Gobernación de Tarija a través de Roberto Ruiz Bass Werner.

Roberto Ruiz Bass Werner es Secretario Ejecutivo de la Gobernación de Tarija... En las elecciones de 2005 fue candidato a senador por PODEMOS y fue además el presidente del Comité Cívico secesionista de Tarija, integrando un grupo denominado “Dignidad”, de donde surge también el actual candidato a Gobernador de Tarija por el MAS, Carlos Cabrera.

El problema más serio en su carrera lo ha provocado la firme posición de los indígenas guaranís de Bolivia, integrados en la APG Nacional y que han sido apoyados por la CIDOB y otras organizaciones indígenas, con relación a su campaña racista en contra de la organizaciones indígenas del Departamento de Tarija y especialmente el ataque sistemático en contra de la APG IG.

Esta posición de los guaranís fue liderada por el diputado indígena guaraní Jacinto Vega y por Melva Hurtado en representación de la CIDOB, quienes informmaron al presidente Evo Morales del comportamiento racista del subgobernador y de su incompatibilidad con las organizaciones indígenas, especialmente por la promoción de direcciones paralelas en todas las organizaciones indígenas del Departamento de Tarija, a lo que se suma una campaña de acoso y criminalización judicial mediante falsas denuncias promovidas por fiscales claramente cooptados por el subgobernador...

Otro de los problemas insolubles al que se enfrenta el Subgobernador es el de las sospechas de corrupción que pesan sobre él, y que le habría permitido amasar una fortuna en sólo cuatro años de gobierno. Esta riqueza mal obtenida le permite disponer de fondos para comprar voluntades, corromper funcionarios, operadores de justicia y crear una red clientelar subordinada a sus intereses y caprichos al mejor estilo de un hacendado esclavista de los que fueron la estructura política de poder en el Chaco.

Pero con ser todos estos antecedentes de importancia a la hora de promocionar su candidatura a Gobernador, hay otros aspectos relacionados con el delito y que han merecido investigación policial, aunque su influencia ante la Fiscalía Departamental ha logrado paralizar la continuidad de las investigaciones...

Por último, y para cerrar el dossier de Walter Ferrufino, está su relación pública con narcotraficantes y personas relacionadas con el comercio ilegal, tanto en Palos Blancos como en Entre Ríos, lo que lo ha hecho sospechoso de participar en este tipo de operaciones ilegales o, por lo menos, darles cobertura...

El accionar racista de Walter Ferrufino al bloquear las cuentas de la APG IG ha impedido la continuidad del programa de salud que presta, entre otros servicios, atención médica a enfermos graves así como la compra de medicamentos. Este bloqueo ha acelerado y/o provocado al menos nueve muertes en el último mes y medio. >Otro de los graves perjuicios provocados a la APG IG por el accionar de Walter Ferrufino ha sido la imposibilidad de financiar la campaña de siembra de las aproximadamente 1.000 hectáreas que la organización indígena ha logrado poner en explotación en los últimos tres años por medio de recursos propios.

La participación activa de Justino Zambrana Cachari en dicha campaña racista no tiene nada de extraño si atendemos a los antecedentes de su singular actuación:

- La candidatura de Justino Zambrana Cacahari a Asambleísta Departamental se realizó en violación de los usos y costumbres indígenas y fue impugnada en su día por la APG IG ante la jurisdicción electoral...

- En julio de 2012 la APG IG solicitó al señor Justino Zambrana que defendiera a su pueblo ante el accionar racista de Walter Ferrufino y que actuara frente a las graves irregularidades en torno al Programa Solidario Comunal Departamental (PROSOL) de Tarija que denunció la APG IG. No hizo ni lo uno ni lo otro.

- Justino Zambrana presidía una organización civil del tipo ONG, del todo ajena a las formas de representación conforme a usos y costumbres vigentes en la TCO Itika Guasu y no una organización indígena. La APG IG ha podido constatar documentalmente que el denominado "Consejo de Capitanes de Tarija" no basa su estructura en los usos y costumbres del derecho indígena, sino que se trataba simplemente de una organización sin fines de lucro inspirada en el Código Civil, pero que ha servido para suplantar la legítima representación indígena en las instituciones departamentales.

- La única Ley que propuso el señor Justino Zambrana no fue consultada con los guaranís a los que afectaba directamente. Don Justino propuso y consiguió que se promulgara la Ley No. 75 de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija ("Ley del Arete Guasu"), de febrero de 2013. Una vez más, lo hizo sin cumplir con el preceptivo derecho a consulta del pueblo indígena concernido y representado por la APG IG. Tal ley sustrae además la celebración de una fiesta tradicional del pueblo Itika Guasu de su ámbito de decisión y la deja fuera de su tradición. En lugar de fortalecer al pueblo guaraní fortalece a los Ejecutivos Seccionales. Su implementació ha servido hasta el momento para que los señores Walter Ferrufino y Justino Zambrana intenten suplantar las autoridades indígenas legítimas...

Es doloroso que para la campaña racista implementada por Walter Ferrufino Gaite en contra la APG IG sea un indio el que se preste instrumentalmente a apoyarla.

Al parecer la historia del pueblo guaraní quiere repetirse, ya que no debemos olvidar que Apiguayki Tumpa no pudo ser derrotado por el ejército de los karais en el combate; para derrotarlo tuvieron que recurrir a sus propios hermanos guaranís, que lo entregaron.

La declaración está también motivada por el comportamiento del asambleísta departamental de origen indígena, Don Justino Zambrana Cachari. En ella las organizaciones firmantes afirman que "[D]ebido a que está en el final de su mandato no es posible presentar este repudio ante la justicia electoral, pero deseamos hacer pública nuestra posición para general conocimiento advirtiendo al señor Justino Zambrana Cachari que consideramos su actuación como una falta muy grave a nuestros usos y costumbres", y recomiendan a todas las organizaciones guaranís "tomar las medidas necesarias para que el mencionado Justino Zambrana Cachari no continúe con sus actividades en representación de nuestro pueblo".

Respecto del Subgobernador de O'Connor, Walter Ferrufino, las organizaciones indígenas expresan su manifiesto rechazo a la actuación del mismo y a la creación de una "dirección alternativa" a las autoridades legítimas y legales de la APG IG llevada a cabo por éste. Afirman que "desde la autoridad indígena originaria de la que estamos investidos rechazamos por contrario a nuestros usos y costumbres al grupo dirigido por Hugo Arevayo, quien además es funcional al mencionado subgobernador, llamando a todas las organizaciones guaranís a desconocer a los mismos, respaldando todas las medidas tomadas por la APG IG en aplicación de la jurisdicción indígena originaria en defensa de los intereses del pueblo guaraní de la TCO Itika Guasu".

En realidad, Walter Ferrufino no es más que el síntoma de la mayor y más grave enfermedad social que sufre Bolivia y que es el racismo, enfermedad antropológica provocada por la colonización española y que más de 500 años después sigue haciendo estragos en la sociedad boliviana...

En la APG IG se recibieron decenas de denuncias sobre la actividad racista desplegada por Walter Ferrufino en diferentes comunidades de la TCO IG. Numerosos Mburuvichas han explicado con todo detalle las actividades del que podríamos llamar "grupo de tareas racista" que ha creado la Subgobernación, donde se realizan las reuniones de coordinación y se preparan las tareas de todos los que están contratados para ello (unos 18 entre técnicos y capangas).

La tarea básica es difamar a la APG IG y especialmente al Directorio. Para ello sirve cualquier argumento por disparatado que sea. Utilizan la intimidación, las amenazas y cualquier tipo de acción como, por ejemplo, tratar de contratar a familiares de los dirigentes del Directorio ofreciéndoles "sueldos" a cambio de que "hablen mal" de sus hermanos, maridos o padres...

La Asamblea General de Mburuvichas está informada de estos extremos. Tanto es así que los pasados 27 y 28 de febrero, resolvió por unanimidad tomar las medidas más graves que existen en los usos y costumbres y expulsar de la APG IG y de la TCO Itika Guasu al núcleo duro de este "grupo de tareas" racista.

Never Barrientos es el presidente de la APG IG y se ha especializado en derecho indígena, lo que le ha dado al Directorio de la APG IG una autonomía grande en cuanto a la comprensión de sus derechos. Este hecho lo ha convertido en la bestia negra de Walter Ferrufino. Entre otras razones porque el padre de Never Barrientos fue esclavo de la familia Ferrufino y en su imaginario racista le resulta insoportable que Never Barrientos haya tenido éxito en organizar sistemáticamente a la APG IG, dotándola de servicios y de un proyecto de futuro que es único en Bolivia y, en algunos aspectos, único en América Latina.

Never Barrientos se formó y estudió bajo la dirección del Equipo Nizkor con la misma metodología que este equipo usa para formar abogados de post grado... El Equipo Nizkor no es una ONG de desarrollo, sino que usa en su trabajo las mismas herramientas y logística que una organización de asesoramiento jurídico-financiero y no necesita estar físicamente en Bolivia...

En lo referido al Fondo de Inversión, éste es propiedad de la APG IG y está administrado por el Banco de Brasil. La supervisión de este tipo de instrumento financiero es exhaustiva, tanto por parte de la autoridad bancaria, como por las políticas de control de lavado de dinero. La gestión del fondo está en manos del Consejo de Sabios, que es una institución guaraní, histórica, de usos y costumbres. Los integrantes han sido elegidos por una Asamblea General de Mburuvichas en 2010... Obviamente, son ampliamente conocidos por todas las autoridades guaranís y afirmar lo contrario es sólo un desatino para difamar la organización indígena.

Así que todas las afirmaciones de los integrantes de este "grupo de tareas racista" son falsas de pura falsedad y no tienen más soporte que la campaña racista de Walter Ferrufino, que parte del supuesto de imaginar que "los otros" harían lo mismo que él hace con los fondos públicos... Las informaciones hechas públicas por el diario "El País" de Tarija son totalmente absurdas e intencionadas y sólo buscan producir daño a los indígenas guaranís.

Estas declaraciones hacen parte de una campaña organizada desde el puesto oficial que ocupa el protervo Walter Ferrufino, y en la que está utilizando personal contratado exclusivamente para ella.

En concreto, el Ejecutivo Seccional ha contratado unas 18 personas como capangas que destina a visitar todas las comunidades que pertenecen a la APG IG y con la finalidad de promover la destitución del Directorio y conseguir la mayoría necesaria para la "derogación" (sic) del Estatuto de la organización que fue aprobado el pasado año con el voto unánime de las 36 comunidades históricas que integran la APG IG.

Para ello además ha adquirido numerosas camionetas (aproximadamente unas diez) para poder movilizarse a través del extenso territorio de la TCO Itika Guasu con la declarada y pública intención de fracturar la organización y conseguir su disolución.

En cuando a su declaración sobre la contaminación que provoca la explotación petrolera, es obvio que la APG IG no tiene ninguna autoridad ambiental y que además las operaciones de Repsol Bolivia SA están supervisadas regularmente por las autoridades de YPFB...

Hay que decir además que el Convenio firmado por la APG IG con Repsol Bolivia SA prevé un sistema de auditorías ambientales y que al final del contrato de explotación (cuya duración es de 30 años) la tierra debe volver a su estado inicial.

Los capangas contratados por Walter ferrufino promueven reuniones de indígenas donde pagan 400 bolivianos a los que asisten a la reunión y reciben otros 400 bolivianos si aceptan promover la campaña racista cuya finalidad es destituir al Directorio y conseguir el apoyo del 51 por ciento de los Mburuvichas comunales para anular el Estatuto orgánico de la APG IG.

De esta manera se concretaba una obra proyectada bajo el Gobierno departamental precedente y que luego fue continuada por la actual Gobernación bajo la batuta de Bass Werner y de los técnicos del Servicio Departamental de Caminos (SEDECA), quienes prepararon un Documento Base de contratación ocultando que la carretera pasaba por territorio de propiedad indígena, negaban la existencia de población indígena y agregaban una lista de personas que tendrían el derecho propietario. Información toda ella manifiestamente falsa.

El 26mar13 la APG IG envió una carta notarial al Director Regional de ABC, Ing. Marcelo Sosa, recordándole sus obligaciones legales y que el proyecto debería pasar por la consulta previa a la APG IG, dado que ésta es la propietaria legal y legítima de la Tierra Counitaria de Origen (TCO) Itika Guasu.

Ante esta carta, Marcelo Sosa hacía una declaración a la prensa para explicar que SEDECA Tarija no había advertido de que parte del trazado discurre por territorio indígena y que, en consecuencia, se imponía la consulta previa.

