"El 31oct12, un abogado representante de Miguel Facussé e Irene Castro y ex Fiscal Contra la Corrupción, interpuso querella contra Andrés Pavón, Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), en los Tribunales de Tegucigalpa, bajo los tipos penales de calumnia y difamación. Esto como consecuencia del asesinato del Abogado Antonio Trejo y del ambientalista y defensor de derechos humanos Carlos Escalares. Trejo era el representante del Movimiento de Auténtico Reivindicador de Campesinos del Aguán (MARCA).

Ésta es la segunda querella que presenta el terrateniente Miguel Facussé en este año contra el Presidente del CODEH...

El 10dic10 el Presidente del CODEH, Andrés Pavón Murillo, presentó solicitud de requerimiento fiscal contra el Señor Miguel Facussé Barjun por los crímenes ocurridos contra campesinos en el Aguán.

Lo siguiente es parte de la relación de hechos que se enumeran en el escrito: "En el mes de septiembre de 2009 se registran los primeros asesinatos utilizando prácticas no habituales en las aéreas rurales en donde se registran conflictos agrarios, caso particular en la Zona del Aguan, los campesinos denuncian la presencia de colombianos en la zona y de hombres que usan armas de grueso calibre como AK.47, R 15, escopetas, utilizan vehículos y motocicletas, pasamontañas y demás indumentaria que demuestra la estructuración de grupos armados actuando al margen de la ley, estos grupos al servicio del Grupo DINANT y OLEOPALMAS, una de sus practicas es cometer crímenes sumarios, estos hombres utilizan sus armas de manera indiscriminada y con total impunidad, llegan hasta las fincas de campesinos organizados y proceden a realizar emboscadas y asesinatos selectivos. La búsqueda de justicia motiva hoy al CODEH a solicitar requerimiento Fiscal contra el terrateniente Miguel Facusse Barjun y Rene Morales Caraso, este último de origen Nicaragüense..."

En el 2009 fueron asesinados Melvin Enrique Larios Cruz y Oscar José Rodríguez Valdez; ambos estaban afiliados a la Empresa Asociativa Campesina "Unión Catracha", del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguan (MUCA). En 2010 fueron asesinados al menos 12 campesinos más.

"Con los medios de pruebas que presentamos, en los casos ocurridos el 2010, se puede subsumir que el asesinato fue una emboscada montada por hombres armados que responden a las órdenes de Miguel Facussé Barjun...

El 22 de Septiembre de 2012 es asesinado el abogado Antonio Trejo, su muerte es típica de un acto criminal ejecutada por sicarios, el abogado Trejo había presentado denuncia ante el CODEH, en la que responsabiliza que en caso ocurrir un atentado contra su vida a Miguel Facussé Barjun y a otros terratenientes de la palma africana en el Aguán...

El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), pone en conocimiento que nuestra organización ha sido alertada de un supuesto plan para asesinar a conocidos luchadores por la tierra y defensores de derechos humanos, que los medios de prueba de este acto criminal están en poder de organismos del Estado y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, igual cooperantes y que miramos con poca confianza las diligencias de evacuación de la investigación, en este caso, por parte del Ministerio Público..."

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), denuncia el brutal desalojo de una protesta campesina y la violenta detención, el 21ago12, de 25 hombres y 2 mujeres que fueron apresados y sometidos a crueles vejámenes y amenazas graves (entre ellas la desaparición forzada), si continúan ejerciendo su derecho a la protesta pacífica. La indefensión en que se encuentran es tal que se solicitó la exhibición personal ó Hábeas Córpus por tratarse de una detención ilegal.

Los campesinos del Bajo Aguán se manifestaban en Tegucigalpa frente a la Corte Suprema de Justicia pidiendo que se juzgue con imparcialidad el caso que afecta a campesinos del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán ("MARCA") y los terratenientes Miguel Facussé y René Morales. Estos terratenientes obtuvieron en apelación la revocación de un fallo que en 1ª instancia fue favorable a los campesinos y que anulaba las escrituras de supuesta propiedad de Miguel Facussé y de René Morales por comprobarse que eran falsificadas.

Entre los detenidos se encuentran el Presidente de la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños (ANACH), un abogado representante de los campesinos (Antonio Trejo) y dos dirigentes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).

La integridad física de los detenidos está en peligro y éstos, según informa COFADEH, permanecen incomunicados desde las 22h00 del 21ago12 en la Policía Metropolitana Número Uno, en otra acción que violenta toda norma legal pues momentos antes se había firmado un acta de conciliación en el Distrito Policial Número Cinco, el mismo martes 21 de agosto.