El envío de la mencionada carta a ABC provocó una violenta reacción del protervo Walter Ferrufino, Ejecutivo Seccional de la Provincia O'Connor, y de Roberto Ruiz Bass Werner, Secretario Ejecutivo de la Gobernación de Tarija, reacción que encontró difución en los medios de prensa de Tarija, especialmente el diario racista "El País", que publicó un artí el 01may13 con informaciones manifiestamente falsas y de clara intencionalidad racista.

El origen de tal reacción es que tanto Walter Ferrufino como Bass Werner tenían conocimiento de que ABC había resuelto anular el llamado a licitación preparado ilegalmente por la Gobernación y SEDECA, para de este modo dar cumplimiento a la Sentencia Constitucional 2003/2010-R. Es de destacar que ni este protervo funcionario ni la Gobernación han dado cumplimiento a dicha sentencia y han manifestado pública y privadamente que nunca lo van a hacer. De hecho, Walter Ferrufino se haya imputado por el delito de desacato a sentencia constitucional e incumplimiento de deberes...

El punto principal del acuerdo alcanzado es el reconocimiento del derecho de propiedad de la APG IG sobre la TCO IG. Esto es consecuencia directa de dar cumplimiento a la Sentencia Constitucional 2003/2010-R, gracias a lo cual la organización indígena originaria APG IG dio el consentimiento para el proyecto.

La solución jurídica propuesta por la APG IG es conceder, mediante un contrato, el usufruto del terreno necesario para la carretera que se quiere asfaltar... Como parte de la mitigación de los daños ambientales pendientes de determinación, se incluirá en el Pliego la construcción de un complejo multifuncional con el propósito de precautelar la seguridad vial. Este complejo pasará a propiedad de la APG IG, siendo el primero de ese tipo que se construirá en Bolivia. Todo ello se verá complementado con otras instalaciones auxiliares (principalmente balanza electrónica para tara de camiones, unidad de control de alcoholemia y gasolinera). A diferencia de lo afirmado en medios periodísdicos, el precio para perfeccionar el contrato, cuyo período de duración se establece en 100 años, es de 1 (un) boliviano por año del mismo, o sea, de cien bolivianos a valor de 2014.

Con ello, quienes tienen que ser auditados, o sea, los responsables de administrar Prosol -el Gobernador Condori y el o los directores de Prosol desde el comienzo el programa- son quienes deciden qué es lo que se va a auditar.

En el marco del Prosol -programa exclusivo del departamento de Tarija en Bolivia, mediante el cual se otorga financiamiento directo a las comunidades campesinas e indígenas-, desde el año 2008 se han desembolsado decenas de millones de dólares... Semejante inyección puede llevar a suponer que en el área rural de Tarija se están produciendo cambios y mejoras importantes. Nada más lejos de la realidad. Prosol se ha convertido en la oportunidad de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y agentes privados.

El trabajo de la red de responsables técnicos del Prosol permitió uniformizar los requerimientos anuales, ya sea en insumos o en semovientes, todo ello muy bien camuflado bajo lo que llaman "iniciativas productivas". ¿Cómo se puede entender que haya insumos que a fecha de hoy, 2013, cuesten menos que en una iniciativa productiva del Prosol en el 2008?.

La prueba de que estos proyectos no han surtido efecto es el actual Índice de Desarrollo Humano de Tarija, el cual no se ha visto modificado por los ingentes recursos financieros invertidos.

La adulteración de facturas, rendiciones e informes es otro factor que ha devenido práctica consuetudinaria en el Prosol. Se producen incluso oleadas migratorias en época de Prosol, de modo que, comunidades cuasi despobladas, se nutren de nuevos "comunarios" para así poder inflar los montos de los proyectos... Con los semovientes el problema es similar. Lo que se ha ingresado en el departamento es ganado acopiado de rescatistas, sin control sanitario real, sin registros de marca, sin documentación que acredite su legalidad, sin privilegiar la calidad genética ni contar siquiera con un plan de repoblamiento...

Desde el punto de vista del desarrollo el Prosol es, y ha sido, una oportunidad única para promover el micro desarrollo de las comunidades indígenas y campesinas. No obstante, para ello habría que haber elaborado planes concretos a largo plazo que permitieran el desarrollo agrario y pecuario. Eso no ha ocurrido.

Los denominados "técnicos de Prosol" son meros "burrocrátas" que utilizan el programa para comprar voluntades en el sector campesino y para mantener la sumisión en el sector indígena.

En realidad, el Prosol tal cual se ha aplicado se parece mucho a una subvención al consumo, inyectando dinero en términos cuantitativos sin importar el destino del mismo. El problema es que ese modelo hiper-neoliberal, aplicado a una sociedad de indígenas inmersos en una mera economía de subsistencia y a campesinos pobres cuya demanda puede aumentar exponencialmente, no produce desarrollo, sino inflación en los precios de los alimentos y de los productos de primera necesidad.

Esta inflación, en una sociedad rural sin medios de distribución y sin logística estatal, es absorbida por los muy pequeños comerciantes que no tienen capacidad alguna de financiación de los stock crecientes, salvo subir los precios desproporcionadamente. Todo ello en un mercado financiero inexistente y con créditos de instituciones financieras no bancarizadas que prestan a la módica tasa del 30 por ciento en bolivianos.

Recordemos que Walter Ferrufino Gaite es el Ejecutivo Seccional de la Provincia boliviana de O'Connor, y que está imputado por la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción por Incumplimiento de Deberes al no haber respetado el derecho a consulta que asiste a la APG IG y desacatar una sentencia constitucional. Walter Ferrufino es conocido por su conducta claramente racista en contra de los pueblos indígenas, dándose el caso de que su familia practicó el esclavismo...

Roberto Ruiz Bass Werner es actualmente el Secretario Ejecutivo de la Gobernación de Tarija. Es ex dirigente de Poder Democrático Social (PODEMOS), una agrupación ciudadana boliviana de ultra derecha, creada el año 2005 en La Paz, a partir del partido político Acción Democrática Nacionalista del fallecido dictador Hugo Banzer. Ha sido Senador por Tarija y Presidente del Comité Cívico de Tarija...

Expertos del Equipo Nizkor han constatado que en las conductas políticas y sociales de Walter Ferrufino Gaite y Roberto Ruiz Bass Werner existe un claro componente racista que les lleva a aplicar políticas de segregación racial en contra de los indígenas guaraníes de Tarija.

Ante las acusaciones del Diario El País de Tarija en el referido artículo, la APG IG ha emitido un comunicado identificando y explicando las falsedades contenidas en el mismo, entre ellas:

"- El secretario Ejecutivo de la Gobernación Roberto Ruiz miente cuando afirma que la APG IG 'habrían estado recibiendo por cada uno de los tramos, más de cuatro millones de bolivianos'.

La APG IG firmó un Convenio que afecta a la variante del Chaco firmado con el Prefecto Cossío en base a la aplicación del derecho a consulta y las cantidades a pagar a la organización indígena, aproximadamente 2 millones de bolivianos, estaban a cargo de la empresas adjudicatarias a través de SEDECA, importes que, a la fecha del presente comunicado, han resultado impagados. Roberto Ruiz sabe que la actual Gobernación ha incumplido sistemáticamente este Convenio.

- El protervo funcionario Walter Ferrufino falta a la verdad cuando afirma que hemos bloqueado proyectos. Hasta la fecha el único que ha faltado a sus obligaciones como funcionario público ha sido él quien, como es conocido, ha sido formalmente imputado por Incumplimiento de Deberes precisamente por no ejecutar la sentencia constitucional 2003/2010.

- El protervo funcionario Walter Ferrufino falta a la verdad cuando afirma que el 'Directorio' es el que entorpece los proyectos. El Directorio tiene la representación legal y legítima de la APG IG y, por tanto, ejerce los derechos de propiedad de la TCO Itika Guasu. Consecuentemente, el ejercicio del derecho a consulta se debe realizar a través de su representación...

- El protervo funcionario Walter Ferrufino falta a la verdad cuando dice que el Equipo Nizkor es el "supuesto responsable de frenar la ejecución de la obra caminera Entre Ríos-Palos Blancos...", dado que si bien son nuestros asesores jurídicos, las decisiones las toma nuestra organización en forma directa y bajo nuestro mandato actúa todo el equipo jurídico de nuestra organización, tanto en territorio boliviano como fuera de él.

Como informáramos oportunamente, el 11ene13 a la organización indígena le fue notificado un auto dictado por la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción (FEPDC), concretamente por el Fiscal de Yacuiba Dr. Luis A. Frías Durán.

El Fiscal calificó provisionalmente la conducta del imputado de Incumplimiento de Deberes, ilícito previsto y sancionado por el Art. 154 del C.P., ya que omitió la consulta previa que ha de realizarse mediante procedimientos apropiados y a través de las instituciones indígenas representativas antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como a las Leyes 1257 (11jul91) y, 3760 y 3897, que elevan a rango de Ley las normas internacionales mencionadas.

Esta acusación es la que ha sido ratificada por la justicia en la audiencia donde se analizaron las medidas cautelares necesarias para el caso y se rechazó la pretensión de la APG IG de que se procediera a la detención preventiva de Walter Ferrufino, condenándole en cambio a presentarse cada quince días ante la fiscalía.

Esta solicitud se fundamentó en la campaña de hostigamiento y acoso contra comunidades de la TCO Itika Guasu por parte de este protervo funcionario, conocido por su racismo e irascibilidad.

Durante la audiencia, la defensa de Walter Ferrufino estuvo basada principalmente en los siguientes argumentos:

a) Que el Ejecutivo Seccional no tiene poderes para firmar convenios.

Dado el nivel de las pruebas presentadas por la APG IG, este argumento lleva la cuestión a un terreno muy delicado ya que, si así fuera, Walter Ferrufino habría cometido el delito de usurpación de funciones al firmar contratos públicos en nombre del Gobernador Condori. Desconoce además la Ley 007 de la Gobernación de Tarija, que otorgó poderes a todos los funcionarios con cargo idéntico al de Walter Ferrufino.

b) El segundo argumento, susceptible de ser considerado como "esotérico", consistió en que, salvo el Gobierno de la Nación y sus ministros, la Sentencia Constitucional no es de aplicación a Walter Ferrufino por ser un funcionario de menor nivel en la administración del Estado.

Este argumento coloca a Walter Ferrufino en un "limbo jurídico" y en lo que podríamos llamar una excepción constitucional que claramente rompe la igualdad ante la ley, el principio de legalidad...

c) El tercer argumento encierra una visión más "racial", pues se configura en torno al rechazo al derecho indígena y se basa en que la APG IG se opuso a la instalación de la luz eléctrica en la TCO Itika Guasu... Esta argumentación es falsa de pura falsedad. La APG IG nunca se opuso a la instalación de la red eléctrica, sino a la segregación racial ejercida en el proyecto y conforme a la cual se dejó fuera de la red a comunidades indígenas...

Para entender estas cuestiones hay que tener en cuenta que Walter Ferrufino es un típico "ganadero sin tierrra" que usufructúa ilegalmente las tierras indígenas. Este hecho es el que lleva a sus funcionarios a negar la existencia de la TCO Itika Guasu.

La notificación se habría realizado el 04feb13 por parte del Actuario Abogado del mismo juzgado.

Nelson Walter Ferrufino Gaite, la máxima autoridad gubernamental de la provincia de O'Connor, en el Departamento de Tarija, al Sur de Bolivia, hace frente a una imputación por el delito de incumplimiento de deberes del art. 154 del Código Penal boliviano, por el cual la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción (FEPDC) de Yacuiba ha ordenado la anotación preventiva de todos sus bienes y la pignoración de sus cuentas bancarias.

Radio Nizkor informó de esta imputación en un programa anterior, de fecha 14ene13. Esta imputación había sido solicitada por la APG IG en un escrito de fecha 19sep12.

La familia de Walter Ferrufino vive en la zona de O'Connor desde hace al menos tres generaciones, por lo que es un hombre muy conocido en el lugar. Sin embargo, el 30ene13 evadió la acción de la justicia y no asistió a la audiencia de consideración de medidas cautelares fijada por el Juez de Instrucción Mixto de Entre Ríos. El argumento para ello es que no tiene domicilio conocido en Entre Ríos y, por lo tanto, no pudo ser localizado. En palabras más sencillas: la máxima autoridad política de la provincia evade la acción de la justicia con un comportamiento digno de un delincuente ordinario.

Esta evasión de la justicia por parte de la máxima autoridad gubernamental estaría motivada, según fuentes jurídicas, en el intento de evitar que se cumpla la anotación preventiva de todos los bienes del imputado y la pignoración de sus cuentas bancarias.