La brutal represión de los manifestantes fue ejecutada por la policía antimotines de la Policía Nacional, a cuyo frente se encuentra desde el 21may12 Juan Carlos Bonilla Valladares "El Tigre"; el pasado de "El Tigre" en relación con la dirección de escuadrones de la muerte está obstaculizando parcialmente, y de momento, la ayuda para asistencia militar y seguridad que Estados Unidos concede a Honduras...

El pasado 18jul12, Organizaciones Campesinas del Aguán habían denunciado en conferencia de prensa que los terratenientes Miguel Facussé Barjum y René Morales Carazo a través del tráfico de influencias, el poder económico y en actuaciones reñidas con la ley, la justicia y el derecho han obtenido órdenes de desalojo ilegales contra las cooperativas San Esteban, San Isidro, Despertar y la Trinidad, quienes son los propietarios conforme a derecho de las tierras que habitan, tal y como ratificó la justicia tras casi 20 años de procedimiento judicial.

El Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán, MARCA, emitió un comunicado en el que denuncia actos de corrupción, tráfico de influencias, prevaricato y abuso de autoridad de parte de las autoridades judiciales de las Cortes Primera y Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán y de la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba.

Según el MARCA, los magistrados admitieron de forma ilegal recursos de amparo presentados por los abogados de los terratenientes, revirtiendo de esa manera las sentencias firmes y ya ejecutadas que el pasado 29jun12 posesionaron a las familias del MARCA de tres fincas (San Isidro, El Despertar y La Trinidad), cuya propiedad venían reclamando en los tribunales desde 1994.

Esa decisión, que se dio cuando las Cortes estaban de vacaciones, en días y horas inhábiles y tras haberse agotado el plazo procesal para presentación de recursos (y en el caso de la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, además, en violación de su jurisdicción territorial), abrió la puerta a nuevos desalojos forzosos que podrían desembocar en más derramamiento de sangre.

De hecho, el pasado 18jul12, cientos de campesinos se reconcentraron en la entrada de la finca San Isidro, para impedir que efectivos del ejército y de la policía cumplieran con una amañada orden de desalojo, que estaba siendo ejecutada por el juez Danilo Riera Aguilar, quien se desempeña también como guardia de seguridad del mismo Facussé.

En los últimos dos años y medio, el conflicto agrario del Bajo Aguán ha dejado un saldo de 51 campesinos asesinados y otro campesino desaparecido...

"Prominent academics and activists say one of the main pending challenges in Honduras is a resumption of the demilitarisation of the country and the strengthening of civilian control over defence policy that was brought to an abrupt halt by the June 2009 coup d'etat.

The effects of the June 2009 ouster of president Manuel Zelaya by a military commando that flew him – still in his pyjamas – to Costa Rica were so profound that, according to former defence minister Edmundo Orellana, 'the military believe that the country is at their service, rather than the other way around'.

'Since the coup, we have returned to an ignominious past, and we have seen former members of the military, who still have strong ties to the armed forces, taking over key enterprises and institutions that had been removed from their control. This highlights the weight of Honduras' militaristic past,' said Orellana, who is also a former attorney general.

Orellana, who was defence minister under Zelaya, had resigned a week before the coup because of discrepancies over the growing public presence and visibility that the president was actually giving the military...

The former minister, along with a number of academics and civil society organisations, is drafting proposed constitutional reforms aimed at eliminating the military tutelage enshrined in the constitution, and at bringing about changes in society's relations with the military.

The project, "Fortalecimiento de la conducción civil de la defensa y del control civil sobre las Fuerzas Armadas" (Strengthening civilian leadership in defence and civilian control over the armed forces), is led by the Honduran Documentation Centre (CEDOH)...

Sociologist Leticia Salomón, an expert on military and security issues, said the main challenge is the demilitarisation of the country... The proposed reforms would also be aimed at bringing about changes in the country's political culture, to leave behind the idea that 'defence issues, as well as police matters, must be left up to the military,' said Salomón, who quoted a popular saying: 'it's best to keep the military happy'...

The proposed reforms would abolish the military's role as enforcer of alternation in power, as established by the constitution, and as guarantor of elections, in charge of transporting and guarding the ballot boxes.

Opposition lawmakers are now waiting for the CEDOH-led draft reform proposals to reach the legislature, to begin to break down the myth 'that the military are untouchable...'"