Walter Ferrufino es conocido por su carácter irascible y violento y su conducta claramente racista en contra de los pueblos indígenas y, especialmente, de los guaraníes que habitan la TCO Itika Guasu, dándose el caso de que su familia practicó el esclavismo y se niega aún a aceptar el derecho indígena y los derechos civiles que corresponden a cualquier ciudadano boliviano y que están amparados en el ordenamiento jurídico interno y la Constitución Política del Estado Plurinacional.

Como es conocido, la APG IG mantiene un conflicto jurídico con las autoridades departamentales que ha llevado a la imputación de Walter Ferrufino, quien se ha negado mediante carta de fecha 10jul12 a cumplir con la Sentencia Constitucional 2003/2010-R, pronunciada en el caso "SEDECA Tarija versus APG IG"

La mencionada notificación se refiere a la imputación formal de Nelson Walter Ferrufino Gaite, Ejecutivo Seccional de Desarrollo de la Provincia O'Connor, por la presunta comisión del delito de "incumplimiento de deberes", previsto en el artículo 154 del Código Penal de Bolivia.

Esta imputación es la respuesta de la fiscalía a la denuncia presentada por la APG IG contra el Ejecutivo Seccional de la Provincia O'Connor por no observancia de la Sentencia Constitucional 2003/2010-R y la vulneración del derecho de consulta, así como de la solicitud formal de imputación contra el Sr. Walter Ferrufino por incumplimiento de deberes y desobediencia a resolución dictada en amparo constitucional.

Los hechos principales que soportan la acusación de la APG IG son los referidos a los proyectos "Construcción electrificación rural Ipaguasu Chimeo provincia O'Connor" y "Construcción electrificación rural zona 2 guaraní sector norte", en los que Walter Ferrufino procedió a firmar el contrato de obra sin haber hecho la consulta previa a la que hace referencia la Sentencia Constitucional 2003/2010-R...

El Fiscal califica provisionalmente la conducta exteriorizada por parte del imputado de Incumplimiento de Deberes (Art. 154 C.P.) en base a la omisión de la obligación de efectuar una consulta previa mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios de acuerdo al Convenio 169 de la OIT (Art. 6) ratificado por Ley 1257 de 11jul91 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Arts. 18, 19 y 32), elevada a rango de ley según Ley 3760 y 3897, al considerar que no se tuvo en cuenta el derecho de los pueblos indígenas de decidir sus prioridades en el proceso de desarrollo social relativo a las tierras que ocupan y su participación en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas que les afectan directamente según Convenio 169 de la OIT, respaldado por el Art. 256 de la Nueva Constitución Política del Estado y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Según el portavoz del departamento jurídico de la APG IG, el Fiscal habría decido además medidas cautelares tendentes a garantizar la reparación de los daños civiles por los hechos que se le imputan, para lo cual solicitó la anotación preventiva de todos los bienes del imputado y la pignoración de sus cuentas bancarias.

Este convenio es el primero de esta naturaleza existente en Bolivia y tiene la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Sentencia Constitucional 2003/2010-R de 25 de Octubre de 2010, la cual fue notificada a la APG IG el 12 de abril de 2011.

Desde el 22 de marzo del presente año la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu y el Municipio tienen un nivel de coordinación diferente y cada proyecto a ser presentado, tanto a nivel del órgano deliberativo del municipio (Concejo Municipal), como a nivel departamental (Asamblea Legislativa Departamental), es primero revisado por la APG IG y, una vez planteadas las modificaciones y analizados los pro y contras del proyecto, se procede a su aprobación y presentación ante la instancia correspondiente.

Gracias a este mecanismo propio, por primera vez en Bolivia se están ejecutando proyectos municipales dentro de la TCO Itika Guasu propiedad de la APG IG respetando el derecho a consulta previa y permitiendo la participación activa de los pueblos indígenas afectados por los proyectos dentro de su territorio, lo que constituye en sí una prueba de implementación concreta de lo dispuesto por la CPE y expresado por el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia mencionada...

Aprovechando el conflicto del TIPNIS y la nueva posición de la APG Nacional, que no es la APG IG, el periódico El País afirma una serie de asertos que son falsos y que sólo tienen la intención de confundir a la opinión pública con relación a cuestiones indígenas, metodología que, insistimos, tiene una clara intencionalidad racista en contra de los indígenas guaranís y, especialmente, en contra de la APG Itika Guasu.

En un artículo publicado el 01 de agosto de 2012 bajo el título "APG rompe relaciones con Evo y apoya a indígenas del TIPNIS", el diario El País de Tarija asevera, literalmente, que "dirigentes de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) decidieron ayer romper los acuerdos que suscribió con el gobierno de Evo Morales", aseveración a partir de la cual el artículo es un constructo basado en una serie de falsedades que tienen por finalidad la desinformación y la confusión.

Entre tales falsedades cabe destacar que este medio confunde intencionadamente la posición de la APG Nacional con la de la APG Itika Guasu, cuando esta última organización no participó de la reunión a que hace referencia, ni se considera representada por la APG Nacional en estos acuerdos que ahora denuncia, de los que fue excluída a pedido de las autoridades de hidrocarburos de la época.

Asimismo, hay que reiterar que el acuerdo al que llegó la APG Itika Guasu con Repsol Bolivia S.A. lo fue cumpliendo con el derecho a consulta una vez que el Gobierno consideró que era una cuestión "entre privados"; el mismo es acorde a los usos y costumbres guaranís, la legalidad interna de Bolivia y el derecho indígena. No es un acuerdo secreto; se trata simplemente de un documento privado y de él han tenido conocimiento autoridades nacionales, incluido el Presidente y todas las empresas del sector. El diario El País cree, con la soberbia que lo caracteriza, que el hecho de que no haya tenido acceso a un documento privado lo convierte en "secreto".

La APG IG no bloqueó en forma alguna el gasoducto GVT, como afirma con la mendacidad acostumbrada el diario El País, y esto quedó demostrado no sólo por el acuerdo a que llegó con YPFBT S.A., sino al haber tomado estado público el hecho objetivo de que el retraso del gasoducto estaba y está causado por el incumplimiento del contrato por parte de la empresa Conduto, hecho que fue ocultado por el diario El País y por las autoridades de la Gobernación de Tarija, a pesar de tener conocimiento del mismo.

En dicho comunicado la APG IG expone lo siguiente:

1) El Diario El País [de Tarija] ha publicado el 06 de enero de 2012 información según la cual han tenido acceso a un documento privado presentado por la APG IG a YPFB Transporte SA (ex Transredes SA), el que presuntamente corresponde a un borrador enviado a la apoderada de YPFBT SA (ex Transredes SA) el 21 de marzo de 2011, Señora Sintia Yáñez.

En relación con este documento, YPFBT SA (ex Transredes SA) nunca dio respuesta alguna, argumentando verbalmente que el Ministerio de Hidrocarburos había ordenado que no se negociara con la APG IG, versión que se corresponde con la notificación realizada a la APG IG por Petrobras Bolivia SA mediante carta [de 20may11] a esta organización indígena. Por lo tanto, usar para información pública un documento que es un borrador y que no está en negociación es una prueba más de la manifiesta mala fe de la sucesora legal de Transredes SA y del Diario "El País".

En la propuesta aprobada por la APG IG y que tiene el carácter de "borrador de acuerdo" - .. o documento de trabajo, tal cual se conoce en la práctica legal y en la práctica de la industria petrolera...-, se proponen tres precios:

• Uno para las hectáreas de ocupación que están definidas exactamente y que se refiere a los campamentos provisionales o de trabajo e instalaciones fijas, y respecto de los cuales se propone un precio de 2.500 dólares por año y por hectárea.

• Los otros dos precios se refieren a las servidumbres de ductos y a las servidumbres de vías. En este sentido, y respecto a lo que corresponde al precio por kilómetro o fracción por año por cada servidumbre de ductos, así como el relativo a las servidumbres de vías, no se propuso precio alguno, por lo que se dejó abierto para la negociación.

Estos dos precios, pendientes de definición, son los precios que afectan al oleoducto, [Expansión Gasoducto Villa Montes Tarija Fase II]...

En este caso, la actuación de mala fe se da al manipular la información de un documento privado de trabajo que nunca fue discutido, haciendo un cálculo deliberadamente artificioso que no tiene sustento técnico alguno y que YPFBT SA (ex Transredes SA) ha preferido discutir con la prensa y no con la APG IG.

2) En cuanto a la compensación de la Fase I..., se trata de un acuerdo firmado por Transredes SA e incumplido y cuyo texto se transcribe en el borrador de acuerdo presentado. Por lo tanto, no es una reclamación nueva, sino la confirmación del incumplimiento por parte de la empresa, al que YPFBT SA (ex Transredes SA) debe hacer frente...

Lo mismo ocurre con la Fase II, respecto de la cual Transredes SA (actual YPFBT SA) no consultó nunca con la APG IG y nunca se llegaron a firmar contratos de servidumbre por la utilización del territorio propiedad de la APG IG...

Con un sugestivo titular y en páginas centrales El País de Tarija, en su edición del 7 de Enero de 2012, con absoluta falta de ética deontológica a la que obliga al ejercicio del periodismo, publica el absurdo cuestionamiento que hace Larrazabal (dirigente máximo del autotransporte de Tarija)...

De manera cándida Larrazabal se pregunta "¿Tiene derecho la APG IG o cualquier empresa, ciudadano u organismo de cobrar "servidumbres" al Estado boliviano para que éste pueda construir carreteras, gasoductos, oleoductos u obras de interés general? Ese el debate abierto tras conocerse la intención de la APG IG/Nizkor de cobrar tres tipos de servidumbre a YPFB por obras del gasoducto GVT."

Y para información de este señor y al parecer para información de los "periodistas" de El País, la respuesta está en la Ley de Hidrocarburos 3058 del 17 de mayo de 2005. El Capítulo IV de esa Ley precisamente versa sobre las "servidumbres", por lo mismo a la pregunta del Sr. Larrazabal la respuesta está en la Ley no en la APG IG.

De todo esto, lo que sí está claro es que hay una campaña contra la APG Itika Guasu y lastimosamente, su origen es racista. Pude constatar que existen periodistas, como uno que visitó la Sede de la APG IG, hace unos días, que no soportan al indio y asumen que por ser "periodistas" les debemos pleitesía. Por lo menos ese fue el trato que recibimos ese día, cuando el citado señor preguntó por mi nombre con una actitud prepotente y airada.

Pues bien, guste o no, la APG IG tiene el respaldo jurídico del Máximo Tribunal de Bolivia...

[Q]uienes... afirmen que la APG IG es la obstaculizadora al desarrollo energético de Tarija, simplemente quieren ocultar detrás de ello su abierta disconformidad con el Estado de Derecho y en definitiva están en una franca actitud de desacato, ergo, de comisión de delitos penales que algún momento tendrán que ser dirimidos en sede judicial.

Equipo Nizkor, Radio Nizkor y Derechos Human Rights nunca han recibido financiación de la Fundación Rockefeller, ni de George Soros y son organizaciones con personalidad jurídica diferente a "Human Rights", que es a la que acusa, valga el término, de recibir esa financiación...

- Equipo Nizkor es una organización internacional de derechos humanos cuya finalidad está explicada en detalle en la página de presentación del sitio web documental, que es además un sitio de referencia en lengua española al encontrarse entre los 10 primeros del mundo en la especialidad de "derechos humanos". Es el primero en organizaciones civiles no financiadas por gobiernos. Radio Nizkor fue la primera radio online especializada en derechos humanos creada en el mundo... Nunca hemos recibido financiación de gobiernos, ni de empresas de ningún tipo...

- Es falsa la afirmación de que la APG IG busca "vetar la ampliación del gasoducto Villamontes Tarija (GTV)" y, a pesar de que este derecho de veto está reconocido por el mismo Tribunal Constitucional de Boliva en la Sentencia Constitucional 2003/2010-R de 25 de octubre de 2010, notificada a la APG IG el 12 de abril de 2011, la APG IG no ha hecho uso del mismo...

- Con relación al acuerdo firmado con Repsol Bolivia SA y la APG IG el 29 de diciembre de 2010, cabe mencionar que el mismo es un acuerdo entre una organización indígena y las empresas operadoras de la explotación del Pozo Margarita que se encuentra dentro de la TCO Itika Guasu, la cual es propiedad de la APG IG...

- [E]l Estado no participó de la negociación porque el Ministro de Hidrocarburos de entonces y actual presidente de YPFB SA, Carlos Villegas, informó por carta a la APG IG que no participarían en la negociación porque era una "cuestión entre privados", o sea, que es el Gobierno el que renuncia a estar presente en esta negociación dejando en indefensión a la APG IG en violación flagrante del artículo 2 y 6 del "Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes", que es parte del derecho interno de Bolivia desde el 11 de julio de 1991 mediante ley 1257.

- Dicho acuerdo cumple con las reivindicaciones históricas de la APG IG que no son otras que las que reclaman las organizaciones indígenas bolivianas y de otros países latinoamericanos, que formalmente están recogidas por la legislación interna boliviana e internacional...

- Es manifiestamente falsa la acusación de "fundamentalismo" con relación a la actuación de la APG IG, dado que sus actuaciones han estado y están enmarcadas en el uso de una estrategia jurídica acorde con el estado de derecho, en defensa de derechos legítimos y legales.

Equipo Nizkor, Radio Nizkor and Derechos Human Rights ave never received funding from the Rockefeller Foundation, nor from George Soros, and are organisations that have a different legal personality from that of "Human Rights", which entity is accused -as he himself put it- of having received this funding...

- Equipo Nizkor is an international human rights organisation whose objectives are laid out in detail on our "about us" page of the documentation website, which is, moreover, a reference site in the Spanish language that has been included among the top 10 in the world in the specialised field of "human rights". It is the first among civil organisations not to be funded by a government. Radio Nizkor was the first online radio specialised in human rights to be created in the world... We have never received funding from any government, nor from any company or corporation.

- It is false to state that the APG IG seeks to "veto the Extention of the Villamontes-Tarija Gas Pipeline" and, despite this right to veto being recognised by the Bolivian Constitutional Court in its Constitutional Judgment 2003 of October 25th, 2010 (notified to the APG IG on April 12th, 2011), the APG IG has not exercised this right...

- egarding the agreement signed between Repsol Bolivia SA and the APG IG on 29 December 2010, it should be mentioned that it constitutes an agreement between an indigenous organisation and the companies active in the exploitation of the Margarita gas field located on the Itika Guasu TCO, which is the property of the APG IG...

- [T]he State did not take part in the negotiations because the then-Ministry of Hydrocarbons and current president of YPFB SA, Carlos Villegas, informed the APG IG in a letter that it would not participate in the negotiations because they constituted a "matter between private parties", in other words, it was the Government that renounced being present in these negotiations, thereby leaving the APG IG defenseless in flagrant violation of articles 2 and 6 of the ILO Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, which is part of Bolivian domestic law since July 11, 1991 by way of Law No. 1257.

- Said agreement complies with the historic demands of the APG IG, which demands are no different from those of other indigenous organisations in Bolivia and other Latin American countries and from those provided for under international law and Bolivian domestic law...

- It is clearly false to accuse the APG IG of "fundamentalism" in relation to its actions, as they have been and are carried out in the framework of a legal strategy in conformity with the rule of law, in defense of legitimate and legal rights.

• The said campaign has been incited by the Ministry of Hydrocarbons and the Environment (MHE) and the company YPFB Transportes S.A. (formerly Transredes SA) with the objective of intimidating and coercing our organisation with an interpretation of the situation that we can only described as racist and which blames the indigenous peoples for not permitting the installation of the gas pipeline.
• This campaign ignores the fact that it was the MHE itself that forbade the companies Petrobras SA and Transredes from negotiating with our organisation, a fact which is legally documented.
• YPFB Transportes SA is the corporate successor of Transredes SA and therefore, is legally responsible for the latter's environmental liabilities and other liabilities resulting from the violation of indigenous rights. This point is legally indisputable but nevertheless denied by the official representatives of YPFB Transportes SA who continue to engage in the same practices that violate the rights of the indigenous peoples as did the former Transredes S.A. in Phase I and II of the gas pipeline.
• On November 9th, 2011, a meeting was held at the request of MHE represented by the lawyer Felipe Calisaya and the environmental representative Mauricio Tejeda. During this meeting, Felipe Calisaya did not alter or amend in any respect the original position of these companies but instead set out the opposition of YPFB Transportes S.A. and of the MHE itself to compliance with the constitutional judgment 2003/2010-R, which they consider "inapplicable" according to the lawyers of YPFB Transportes S.A.. The explanation for this position was not supported by a single document.
• The APG IG held clearly unproductive meetings with the MHE on April 26th, 2011, June 10th, 2011 and July 21st, 2011. Most of these meetings are documented with notarial minutes that demonstrate that the MHE has acted in violation of the principle of good faith. This is an essential requirement of our right to consultation from both the perspective of international law regarding indigenous rights, and from that of domestic Bolivian law, including constitutional law, which has been ratified in this case by the constitutional judgement 2003/2010-R.
• With reference to YPFB Transportes S.A., we attempted to put into motion the necessary negotiations between our organisation and YPFB Transportes S.A. and, in fact, an official document was signed on February 25th, 2011 outlining the negotiation agenda. Despite this, YPFB did not comply with any of the points agreed upon in the official document, and even refused to give due consideration to a proposed agreement drafted by our organisation.
• Any statement that the APG IG is responsible for the delay in the gas pipeline project is a falsehood that is unsupported by the facts and is intended to intimidate and humiliate us once again. In neither Phase of the gas pipeline did we receive information concerning the technical plans for the pipeline...
• Both the right to consultation, as well as the property rights over the Itika Guasu TCO are inalienable from the APG IG, not only because it is a right to which we are entitled, but also because if we were to renounce these rights, we would be ourselves breaching the law...
• With reference to our consultants, it is obvious that it is within our right of autonomy as an indigenous association to have legal, economic, notarial, environmental or other specialised consultants for our long-term legal strategy, as well to be advised by other human rights organisations, universities and specialists in international criminal law, international commercial law and international environmental law, and that we have no obligation to request permission from any company or from the national or departmental governments.

• Dicha campaña está incitada por el Ministerio de Hidrocarburos y Medio Ambiente y por la empresa YPFB Transportes S.A. (ex Transredes S.A.) con la intención de intimidar y coercionar socialmente a nuestra organización con una interpretación que sólo podemos calificar de racista y que consiste en considerar que son los indígenas los que no permiten la instalación del gasoducto.
• Esta campaña ignora que ha sido el propio Ministerio de Hidrocarburos (MHE) el que ha ordenado a las empresas Petrobras SA y Transredes no negociar con nuestra organización, extremos estos documentados legalmente.
• La empresa YPFB Transportes SA es la continuación jurídica de Transredes SA y, por lo tanto, responsable jurídico de los pasivos ambientales y de lo que podríamos llamar los pasivos derivados de la violación de derechos indígenas. Este aspecto incuestionable jurídicamente es negado de hecho por los apoderados de YPFB Transportes SA que continúan actuando con las mismas prácticas contrarias a los derechos de los pueblos indígenas con que actuara Transredes S.A. en la Fase I y II del gasoducto.
• El 9 de noviembre de 2011 se mantuvo una reunión a solicitud del MHE representado por el letrado Felipe Calisaya y el responsable de medio ambiente Mauricio Tejeda. En esta reunión el letrado Felipe Calisaya no aportó avance alguno en la posición de las empresas Petrobras S.A. y YPFB Transporte S.A. (ex Transredes S.A.) y expuso la oposición de YPFB Transportes S.A. y del propio MHE a cumplir con la Sentencia Constitucional 2003/2010-R, a la que consideran "no aplicable" según los abogados de YPFB Transportes S.A. Estas explicaciones no fueron avaladas por documento alguno.
• La APG IG ha mantenido reuniones claramente infructuosas con el MHE el 26 de abril de 2011, el 10 de Junio de 2011 y el 21 de julio de 2011 de la mayoría de las cuales existen actas notariales que demuestran que han actuado violando el principio de buena fe, el cual es condición necesaria para el derecho de consulta que nos asiste, tanto desde el punto de vista del derecho internacional sobre derechos indígenas, como desde el punto de vista del derecho interno boliviano, incluido el propio derecho constitucional, ratificado, en nuestro caso, por la sentencia constitucional 2003/2010-R
• En cuanto a YPFB Transportes S.A., intentamos desbloquear la negociación necesaria entre nuestra organización y dicha empresa y, de hecho, se firmó un acta el día 25 de febrero de 2011 que fijaba la agenda de negociación. No obstante, esta empresa no cumplió ninguno de los puntos acordados en tal Acta e incluso rechazó, sin tomarla en consideración, una propuesta de convenio preparada por nuestra organización
• Afirmar que la APG IG es la responsable de la demora en el proyecto del gasoducto es una falsedad que no se sostiene fácticamente y que tiene la intención de intimidarnos y humillarnos una vez más. En ninguna de las Fases del gasoducto hemos tenido información sobre el proyecto técnico del gasoducto...
• Tanto el derecho de consulta como el derecho propietario sobre la TCO Itika Guasu son irrenunciables por parte de la APG IG, no sólo porque es un derecho que nos asiste, sino porque si lo hiciéramos estaríamos cometiendo un delito...

Pocos de los presentes entendieron la dimensión de esas palabras y muchos llegaron incluso a menospreciarlas, sin imaginar que las mismas obedecían al mandato de los 36 Mburuvichas comunales y los directorios zonales en el sentido de hacer frente, de forma permanente e integral, al problema de la falta de atención médico-sanitaria de toda la población guaraní del Itika Guasu.

La implementación de este mandato es posible gracias al "Fondo de Inversión Itika Guasu", consecuencia del acuerdo entre la APG IG y Repsol YPF E&P Bolivia S.A.. El fondo, resultado de la acertada estrategia jurídica emprendida por la APG IG, es el primero de su clase en Bolivia y en América Latin. Los beneficios del mismo se están invirtiendo ya en dos áreas primordiales: la salud y la educación.

De este modo, a mediados de febrero de 2011 la APG IG contrató los servicios de un profesional médico para la implementación del Programa de Salud "Familia Sana Itikeña".

Se puso en funcionamiento una Unidad Médica, la cual se dotó además de una farmacia básica con la finalidad de suministrar los medicamentos necesarios para dar cobertura al tratamiento que los pacientes requieren.

Es la primera vez desde que el pueblo guaraní se asentó en lo que hoy es la TCO Itika Guasu, hace ya más de cinco siglos, que la población guaraní de la Itika tiene acceso a servicios médico-sanitarios.

Estamos trabajando en la construcción de un modelo de atención primaria que permita mejorar la calidad de vida de las familias guaraníes del Itika Guasu y ello sobre una estructura organizativa específica para este pilar de desarrollo, estructura que, por lo demás, se apoya en nuestras autoridades conforme a usos y costumbres...

Entre mediados de febrero y fines de agosto de 2011 se han atendido 1290 pacientes en consultas médicas realizadas en sus comunidades. Gracias a la adquisición de un Ecógrafo Portátil por la APG IG, se han realizado hasta el momento 800 ecografías. Esta forma de diagnóstico mediante ecógrafo ha permitido que se puedan diagnosticar de manera oportuna casos de apendicitis, cálculos renales, cálculos en la vesícula, embarazos que en muchos casos ni siquiera la propia madre sospechaba, etc., lo que está permitiendo tener un diagnóstico más preciso.

No obstante, y a pesar de que este precedente es un motivo de celebración, se impone una pausa para la reflexión: todo este esfuerzo casi da al traste cuando varias ONGs, organizaciones no pertenecientes a las comunidades indígenas y conocidas también como intermediarias, abandonaron a los guaraníes de la Itika Guasu en el momento más trágico de su largo conflicto con el gigante petrolero Repsol S.A. [...]

Un par de claras lecciones emergen del proceso de negociación que llevó al Fondo de Inversión Itika Guasu; una de cara al mundo de la filantropía, que Rebecca Adamson, fundadora y presidenta de First Peoples Worldwide expone del siguiente modo:

'El Fondo de Inversión Itika Guasu es un gran logro para todos”, dijo Adamson. “Con frecuencia escuchamos a los financiadores decir que no pueden financiar a los pueblos indígenas directamente porque carecen de capacidad. Pasar por alto capacidades y habilidades como las demostradas por los guaraníes de la Itika Guasu debieran llevar al mundo filantrópico a repensar sus propias capacidades y relaciones con las comunidades indígenas, porque ahí fuera hay muchas más experiencias exitosas como ésta'.

La otra lección es tanto para el mundo filantrópico como para el de la ONGs.

'Lo que hay que retener de esta experiencia es que ninguna ONG puede reemplazar a las autoridades indígenas”, dijo Gregorio Dionis, presidente del Equipo Nizkor, mediante un intérprete. “No hay que reemplazar nunca a las autoridades indígenas y hay que socializar siempre todo en el seno de la comunidad' [...]