"Reasserting effective civilian control over the Honduran armed forces, after a coup that overthrew President Manuel Zelaya in June 2009, will require constitutional reform and a greater grasp by society on defence issues.

This is the view of academics, analysts and retired military officers, according to whom the time has come to put a stop to the 'remilitarisation' of society. The political leadership 'has neglected' the issue and has left 'sensitive and vital areas to the military,' said Víctor Meza, interior minister under Zelaya.

Meza, now head of the Honduran Documentation Centre (CEDOH), a think tank, said addressing these issues in the context of the post-coup crisis is still a sensitive area 'but Honduras must embark on a process of democratic reconstruction, in which the armed forces must be less authoritarian, more subordinate and more accountable.'

CEDOH is promoting a project for debating and proposing policies to strengthen civilian control of the armed forces and defence matters in Honduras, in order to put them on the public agenda and contribute academic knowledge...

In the view of sociologist Leticia Salomón, an expert on military affairs, to make this leap the country needs a new political leadership and a more active citizenry, because 'the proposals and criticisms put forward in the past have fallen by the wayside.'

Salomón said that the redefinition of the role of the military must include changing the terms of reference of the armed forces, which include serving as border guards, arbiters of political power and of social conflicts, forest rangers, guarantors of public safety, and serving the private interests they 'supported with the coup d'état.'

One of the cornerstones of the proposals for change is closer monitoring of the defence budget, to improve accountability... [A]ccountability is central to the new proposals, together with subordination of the military to democratic institutions, and making the Defence Ministry an effective means of civilian control instead of filling the largely decorative role it has today."

The de facto veto power that the military exercised with the toppling of president Manuel Zelaya in June 2009, effectively blocks any possible political or electoral reforms.

That was made clear once again when the head of the Supreme Electoral Court, David Matamoros, made an about-turn after saying the Court was studying the possibility of removing from the military the task of transporting and guarding the ballot boxes during elections.

Matamoros said that the armed forces were given that role in the 1982 constitution because the country was heading towards democracy after years of dictatorship, and that 'now we believe that it is no longer necessary, and, like in other countries, should fall within the jurisdiction of the Supreme Electoral Court. For that reason it is now part of the reforms we are proposing.'

But the story changed a few days later. After a meeting between the Supreme Electoral Court judges and the heads of the armed forces and Defence Minister Marlon Pascua of the governing right-wing National Party, Matamoros said his remarks had been misinterpreted. The new version is that the Supreme Electoral Court will seek to 'expand' the functions of the military, including the possibility of allowing members of the armed forces to vote. (Neither soldiers nor the police vote in Honduras)...

Experts said the military's growing role in the public sphere is one of the most painful consequences of the Jun. 28, 2009 coup d'état, when Zelaya was taken from his house at gunpoint and put on a plane to Costa Rica, still in his pajamas, and Roberto Micheletti was named president...

Francisco Rojas Aravena, director of the Latin American Faculty of Social Sciences (FLACSO), said there is an urgent need to review the military's role in democracy, and added that "weak governance and the dearth of public policies aimed at reducing inequality and poverty fuel, to some extent, coups d'état.

"Leaving in place constitutional articles that are cast in stone also paves the way for recurrent crises," said the Chilean academic.

There are at least seven articles in the Honduran constitution that cannot be modified. They include a prohibition of consecutive terms for presidents and of holding a constituent assembly to rewrite the constitution. (To amend the constitution, the vote of two-thirds of all members of parliament at two consecutive regular annual sessions are needed.)...

For his part, sociologist Eugenio Sosa stressed that the role played by the military in "democracy-building processes" should be reviewed 'so they can no longer veto or arbitrate' in public life...

[T]he armed forces should be downsized in accordance with the real needs of the country, and in order to do that, they must lose their power of veto..."

"As the Honduran Congress prepared to vote in January 2010 on an amnesty for both sides in the conflict triggered by the Jun. 28 coup in which President Manuel Zelaya was overthrown, the country's top military chiefs have been charged with "abuse of power" for their role in the ouster.

Attorney General Luís Rubí filed arrest warrants on Januay 6th, 2010 for armed forces chief of staff General Romeo Vásquez, Air Force commander Venancio Cervantes, Navy chief Luis Javier Priand and two other top generals for having Zelaya removed from his home at gunpoint and put on a plane to Costa Rica, still in his pajamas.

They also face charges of illegal expatriation of a Honduran citizen...

Although Zelaya's removal was widely condemned by the international community, including the Organisation of American States (OAS), the European Union and the United States, the coup government headed by de facto President Roberto Micheletti - who was next in line for the presidency, as head of Congress - argue that it was part of a constitutional transfer of power...

Legal expert Roberto Velásquez said the charges against the military chiefs simply pave the way for them to be covered by the political amnesty expected to be approved by Congress next week.

The requirement of an amnesty for political crimes was dropped from the U.S.-brokered agreement signed by the two sides in late October to put an end to the political conflict...

The analyst, who pointed out that the amnesty was rejected in the negotiations by both Zelaya and Micheletti, said the issue 'has emerged again in response to pressure by the international community to create a kind of 'forgive and forget' mentality in the country that would allow the new government of president-elect Porfirio Lobo to initiate a process of internal reconciliation and international recognition'...

The question of a political amnesty has generated controversy in this Central American country for fear that it could be used to cover crimes like corruption, abuse of authority and violations of human rights and free speech...

The charges against the military chiefs coincided with a two-day visit by U.S. Deputy Assistant Secretary of State for Western Hemisphere Affairs Craig Kelly, sent to Honduras to press for efforts to implement the agreement signed by the two sides in October..."

"The demilitarisation process that got underway in Honduras 15 years ago was buried on Jun. 28 when more than 100 soldiers surrounded President Manuel Zelaya's home, pulled him out of bed at gunpoint and sent him into exile. Now the armed forces are making no effort to conceal their interest in political protagonism.

After breaking their silence and offering statements to just about any media outlet that crossed their path, in order to justify their role in Zelaya's ouster, the military brass have not beat around the bush, saying the country has entered 'a new era,' and that the armed forces are an essential pillar in the country's power relations...

The armed forces held the real power in this Central American country in the 1970s, 1980s and early 1990s, when the traditional political elites would knock on the doors of the barracks for approval for decisions to be taken. But a demilitarisation process began in 1994.

But the late Liberal Party President Carlos Roberto Reina began to undertake a demilitarisation process during his 1994-1998 term, abolishing compulsory military service and sending soldiers back to the barracks – measures that earned him intimidation and even two bomb attempts on his life, which were never clarified.

The active participation of human rights and women's groups, as well as factions of the media and private enterprise, was decisive in that process.

But it appears today, said Political scientist Ernesto Paz, that the armed forces once again enjoy 'veto power' in Honduras.

The analyst said the coup 'has not only damaged our democracy, but also represents an extremely serious setback to the demilitarisation process'...

Zelaya actually helped boost the military's growing presence on the public scene. Since the start of his government in 2006, he gave them authority normally enjoyed by civilians, putting for example the temporary management of the state power utility in their hands, and giving them unprecedented visibility in the media by inviting officers to accompany him in a range of public activities, from concerts and trips to scuba diving sessions. He also considerably expanded the defence budget and incorporated them into tasks usually done by civilians..."

"La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la CIDH), condena el homicidio del comunicador hondureño Medardo Flores, colaborador del Frente Amplio de Resistencia Popular, ocurrido el 8 de septiembre en la comunidad de Blanquito, Puerto Cortés.

La Relatoría Especial exhorta al Estado a realizar una investigación diligente y exhaustiva que dé especial atención a la hipótesis criminal según la cual el crimen cometido pudo tener origen las actividades periodísticas y políticas del comunicador...

Medardo Flores es el cuarto comunicador asesinado en Honduras en 2011 y es, al menos, el décimocuarto desde el golpe de Estado de julio de 2009 cuyas muertes no se han esclarecido y podrían tener relación con el ejercicio de la profesión.

Para la Relatoría Especial es imprescindible que el Estado hondureño demuestre con acciones concretas e investigaciones efectivas su compromiso en la prevención de estos crímenes, la protección de los periodistas en riesgo y la lucha contra la impunidad de los asesinatos reportados.

En este sentido, la Relatoría Especial reitera su preocupación por la ausencia de avances significativos para esclarecer los asesinatos cometidos contra comunicadores desde 2009. En todos estos casos es obligación del Estado adoptar todas las medidas necesarias para identificar la causa de los homicidios sin descartar de manera arbitraria la hipótesis según la cual la actividad profesional de los comunicadores asesinados pudo ser la causa de los mismos.

Como resultado de las investigaciones, el Estado debe identificar a los responsables, juzgarlos y sancionarlos, así como garantizar la reparación adecuada a los familiares de las víctimas..."

The Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the Inter-American Commission on Human Rights condemns the murder of Honduran community journalist Medardo Flores, contributor of the Broad Popular Resistance Front (Frente Amplio de Resistencia Popular) which took place on September 8, 2011, in Blanquito, Puerto Cortés.