En 2006, tras años de confrontación que obligaron a varios bloqueos en los trabajos, la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu aprobó una estrategia jurídica desarrollada por el Equipo Nizkor. Las operaciones de Repsol Bolivia S.A. habían violado la legislación aplicable a los Territorios Comunitarios de Origen en Bolivia y en base al derecho internacional podrían iniciarse procesos. Pero la legislación que rige para las TCO había permanecido en el olvido desde los años 50 y el caso internacional necesitaría de una larga discusión a nivel corporativo sólo para empezar. Así que el Equipo Nizkor, fundado en Madrid, asesoró con un conflicto a un horizonte de 10 años...

[L]a importancia del acuerdo difícilmente puede ser infravalorada. Sin embargo, estuvo a punto de no concretarse. Documentos no revelados por el Equipo Nizkor dan testimonio de ello: otras ONGs con las que los guaraníes habían estado trabajando durante años les traicionaron. La fuente de financiación de las ONGs intermediarias estaba asesorando a Repsol en su respuesta jurídica a los guaraníes, al tiempo que los intermediarios aconsejaban a los guaraníes que desistieran de toda estrategia jurídica contra Repsol. [...]

Sin renunciar a ninguno de sus derechos en cuanto guaraníes, la APG IG firmó un acuerdo con Repsol Bolivia S.A., del que se derivaría además la creación de un fondo de inversión de 14,8 millones de dólares en beneficio de las comunidades guaraníes de la Itika Guasu.

Amid the celebration of such precedents, however, a pause for thought intervenes: the whole effort almost came to nothing when several NGOs, non-community organizations also known as intermediaries, abandoned the Guarani people of Itika Guasu at the most strategic point of their long confrontation with oil giant Repsol Bolivia S.A.[...]

A couple of clear lessons emerge from the negotiation process of the Itika Guasu Investment Fund, one of them for philanthropy, as spelled out by Rebecca Adamson, founder and president of First Peoples Worldwide.

"The Itika Guasu Investment Fund is a great achievement for everyone," Adamson said. "Often we hear funders say that they can't fund Indigenous Peoples directly because of their lack of capacity. Overlooked capacities and abilities like those demonstrated by the Itika Guasu Guarani should inspire philanthropy to rethink its own capacities and relationships with Indigenous communities, because a lot more successes like this are out there."

The other lesson is for philanthropy and the NGO (non-governmental organization) community alike.

"The thing to retain here is that no NGO may replace the Indigenous authorities," said Gregorio Dionis, president of Equipo Nizkor, speaking through an interpreter. "Never replace Indigenous authorities and always socialize everything within the Indigenous community." [...]

In 2006, after years of confrontation that forced several work stoppages, the Assembly of Guarani People of Itika Guasu approved a legal strategy developed by Equipo Nizkor. Repsol Bolivia S.A. operations had transgressed Original Community Territories law in Bolivia... But the TCO law (its acronym in Spanish) had been ignored since the 1950s, and the international case would need lengthy discussion on the corporate level just for starters. So Equipo Nizkor, founded in Madrid, advised a 10-year planning horizon...

The importance of the agreement can hardly be underestimated, then. But again, it almost didn't happen. Documents uncovered by Equipo Nizkor spelled it out: other NGOs the Guarani had worked with for years betrayed them. The funding source of the intermediary NGOs was advising Repsol on its legal response to the Guarani. And yet the intermediaries were advising the Guarani to abandon any legal strategy against Repsol. [...]

Without giving up any Guarani rights, APG IG signed the agreement with Repsol Bolivia S.A., creating a $14.8 million investment fund for the benefit of Guarani communities of Itika Guasu.

The Itika Guasu Investment Fund is the first such fund for an Indigenous organization in Bolivia. It may well be a first in Latin America. Already the process is showing up as a case study at Socially Responsible Investment conferences, leading to the prospect of wide applicability within the energy industry..."

"In view of the formal notification dated April 12th, 2011 by the Court of Entre Ríos of the Constitutional Court Judgement 2003/2010-R dated October 25th, 2010, deciding a constitutional appeal by SEDECA, we express our satisfaction with this decision, which ratifies the legal position that we have maintained regarding the right to consultation and to property of our Original Community Territory (TCO)...

The judgement incorporates a legal doctrine based on the application of international human rights instruments, declarations of specialised bodies of the United Nations and even some reports of Special Rapporteurs, transforming them into applicable doctrine and making it crystal clear that decisions of the Inter-American Court are applicable within the Bolivian domestic jurisdiction. To this end, the decision refers to the case Saramaka People vs. Suriname, an exemplary decision that we used for our own legal training and which we defended unsuccessfully before the National Government, the Governor of Tarija and the Municipality of Entre Ríos, as well as the companies that are present in our Community Territory...

We hope that the legal professionals, such as lawyers, prosecutors and judges in our jurisdiction take due note of the resolution of the Highest Court of the Plurinational State of Bolivia and act accordingly and in compliance, thereby modifying their recalcitrant opposition to the application of indigenous law according to our uses and customs, the principles derived from the decisions of the Inter-American Court and international human rights law.

Regarding the Right to Consultation, the Constitutional Court ratifies the right to consultation in the widest sense coinciding fully with the criteria defended by our organisation and especially in certain aspects that we would like to underline, whilst making it clear that we uphold the integrity of the decision: [...]

In accordance with the above, in order to implement projects falling within the above three categories, the consent of the indigenous peoples must be obtained, which means that in such cases, these peoples have the power to veto a project; in other cases when a consultation takes place in good faith using appropriate methods and information, the indigenous peoples have the right to participate in the development of a project, requiring the State to act within reason, subject to the norms, principles and values included in the Constitution of Bolivia, including the principle of legality and the prohibition of arbitrariness; respecting the rights of the original communities, and avoiding negative impacts on their habitat and modus vivendi".

Dicha sentencia, de 25oct10, fue pronunciada en el marco de una acción de amparo constitucional presentada por el Director Técnico del Servicio Departamental de Caminos (SEDECA) Tarija, contra Never Barrientos, Presidente de la APG IG. El TC denegó a SEDECA al amparo solicitado.

Este recurso de SEDECA al Tribunal Constitucional trae su origen en una comunicación de la APG IG recibida el 21feb08 por la empresa Petrosur, la cual, un mes antes, había llegado a un convenio con SEDECA para el uso y disfrute de unas instalaciones del campamento de SEDECA ubicado en la comunidad de Cañadas, en el Territorio Comunitario de Origen Itika Guasu.

La APG IG, mediante una carta, le comunicó a Petrosur que toda actividad en la TCO Itika Guasu les debía ser consultada previamente, en cumplimiento de la normativa internacional relativa a derechos indígenas que ha sido ratificada y aceptada como ley interna en Bolivia.

El envío de la mencionada carta a Petrosur marcó el inicio de la actuación jurídica de la APG IG, es decir, la APG IG comenzó a utilizar en forma elaborada los principios del derecho consuetudinario indígena, el derecho internacional de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte interamericana.

A partir de ese momento la APG IG se reafirma en la necesidad de actuar con cautela y criterio jurídico y en su Asamblea Regional realizada en la comunidad de Lagunitas, Zona 3, el 28 y 29 de Abril de 2008, el centro del debate de las 36 comunidades lo constituyó la cuestión de la estrategia jurídica y su aprobación... Esta Asamblea aprobó también el convenio de colaboración con el Equipo Nizkor, que había elaborado un memorándum de actuación que implicaba la formación y elaboración de una estrategia jurídica cuyo resultado más evidente es el convenio suscrito entre la APG IG y Repsol Bolivia SA el pasado 29dic10, que incluye todos las cuestiones resueltas por la sentencia...

La Sentencia que estamos comentando viene a consolidar una interpretación del derecho de consulta y de su forma de aplicación que coincide, en su práctica totalidad, con los principios defendidos por la APG IG ante las empresas que actúan en su territorio y ante los poderes públicos, consolidando además una doctrina que es aplicable a todas las comunidades indígenas de Bolivia y, especialmente, a las TCO.

Esta sentencia protege el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas, y en concreto del Pueblo Indígena Guaraní Itika Guasu. Dice la más alta Corte al respecto: "De las normas antes glosadas, que conforman el bloque de constitucionalidad, de conformidad al art. 410 de la CPE, se extrae que los pueblos indígena originario campesinos tienen derecho: 1. A las tierras, territorios que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido; 2. A poseer, utilizar y controlar dichas tierras y territorios; 3. A que el Estado garantice el reconocimiento y protección jurídica de dichas tierras y territorios, incluidos los recursos existentes en ellos."

A efectos de facilitar la audición de este documento audio, proporcionamos a continuación el minutaje de las principales cuestiones abordadas en el mismo:

• Introducción y contexto actual: Inicio a 06m 15ss
• Hechos que motivaron el recurso de amparo: 06m 17ss a 11m 51ss
• El Derecho Indígena aplicable al caso: 12m 00ss a 18m 36ss
• El Derecho a la tierra y a la TCO: 18m 45ss a 31m 08ss
• El Derecho a Consulta en las normas del bloque de constitucionalidad: 31m 18ss a 39m 44ss
• Análisis del problema jurídico planteado al TC. Sedeca vs APG IG: 39m 45ss a 49m 05ss

Nos hemos reunido aquí en la comunidad de Ñaurenda para celebrar y festejar un año más de la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu, un año más del Pueblo Guaraní de Itika Guasu, un año más de la existencia de la TCO Itika Guasu.

Pero la importancia de los acontecimientos del último año hace que éste no sea un aniversario cualquiera para nosotros; es un año muy especial que recordaremos siempre y que creo que hay motivos para pensar que lo recordarán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.

En este año hemos dado pasos muy importantes para el reconocimiento jurídico de nuestros derechos como comunidades indígenas, de nuestros derechos sobre la tierra, del reconocimiento de nuestros usos y costumbres.

El pasado 29 de diciembre firmamos un Convenio con Repsol Bolivia SA que puso final al duro enfrentamiento que hemos mantenido durante muchos años. Pero hemos firmado sin renunciar a ninguno de nuestros derechos y consiguiendo un reconocimiento jurídico pleno de nuestra propiedad sobre la Tierra Comunitaria de Origen y hacia la existencia de la APG IG.

Estamos orgullosos de este Convenio que reúne unas condiciones especiales que lo convierten en único en Bolivia e incluso único en América Latina y que no nos beneficia sólo a nosotros, como integrantes de la APG IG, sino que la mayoría de los principios aceptados por ambas partes en el Convenio son útiles y servirán de ejemplo a otras comunidades indígenas y pueden tener influencia en la conducta de las empresas petroleras en la medida que este Convenio tiene consecuencias jurídicas ciertas....

Durante al menos 6 años hemos seguido una estrategia muy bien definida en el terreno jurídico y que ha servido para que todos los que hemos trabajado en ella aprendamos, no sólo el valor de nuestros propios derechos, sino también que éstos se pueden defender en la práctica. [...]

Entre otras cosas hemos consolidado... la creación del Fondo de Inversión Itika Guasu que, como es público, comenzó a funcionar el pasado 11 de marzo... En este momento estamos estudiando qué empresas especializadas en auditorías ambientales realizarán la primera auditoría ambiental de nuestra TCO desde 1997 hasta el 31 de diciembre de 2010. También será la primera vez que esto ocurre en Bolivia y es la primera vez que ocurre en el marco jurídico de una TCO...

Hoy más que nunca debemos permanecer unidos para poder seguir avanzando y que estas conquistas, con ser importantes, no sean más que el comienzo de una nueva etapa de la que todos podamos estar orgullos.

We have gathered here in the Community of Ñaurenda to celebrate another year of the Assembly of the Guaraní People of Itika Guasu (APG IG), another year of the People of Itika Guasu, another year of the existence of the Original Community Territory (TCO) of Itika Guasu.

But the significance of the past year is such that this year's anniversary is not like any other; it is a very special year that we will forever remember and I think that we have reason to believe that it will also be remembered by our children and their children.

In this past year, important measures were taken for achieving the legal recognition of our rights as indigenous communities, our rights to our land, and the recognition of our uses and customs. Last December 29th, we signed an Agreement with Repsol Bolivia SA that put an end to the tough conflict that lasted several years. But we signed without giving up any of our rights and instead obtaining full legal recognition of our ownership of the Original Community Territory and of the existence of the APG IG.

We are proud of this Agreement that satisfies certain conditions in particular that make it unique in Bolivia and even in all of Latin America and that benefits not only us, as members of the APG IG, since most of the principles agreed upon by both parties to the Agreement are useful and will serve as an example to other indigenous communities, and can influence the conduct of oil corporations insofar as this Agreement implies concrete legal consequences...

For at least six years we have been following a well defined legal strategy that has allowed all of those involved to learn not only the value of our own rights, but also the fact that they may be defended in practice. [...]

We have consolidated, among others,... [T]he creation of the Itika Guasu Investment Fund, whose financial activity, as it has been announced, began last March 11th... At this time, we are studying which companies specialized in environmental audits will carry out the first environmental audit of our Original Community Territory covering the period from 1997 until December 31st, 2010. This is the first time such an environmental audit will be carried out in Bolivia and of course the first time it is carried out within the legal framework of an Original Community Territory.

Today, more than ever, we must remain united in order to be able to move forward. May these significant achievements be the beginning of a new era of which we can be very proud.

Nous sommes réunis aujourd'hui dans la communauté de Ñaurenda pour célébrer et fêter un an de plus de l'existence de l'Assemblée du peuple guarani Itika Guasu, un an de plus de l'existence du peuple guarani Itika Guasu, un an de plus de l'existence du TCO Itika Guasu.

Mais les événements importants de l'année dernière font que cet anniversaire n'est pas un anniversaire comme les autres. C'est une année très particulière dont nous nous souviendrons toute notre vie, et je pense pouvoir dire que nos enfants et petits-enfants s'en souviendront également.

Cette année nous avons fait de nombreux pas en avant en ce qui concerne la reconnaissance juridique de nos droits en tant que communautés autochtones et de nos droits sur la terre, et en ce qui concerne la reconnaissance de nos us et coutumes.

Le 29 décembre dernier, nous avons signé une convention avec Repsol Bolivia SA qui a mis un terme au conflit qui nous opposait depuis de longues années. Nous l'avons signée sans devoir renoncer à un seul de nos droits et nous avons réussi à obtenir la reconnaissance juridique pleine et entière de notre propriéte sur le Territoire communautaire d'origine, et même la reconnaissance de l'existence de l'APG IG.

Nous sommes fiers d'être parvenu à cette convention, car elle réunit des conditions particulières qui la rendent unique en Bolivie et dans toute l'Amérique latine. Elle ne profite pas seulement à nous, membres de l'APG IG, car la majorité des principes adoptés par chacune des parties à la convention sont utiles et serviront d'exemple à d'autres communautés autochtones, et peuvent influencer le comportement des entreprises pétrolières dans la mesure où cette convention a des effets juridiques véritables...

Pendant au moins six ans, nous avons suivi une stratégie bien définie sur le terrain juridique, et nous avons appris, nous qui avons travaillé à cette stratégie, non seulement que nos droits avaient de la valeur, mais également qu'ils pouvaient être défendus dans la pratique. [...]

Nous avons consolidé, entre autres,... [L]a création du fonds d'investissement Itika Guasu, dont, comme vous le savez, l'activité financière a débuté le 11 mars.... Nous sommes en train d'étudier quelles entreprises spécialisées en audits environnementaux réaliseront le premier audit de notre TCO pour la période 1997-31 décembre 2010. C'est la première fois que cela aura lieu en Bolivie, et c'est la première fois que cela aura lieu dans le cadre juridique d'un TCO...

Aujourd'hui plus que jamais nous devons nous unir pour continuer à avancer et pour que ces réussites, très importantes, ne soient que le début d'une nouvelle étape dont nous pouvons tous être fiers.

El Fondo de Inversión Itika Guasu tiene una duración aprobada por la Asamblea de la APG IG de diez años renovables y su base de inversión es principalmente deuda soberana y corporativa de la máxima calificación de solvencia. Será administrado por un "Consejo de Sabios" elegidos según los usos y costumbres guaraníes y su representante legal es el actual presidente de la APG IG, Never Barrientos.

El Banco de Brasil ha aceptado ser el banco gestor del fondo y prestará su asesoramiento financiero a largo plazo, habiendo sido seleccionado por tener las máximas calificaciones de solvencia financiera y de seguridad patrimonial.

Este fondo es consecuencia del "Acuerdo de amistad y Cooperación entre la Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu y Repsol YPF E&P Bolivia S.A.", aprobado por la Asamblea General de nuestra organización el 01 de diciembre de 2010 y firmado en acto público ante notario el 29 de diciembre de 2010.

A dicho acuerdo se llegó el 1 de octubre de 2010 en Santa Cruz de la Sierra entre altos representantes de Repsol Bolivia S.A. y Bristish Gas (BP), por un lado, y representantes jurídicos de la APG IG, contando con el acuerdo posterior de E&P, representante de British Petroleum...

El asesoramiento jurídico y financiero para la implementación del Acuerdo, así como la negociación financiera y puesta en marcha del "Fondo de Inversión Itika Guasu", ha sido dirigida por Gregorio Dionis, presidente del Equipo Nizkor, y por integrantes de esa organización especializados en derecho mercantil y financiero internacional así como en derecho indígena...

La APG IG considera que este convenio es el primero de esta naturaleza firmado en América Latina con una empresa multinacional petrolera y que, por lo tanto, esperamos tenga repercusión en las prácticas de la industria petrolera, siendo también un aporte específico y concreto a las reivindicaciones de las comunidades indígenas bolivianas y latinoamericanas.

The Itika Guasu Investment Fund was approved by the assembly of the APG IG for a period of 10 years renewable and its investment base is mainly sovereign and corporate debt of the highest credit rating. The fund will be administered by a "Council of Sages" appointed according to Guaraní customs and uses, and its legal representative is the current President of the APG IG, Never Barrientos.

The Banco de Brasil has accepted to undertake the management of the fund and it will provide its financial advice on a long term basis, having been chosen for having a solid Bank solvency and assets security.

This fund results from the "Agreement of Friendship and Co-operation between the Assembly of the Guaraní People of Itika Guasu and Repsol YPF E&P Bolivia SA", approved by the General Assembly of our organization on December 1st, 2010 and signed before a Notary Public on December 29th, 2010.

This agreement was reached on October 1st, 2010 in Santa Cruz de la Sierra between high representatives of Repsol Bolivia S.A. and British Gas (BP), on the one side, and APG IG legal representatives on the other, and it subsequently received the endorsement of E&P, representative of British Petroleum...

The legal and financial advice for the implementation of the Agreement, as well as the financial negotiations and the establishment of the "Itika Guasu Investment Fund", were led by Gregorio Dionis, President of Equipo Nizkor, and by members of this organization who are specialized in international commercial and financial law, as well as indigenous law...

The APG IG considers that this agreement is the first of its kind signed in Latin America with a multinational oil corporation, therefore, we hope that it will have an impact on the practices in the oil industry, it being also a specific and concrete contribution to the demands of the Bolivian and Latin American indigenous communities.

L'assemblée de l'APG IG a décidé que ce fonds aura une durée de dix ans, renouvelable, et que les investissements se feront principalement dans des dettes souveraines et des dettes d'entreprises bénéficiant de la note la plus élevée en matière de solvabilité. Il sera administré par un "Conseil de sages" élus selon les us et coutumes guaranis, et son représentant légal est l'actuel président de l'APG IG, Never Barrientos.

Banco do Brasil a accepté d'être la banque gestionnaire du fonds et d'être le conseiller financier sur le long terme. Cette banque a été choisie car elle bénéficie de la note la plus élevée en matière de solvabilité financière et de sécurité patrimoniale.

Ce fonds a été créé à la suite de l'Accord d'amitié et de coopération entre l'Assemblée du peuple guarani Itika Guasu et Repsol YPF E&P Bolivia S.A. adopté par l'Assemblée générale de notre organisation le 1er décembre 2010 et attesté dans un acte authentique passé devant notaire le 29 décembre 2010.

L'accord a été conclu le 1er octobre 2010 à Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie, entre, d'une part, des hauts représentants de Repsol Bolivia S.A. et de British Gas (BP) et, d'autre part, des représentants juridiques de l'APG IG ; E&P, représentant de British Petroleum, a donné son accord par la suite...

P>L'assistance juridique et financière pour la mise en oeuvre de l'accord, ainsi que les négociations financières et la mise en marche du fonds d'investissement Itika Guasu, ont été dirigées par Gregorio Dionis, président de Equipo Nizkor, et par des membres de cette organisation spécialisés en droit commercial et financier international et en droit indigène...

Étant donné qu'il s'agit de la première convention de ce type signée en Amérique latine avec une multinationale pétrolière et qu'il s'agit aussi d'une contribution spécifique et concrète aux revendications des communautés indigènes boliviennes et latino-américaines, l'APG IG espère qu'elle aura des répercussions sur les pratiques de l'industrie pétrolière.

At approximately six o'clock in the morning of the 26th of June, Roberto Fernández, ex candidate for mayor of Santa Cruz for the Movement to Socialism party ("MAS"), arrived at the site where a contingent of protesters had spent the night in order to deliver them a letter from the Minister of Autonomy, Carlos Romero. The letter dealt with the Government's proposal in response to the requests of the Bolivian Confederation of Indigenous Peoples (CIDOB). The president of the CIDOB, Adolfo Chávez, announced that the protesters would meet for the purpose of evaluating the Governmental proposal and would present a counter proposal to the delegate of the Executive Branch...

As part of the changes to be made to the Bolivian State structure to increase the representation of the lowlands and highlands communities, the indigenous members of parliament are demanding that the number of special seats in the Legislative Assembly (National Congress) be increased from seven to eighteen. They also point out that the draft Electoral Regime Law, passed on June 26th by a majority in the Chamber of Deputies, restricts the right to consultation and participation of the original indigenous peoples and peasant communities in extraction projects.

President Evo Morales enacted a regulatory law that restricts the right of indigenous communities to be consulted or informed by the State prior to any exploitation of natural resources on their land.

Article 30 of the CPE recognizes the right of original indigenous peoples and peasant communities "to be consulted through appropriate means". Before beginning any extraction project, the State must in good faith and in cooperation with interested parties organize a free and informed prior consultation on the land inhabited by the affected parties, and respectful of their own norms and procedures. (Article 352)...

Nevertheless, these constitutional provisions have been weakened by the Law of the Plurinational Electoral Authority (OEP) that was approved on June 15th, 2010 by the Senate of the National Congress of Bolivia and enacted the following day, June 16th, by President Morales.

Article 6 of the new Electoral Law states that the jurisdiction of the OEP includes the "supervision of prior consultation processes and the observation and support of "community assemblies and councils".

The problem with Evo Morales' government is that it has decided to give into the pressure exercised by Repsol Bolivia SA and other multinationals present in the region of the Bolivian Chaco because of the need to maintain and increase the production of gas, which has been suffering from investment delays of more than four years.

The source of these delays have nothing to do with the indigenous communities from the north of La Paz who are accused of having been financed by USAID, and this is simply because gas production is located in the area of the Chaco, where there are only indigenous Guarani communities, especially in the Original Community Territory (TCO), Itika Guasu, which has been in a long conflict with the Government and the multinationals, dating from at least 1997.

This is simply an attempt to deny legal recognition to the Original Community Territories where there exist gas or petroleum resources, and to authorize YPFB SA to engage in pure and simple expropriation of indigenous lands... There is a general opinion within the MAS, especially in the Ministry of Hydrocarbons and the management of YPFB, according to which the right to prior consultation of indigenous communities should be eliminated. The true intention is to eliminate any obstacle that may limit the activities of the multinationals. This is a case of deregulation of the sector that would allow the multinationals direct intervention through the non regulated control of YPFB SA.

In addition to the amendment to and the limitation of the right to consultation by means of the blatantly irregular Electoral Law, the draft amendment of the Law 3058 in its second version of November 2009 goes much further in pursuit of the practical elimination of the right to consultation, and even guarantees the YPFB the right to expropriation. This bill eliminates from the Hydrocarbons Law the recognition of the Original Community Territories (TCO) and even facilitates the non- recognition in law of the indigenous communities directly affected.

The government is attempting to exploit hydrocarbons in the north of La Paz for the purpose of making money and "building roads, generating petrochemicals, industry, improving the health and education of the people", but certain NGOs are stirring up the indigenous communities of the region and are blocking the "progress of the country using as an excuse the protection of the environment", complained the Vice President Alvaro García Linera a few days ago.

According to the vice ministry of Governmental Coordination, Wilfedo Chávez, the right to prior consultation, recognized by international treaties and by the Magna Carta, is absolutely guaranteed by the State; nonetheless, this right has been wrongly interpreted and must be regulated by law.

Article 25 of the new Electoral Law establishes that it is the competence of the Supreme Electoral Tribunal to register, by direct consultation, the norms and procedures of original indigenous peoples and peasant communities. Therefore, as of now, indigenous communities must report on the mandatory process of prior consultation so that this process becomes verified and legalized by the Law of the Plurinational Electoral Branch (OEP).

Chávez announced that in the processes of prior consultation, the rights of the State as guaranteed by the Constitution would certainly be taken into consideration. This means that while indigenous rights willl be recognised and respected, the rights of the society and economic interests of the State will take preference.

Cerca de las 6 de la mañana del 26 de junio, Roberto Fernández, ex candidato a alcalde de Santa Cruz por el gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS), llegó el lugar donde pernoctó el contingente de marchistas para entregar una carta del ministro de Autonomías, Carlos Romero. En la misiva se hacía conocer la propuesta del gobierno sobre las demandas de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). El presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, anunció que los marchistas entregarán una contrapropuesta al delegado del Órgano Ejecutivo...

Varios legisladores indígenas se declararon en huelga de hambre en apoyo a las demandas de los marchistas. También observan el hecho de limitar en la propuesta de Ley del Régimen Electoral, aprobada en grande la madrugada del 26 de junio en la Cámara Baja, el derecho a la consulta y participación de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos en proyectos extractivos...
El Presidente Evo Morales promulgó una ley reglamentaria que coarta el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados e informados por el Estado antes de la explotación de recursos naturales en sus territorios.

El Artículo 30 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) reconoce el derecho de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos "a ser consultados mediante procedimientos apropiados ... cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles". Antes de iniciar cualquier proyecto extractivo, el Estado debe convocar de buena fe y de manera concertada con la población interesada, a una consulta previa, libre, informada en el territorio habitado por los afectados, respetando sus normas y procedimientos propios. (Art. 352)...

Sin embargo, estos preceptos constitucionales han sido vulnerados por la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) sancionada el 15jun10 por la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgada al día siguiente por el Presidente Morales.

El Artículo 6 de la nueva Ley Electoral señala que son competencias del OEP la "supervisión de los procesos de consulta previa y la observación y acompañamiento de las asambleas y cabildos"...

El problema del Gobierno de Evo Morales es que ha decidido ceder a la presión de Repsol Bolivia SA y otras multinacionales presentes en la región del Chaco boliviano a causa de la necesidad de mantener y aumentar la producción de gas, en la que tiene un retraso de inversiones de más de cuatro años.

El origen de este retraso no tiene absolutamente nada que ver con las comunidades indígenas del Norte de la Paz, que han sido las acusadas de estar financiadas por la Usaid; ello por la simple razón de que la producción de gas se encuentra en la zona del Chaco, donde sólo existen comunidades indígenas guaraníes, especialmente el Territorio Comunitario de Origen (TCO) Itika Guasu, que mantiene un largo conflicto con el Gobierno y las multinacionales, al menos desde 1997.

Lo que se pretende es simplemente no reconocer jurídicamente a las Tierras Comunitarias de Origen en las que exista gas o petróleo y autorizar a YPFB SA a la expropiación pura y dura del territorio indígena... Existe una opinión generalizada en el MAS, especialmente en el Ministerio de Hidrocarburos y en la dirección de YPFB, consistente en que es necesario eliminar el derecho de consulta a las comunidades indígenas.. Se trata en realidad de desregularizar el sector y permitir una actuación directa de las multinacionales a través del control no regulado de YPFB SA.

Además de la modificación y limitación del derecho a consulta por la vía de la Ley Electoral, el borrador de modificación de la Ley 3058, en su segunda versión de noviembre de 2009, va mucho más allá en favor de las pretensiones de eliminar en la práctica el derecho a consulta. Este proyecto de ley elimina de la Ley de Hidrocarburos el reconocimiento a los Territorios Comunitarios de Origen e incluso facilita el no reconocimiento jurídico de las comunidades indígenas directamente afectadas.

Días atrás el Vicepresidente Alvaro García Linera se quejaba de que el gobierno intenta explotar hidrocarburos en el norte de La Paz para ganar dinero y "construir carreteras, generar petroquímica, industria, mejorar la salud y la educación de la gente", pero algunas ONGs soliviantan a las comunidades indígenas de la región y frenan el "progreso del país con la excusa de defender el medio ambiente".

Según el viceministro de Coordinación Gubernamental Wilfredo Chávez, el derecho a la consulta previa, reconocido por tratados internacionales y por la Carta Magna, está absolutamente garantizado por el Estado; sin embargo, este derecho ha sido malinterpretado y debe ser reglamentado mediante ley.

El Artículo 25 de la nueva Ley Electoral establece que son atribuciones del Tribunal Supremo Electoral registrar mediante consulta directa las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Por lo tanto, a partir de ahora los pueblos indígenas deben informar sobre el procedimiento obligatorio de consulta previa para que este proceso sea verificado y legalizado por el OEP.

Chávez anunció que en los procesos de consulta previa seguramente se tomarán muy en cuenta los derechos del Estado garantizados por la Constitución. Eso quiere decir que se reconocerán y respetarán los derechos indígenas, pero se privilegiarán los derechos de la sociedad y los intereses económicos del Estado.

La APG IG informa que entre el 04abr97 y el 05feb10 se han aprobado al menos 20 licencias ambientales en el marco de varios contratos de operación dentro del Territorio Comunitario de Origen Itika Guasu (APG IG).

"Todas esas licencias, señor Presidente, han sido otorgadas, así como los contratos de operación, sin que en ningún caso se haya cumplido con el "derecho a consulta" que nos corresponde como organización indígena reconocida legalmente, pero, además, violando expresamente el derecho de propiedad que nos corresponde como TCO reconocida legalmente."

La APG IG destaca igualmente que ni las empresas ni el Estado han cumplido nunca con la ejecución del contrato firmado oportunamente por la APG IG y la empresa Maxus SA y que corresponde a la operación del pozo X1, por lo que dicha licencia es nula de pleno derecho.

Denuncia también que "en el año 2007 sufrimos un intento de fraude por parte de Repsol España SA que, en su momento, informamos fehacientemente a los ministros de Hidrocarburos y al Vicepresidente del Estado Plurinacional", y que "hace aproximadamente 50 días hemos tenido una vez más un intento fallido de negociación por parte de funcionarios de YPF SA que fungen como representantes de Repsol YPF E&P Bolivia SA sin que hayan aportado hasta el momento los poderes que justifiquen dicha representación, a pesar de haber sido requeridos en este sentido por nuestro departamento jurídico, siendo además que ni siquiera han respondido por escrito en forma legalmente fehaciente".

"En fecha 28 de abril de 2010 hemos recibido una carta de YPFB SA en la que oficialmente se nos informa que dicha empresa no reconocerá jurídicamente a la APG IG y que los problemas con empresas petroleras en nuestra TCO son unilaterales, o sea, que YPFB no prestará cooperación ni auxilio judicial u operativo alguno a nuestra organización dentro de las distintas licencias y contratos de operación que existen actualmente en nuestra TCO".

"Estimado señor Presidente, estos hechos que se encuentran documentados con todas las formalidades jurídicas necesarias por nuestra parte, nos llevan a notificarle que consideramos agotadas las vías administrativas y legales con relación al Gobierno que Ud preside y al propio Estado boliviano y que exigiremos la depuración de responsabilidades que consideremos necesaria.

Weisbrot y otros críticos de la política exterior estadounidense hacia América Latina expresaron preocupación por la renuencia de la administración de George W. Bush a revelar detalles sobre el monto y los beneficiados de la ayuda a sectores en Bolivia.

Bigwood intentó en varias ocasiones obtener datos sobre la naturaleza del actual gasto estadounidense en Bolivia, pero no tuvo éxito. Desde 2005 ha presentado cinco peticiones separadas bajo la Ley de Libertad de Información.

Sin embargo, una de esas peticiones reveló que la semigubernamental Fundación Nacional para la Democracia financió programas que llevaron 13 jóvenes "líderes emergentes" bolivianos a Washington entre 2002 y 2004 para fortalecer sus partidos políticos derechistas.

"No solamente Usaid, sino también otras entidades del gobierno estadounidenses están vertiendo dinero en grupos de la oposición de Bolivia", dijo Bigwood, añadiendo que una gran parte de los fondos están al parecer destinados a "sobornar personas" en ese país...

"No se supone que Usaid deba ser una organización clandestina. Pero al proveer ayuda secreta a grupos de la oposición, deja la impresión de que Estados Unidos está contribuyendo con los esfuerzos para desestabilizar al gobierno boliviano", dijo Weisbrot.

Los sicarios, presuntamente contratados por el prefecto, usaron ametralladoras, escopetas y revólveres para asesinar a un grupo de campesinos en el municipio de El Porvenir, a 30 kilómetros de la ciudad de Cobija, capital del departamento de Pando.

Uno de los trabajadores rurales que estuvo en ese puente cuando comenzó la balacera contra gente indefensa, testimonió que ellos marchaban desarmados, pero de pronto escucharon los disparos y algunas personas comenzaron a caer heridas de muerte.

Francotiradores ubicados en las copas de los árboles dispararon sobre la multitud sin importar que también se encontraban niños, mujeres y ancianos confundidos entre los campesinos... "Estábamos desarmados, no como dicen ellos. Nos detuvieron a unos siete kilómetros antes de Porvenir y luego nos atacaron cuando avanzamos a la altura del puente nos emboscaron y comenzaron a disparar con ametralladoras automáticas", relató el testigo, apesadumbrado por la muerte de al menos 10 de sus compañeros, ya que hasta el viernes 12 de septiembre se reportó un número indeterminado de desaparecidos...

Ya en septiembre de 2006, la entonces ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, denunció que el prefecto Leopoldo Fernández entrenaba en Cobija al menos a un centenar de paramilitares, bajo la fachada de conformar una fuerza "para seguridad ciudadana".

Aunque Fernández negó veracidad a esa denuncia, de la que Muñoz tenía fotografías y grabaciones de video probatorias, el jefe de Seguridad Ciudadana de la Prefectura de Pando, Alberto Murakami, admitió el entrenamiento de civiles...

La profesora del municipio de Filadelfia, Karina Escalante Guerra, dijo que llegaron a esa población, cercana al lugar de la masacre, campesinos heridos que lograron huir de la matanza metiéndose en el monte y cruzando ríos. Agregó "Porvenir está a dos horas a pie de Filadelfia, los que escaparon llegaron por monte y por el agua desesperados. Nosotros queremos pedir al Gobierno de una vez actúe, tenemos amenazas de que vienen a quemar la Alcaldía, quieren al Alcalde, yo no sé qué hace este Gobierno, por qué no manda de una vez a las Fuerzas Armadas".

"La gente está desesperada y llorando, porque los heridos de parte de nuestra gente están siendo amenazados por los cívicos para ser sacados del hospital y atacarlos"...

En el caso de Santa Cruz éstos se dirigieron específicamente contra indígenas, negros, campesinos pobres y sus instituciones.

Fueron saqueadas y destruídas sedes de organizaciones relacionadas con la actividad indígena, como la Coordinadora de Pueblos Étnicos, la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia y el Cejis.

Estos actos fueron realizados con el apoyo de la Prefectura del Departamento y de la Alcaldía Municipal utilizando vehículos oficiales y en forma totalmente organizada, eliminandose así toda posibilidad de ataques descontrolados.

En el caso de la Coordinadora de Pueblos Étnicos fueron identificados Fernando Chiqueno, Carmelo Justiniano, Antonio Surubí y Amalio Siyé, quien al frente de un grupo organizado de unos 40 jóvenes saquearon muebles, equipos de computación, equipos de grabación y musicales, ropas y enseres. Después, con los documentos y los muebles hicieron una gran fogata incendiándolo todo. Además saquearon puertas, ventanas, protectores y destruyeron por completo todos los techos de las oficinas.

De todos estos hechos son penalmente responsables el Prefecto del Departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, el Alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández y el Presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic.

Pero una violencia menos conocida han sido los ataque nocturnos que duraron hasta bien entrada la madrugada y que se repitieron sistemáticamente durante varios días con la finalidad de atacar a los habitantes de un barrio muy conocido en la ciudad, el Barrio Plan 3000.

Durante la visita, la Comisión recabó información y testimonios que constatan la continuidad de la problemática de la servidumbre por deuda y trabajo forzoso en el Chaco boliviano, así como el agravamiento de la situación del pueblo guaraní en esta región desde la última visita de la CIDH en noviembre de 2006. La delegación observa que la situación de servidumbre y trabajo forzoso en la que viven las familias del pueblo guaraní es una manifestación extrema de la discriminación que históricamente han sufrido y continúan sufriendo los pueblos indígenas y comunidades campesinas en Bolivia...

La CIDH también observó que las familias guaraníes en situación de servidumbre o trabajo forzado viven en la extrema pobreza y son sometidos a castigos como "huasqueadas" (latigazos), quema de sus cultivos y muerte de sus animales. Adicionalmente, en el Alto Parapetí la Comisión verificó la existencia de trabajo infantil, prohibido por leyes nacionales y tratados internacionales ratificados por el Estado boliviano. Todo esto ocurre en un marco de impunidad debido a la ausencia casi total del Estado nacional en la región del Chaco y el inefectivo actuar de la Fiscalía. Esta impunidad fomenta la repetición de prácticas incompatibles con los derechos humanos.

En este sentido, la CIDH insta al Estado a aumentar su presencia institucional en el Chaco boliviano a fin de garantizar el acceso al ejercicio de los derechos fundamentales de estas comunidades. El Estado debe diseñar estas políticas en consulta con los pueblos indígenas, asegurando que sean compatibles con su cosmovisión e identidad cultural.

La organización indígena guaraní envió dos cartas a dicha multinacional. Fueron enviadas como documento público a través de un trámite realizado ante un notario de Madrid, España.

La carta más importante se dirigía al Secretario General del Consejo de Administración de la multinacional de capitales hispanoargentinos, Repsol YPF S.A., pidiendo una información que es la mínima necesaria para poder decir que existe una interlocución jurídicamente válida por parte de la mencionada empresa, básicamente el "Nombre y datos de contacto de la persona que tenga poder suficiente para la representación legal (Asuntos Jurídicos) de Repsol YPF S.A. con relación a las inversiones en la República de Bolivia..."

Lo increíble de la situación es que a pesar de que la información solicitada no debería suscitar suspicacia alguna por parte del Consejo de Administración de la multinacional argentino española, lo cierto es que desde la notificación de recepción de la misma, según el documento notarial al que ha tenido acceso Radio Nizkor, la empresa ha dado la callada por respuesta.

En este comunicado, la APG informa que "REPSOL YPF S.A. no respeta las leyes nacionales e internacionales porque opera en nuestro territorio Itika Guasu sin considerar el cumplimiento de los derechos indígenas".

"REPSOL YPF S.A. no demuestra buena fe, prueba de ello, es que desde el 29 de octubre de 2007 esperamos que Don Luis Suárez de Lezo Mantilla, quien funge como General Counsel ED Legal Affairs & Secretary of the Board, Member of the Delegate Comittee, Executive Director of REPSOL YPF S.A., nos responda las preguntas de la Carta Notarial presentada en Madrid donde demandamos saber: [...] Nombre y datos de contacto de la persona que tenga poder suficiente para la representación legal (Asuntos Jurídicos) de Repsol YPF S.A. con relación a las inversiones en la República de Bolivia, sea ésta integrante de la estructura funcional de REPSOL YPF S.A. o integrante de un despacho jurídico con mandato de Repsol YPF S.A. para las cuestiones relacionadas con las inversiones en la República de Bolivia.

La decisión fue tomada a un año de la promulgación de la Ley No. 3545, de reconducción comunitaria de la Reforma Agraria. Esta Ley fue aprobada el 28 de noviembre de 2006 gracias a la movilización de las organizaciones indígenas y campesinas que protagonizaron la quinta marcha indígena hacia La Paz.

El decreto aprobado para la expropiación de tierras señala que "a lo largo de la historia el Pueblo Indígena Guaraní ha sido despojado de sus tierras y territorios, sin que la Reforma Agraria ni la aplicación de la Ley No. 1715 de 18 de octubre de 1996, hayan reparado esta realidad". Esta situación imposibilitó, agrega, a este pueblo contar con las condiciones necesarias y el espacio físico suficiente para el desarrollo de su identidad, cultura e instituciones.

El decreto beneficia a todas las comunidades que forman parte de las Tierras Comunitarias de Origen Itikaraparirenda, Asociación Comunaria "Zona Huacareta", Tentayapi, Asociación Comunitaria "Zona Machareti" y Avatiri Ingre.

En dicho comunicado, la APG IG informa acerca del desarrollo del proceso de negociación y expone que "El Pueblo Guaraní de Itika Guasu ha sido empujado por REPSOL YPF a una situación que sólo puede ser considerada como de abuso de derecho". La APG IG dice esto "porque la multinacional ha ofrecido 'apoyar' el Plan de Desarrollo Guaraní a cambio de que el pueblo guaraní olvide el pasado y resigne cualquier pretensión de que se haga justicia. Además, REPSOL YPF propone al pueblo guaraní que también tenga que olvidarse del futuro, ya que, a pesar de que los 13,5 millones no son considerados como compensación por REPSOL YPF, sí deben ser considerados como compensación por la APG IG por los daños futuros". Los 13,5 millones de dólares serían el apoyo que la empresa efectuaría al Plan de Desarrollo Guaraní a lo largo de 20 años.

Es por eso que la APG IG considera que "Repsol YPF con su nueva propuesta, desconoce cuatro aspectos básicos del valor jurídico que tiene para la APG:

1. La autonomía de la APG, es decir, que el Plan de Desarrollo Guaraní sólo puede ser implementado y administrado por el propio pueblo guaraní, sin intermediación ni mediación de parte de Repsol YPF.

2. La propiedad de la TCO, Repsol YPF pone en duda nuestra posesión ancestral del territorio guaraní, por lo que es condición fundamental que Repsol YPF reconozca sin lugar a dudas la propiedad de nuestro territorio de Itika Guasu.

3. La necesidad del aval de la casa matriz, porque el acuerdo entre la APG ltika Guasu y la empresa Repsol YPF tiene que ser con España

4. Finalmente, las garantías financieras porque se trata de un convenio de largo plazo."

"La propuesta de la empresa Repsol YPF E&P Bolivia S.A. ... parte de varios supuestos que, no sólo no son aceptables, sino que ponen en duda el principio de 'buena fe' que es el único que permite una negociación entre dos partes... La propuesta de la empresa hispano argentina no parte del principio de igualdad entre partes" y, "si la APG IG aceptara las condiciones de Repsol YPF E&P Bolivia S.A., renunciaría a toda indemnización por daños pasados y futuros, incluidos los de contaminación, durante el período de 20 años, tiempo de duración del eventual acuerdo."

"La propuesta de Repsol YPF E&P Bolivia S.A. desconoce en forma arbitraria el derecho internacional e incluso el propio manual de Responsabilidad Social Corporativa de Repsol YPF S.A.... [D]esconoce la Ley Agraria vigente en Bolivia y pone en duda cierta los derechos de propiedad de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) del pueblo guaraní; por lo tanto, se puede decir que desconoce los derechos indígenas sobre la propiedad de la tierra..."

"En definitiva, creemos que es necesario solidarizarse con las comunidades indígenas guaraníes representadas por la APG IG en el rechazo a esta propuesta de contrato con la Repsol YPF E&P Bolivia S.A., y además, acompañarlas y apoyarlas en el negativo escenario en que les ha colocado este tipo de política empresarial que no tiene justificación alguna..."

Es desde febrero del 2006, que la APG IG viene demandado al gobierno boliviano y a la empresa transnacional REPSOL YPF un cambio de actitud que garantice la no violación de los derechos indígenas, demandamos esto, porque REPSOL YPF no cuenta con políticas que salvaguarden nuestros Derechos Humanos.

En Mayo de 2006, representantes de la APG IG han sostenido reuniones con representantes de REPSOL YPF en Madrid y representantes del gobierno español como del poder legislativo español, presentando de manera pública los resultados del Monitoreo Indígena Independiente, en el que se evidencian los daños sociales, ambientales y culturales que provoca REPSOL YPF en nuestro territorio, al no regirse a normas y estándares internacionales.

Pero dados los antecedentes del presidente George W. Bush, los observadores no confían en que un diálogo así vaya a formalizarse.

Su triunfo "no sólo es un estímulo al movimiento indígena de Ecuador, sino también al de Perú. A corto plazo, la teoría del cerco que pregona el Pentágono (ministerio de Defensa de Estados Unidos) se transformará en un cerco contra Colombia", dijo a IPS el politólogo Alberto Garrido, catedrático de asuntos internacionales en la venezolana Universidad de Los Andes.

Se trata de más de 600 familias campesinas pobres y sin tierra, que han solicitado oficialmente una Dotación Extraordinaria de tierras, la cual se está viendo obstaculizada mediante actos administrativos, denuncian, no conforme a derecho.

La Dirección Nacional de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia -CIDOB-, conjuntamente con la Dirección Nacional de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Central de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba, los Capitanes de las Capitanías Comunales de la APG y comunarios guaraníes, informa que desde el inicio hace más de 10 días del bloqueo de la carretera Santa Cruz-Camiri en la localidad de Tatarenda Viejo (Dpto. De Sta. Cruz), más de 350 Guaraníes hombres y mujeres, niños y ancianos, han soportado las inclemencias del tiempo y la escasez de alimentos.

Denuncian también que el gobierno cada día prometía enviar una comisión de gobierno a dialogar y consensuar sobre las demandas de las comunidades, sin que ninguna de las cartas e invitaciones tuviera visos de seriedad.

En ese contexto, el 18 de septiembre de 2005 en torno a las 7:00 de la mañana fueron reprimidos violentamente por más de cuatrocientos policías y militares, según las informaciones recibidas...

El proceso agrario actual nace con la ley INRA aprobada en 1996 con dos pilares fundamentales: la clarificación de los derechos agrarios (saneamiento de tierras) y la titulación de tierras comunitarias de origen a favor de pueblos indígenas.

Transcurridos casi nueve años de ejecución del saneamiento de tierras, con una inversión de 87 millones de dólares, los resultados alcanzados son frustrantes...

Se presentaron 56 demandas de tierras comunitarias de origen en tierras bajas por una superficie de 22.1 millones de hectáreas, titulándose 5.4 millones de hectáreas, representando un 19% del total.

Dos murieron, el padre Emilio Ucieda y el hijo Mario Ucieda, mientras el hermano mayor, Edgar Ucieda, se encuentra en estado de shock en un hospital de Argentina.

Las víctimas prendieron un cigarrillo para ahuyentar a los mosquitos, cerca al pozo petrolero Surubi D, ubicado a 300 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, y el gas incendió toda la superficie y 50 metros en su alrededor.

Los técnicos de REPSOL han prometido que 'un equipo especializado en accidentes investiga las causas del accidente'.

Con el fin de hacer frente a estas prácticas y hacer una denuncia a nivel nacional e internacional, el 22jul05 , una comisión interinstitucional de la sociedad civil de Cochabamba realizó una inspección al Pozo Surubi D, la cual constató que, siendo el venteo de gas una actividad ilegal que pone en riesgo la población, Repsol no sólo ventea (ya que se verificó que la emisión de gas continúa), sino que lo hace al exterior del espacio perimetral resguardado, por lo tanto, el trágico desenlace, sólo era cuestión de tiempo.

... Como resultado de nuestro trabajo ASPROGOAL [Asociación de Productores de Goma y Almendras], ha solicitado públicamente la expulsión del CEJIS de Riberalta, porque ven el accionar de la institución como un obstáculo que amenaza sus intereses y privilegios, que han mantenido en desmedro de los indígenas, campesinos, zafreros y fabriles que por muchos años han sido sometidos en condiciones servidumbrales..."

Por otra parte, el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos ha alertado también de las intimidaciones y hostigamientos a que se ven sometidos los miembros del CEJIS, a partir especialmente del asalto y saqueo llevado a cabo contra esta organización en Riberalta, Departamento del Beni.

El 5 de enero de 2005, hacia las 10h30 de la mañana, un grupo de más de 30 personas armadas, conocidas como barraqueros, y dirigidas según las denuncias, por los Sres. Arturo Vidal Tobías, Rosario Oyola y Eva Bersatti, todos dirigentes de la Asociación de Productores Agrícolas y Forestales (ASAGRI), ingresaron violentamente en las oficinas del CEJIS en Riberalta y, bajo amenazas de muerte, saquearon la misma, extrayendo materiales de escritorio, libros, teléfonos, fax, así como la radio de comunicación, las computadoras, etc.

Nota técnica:

El proceso de almacenamiento, edición y post edición ha sido realizado con medios informáticos propios de Radio Nizkor.

La puesta on line se hace con ficheros en formato MP3 y Realplayer, ambos en calidad equivalente a CD Rom.

En el caso de ficheros de sonido que resulten muy grandes para su reproducción on line, puedes solicitar que se te envíen por vía postal ordinaria almacenados en un CD ROM en ambos formatos.

En ese caso, el precio de distribución será el del costo de producción para organismos de derechos humanos, radios comunitarias y alternativas, más el coste del correo postal.