The Office of the Special Rapporteur urges the State to conduct a prompt, diligent and thorough investigation which gives special attention to the possibility that the crime was connected to the victim's journalistic and political activities...

Medardo Flores is the fourth media worker killed in Honduras in 2011 and, at least, the 14th murdered since the coup d' Ètat, in June 2009, with regard to which authorities have not ruled out a connection to the practice of journalism.

The Office of the Special Rapporteur believes it is essential that the Honduran State demonstrate its commitment to the fight against impunity through concrete action and effective investigations, and through the protection of media outlets and journalists.

The Office also reiterates its concern over the lack of significant progress in solving the 14 murders of media workers committed since 2009. In all these cases, it is the obligation of the State to adopt all necessary measures to identify the motive of the crime without arbitrarily dismissing the possibility that the media worker’s professional activity led to the murder.

As a product of the investigations, the State should identify and prosecute those responsible, punish them where appropriate, and guarantee adequate reparation to the victims' family members..."

"Antes de la breve pausa con aparente estabilidad hoy jueves 31 de marzo, por el conversatorio entre el Congreso Nacional y la dirigencia de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), la ciudadanía ha padecido el peor período de violaciones a sus derechos humanos. Un estado de emergencia, sin duda, que implica a la policía y al ejército del régimen de facto que dirige el país...

Todavía muy insuficiente la mirada de la comunidad mundial sobre la crisis generada por el golpismo en el país, pero es clave para hilvanar soluciones institucionales que generen consensos sociales y políticos mínimos para transformar el país...

En las diferentes regiones geográficas del país las manifestaciones de la población en general, en solidaridad con la resistencia magisterial que defiende la educación pública gratuita, fueron reprimidas con uso excesivo de fuerza, incumpliendo especificaciones de Naciones Unidas para el uso de armas no letales.

El Paro Cívico Nacional convocado por el Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, ha dejado un balance trágico...

En San Pedro Sula, cabecera del departamento de Cortés, la hija de la ex diputada por el Partido Unificación Democrática, Silvia Ayala, fue herida durante el violento desalojo de estudiantes del Centro Universitario del Valle de Sula, donde también hubo decenas de estudiantes y docentes detenidos...

En los municipios de Santa Cruz de Yojoa, Potrerillos, La Lima y Choloma, Cortés, hubo 43 personas detenidas por participar en el Paro Cívico, siendo liberadas de las postas policiales hasta entrada la noche de ayer miércoles, con señales de golpes en algunos casos y testimonios de insultos y frases discriminatorias...

Durante el Paro Cívico convocado el miércoles 30 de marzo por el FNRP fue muerto un hombre en la comunidad de Planes, municipio de Tocoa, en el norte del país, como consecuencia de la disolución forzada de las manifestaciones por la Policía y los militares, utilizando balas vivas contra la población... En ese mismo lugar, ubicado cerca de la zona conflictiva del delta del río Aguán - escenario de frecuentes disputas por la tenencia de la tierra - fueron heridas de bala 11 personas incluyendo labriegos, educadores y supuestamente policías... ambién se reportó la detención de ocho personas que fueron trasladadas a la Jefatura Policial de Sabá.

En Tegucigalpa, ciudad capital de Honduras, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nuevamente fue blanco de las fuerzas combinadas de la policía y el ejército, con centenares de bombas lacrimógenas lanzadas al interior del campus, desde donde reaccionaron los estudiantes lanzando piedras...

En la sede del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, COPEMH, agentes policiales de inteligencia intentaron plantar evidencia contra esta organización magisterial al "descubrir" y reportar al Ministerio Público una caja de bombas molotov depositadas en el basurero público próximo a la sede. La coordinadora general del COFADEH, Bertha Oliva, calificó la acción como una pre-fabricación de evidencias para despojar a la organización de su personalidad jurídica...

En Nacaome, cabecera del departamento de Valle, también la policía y el ejército lanzó una cruenta represión con gases lacrimógenos al interior de viviendas en las que se encontraban niños y niñas... Un bebé de dos meses de nacido fue trasladado con cuadro de asfixia a un centro asistencial después de sortear a la policía que impedía a sus padres prestarle auxilio...

Es urgente que el mundo vuelva sus ojos de nuevo a Honduras, ahora; mañana puede ser tarde.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), ha emitido un comunicado en el que expresa su total repudio y preocupación por los reiterados ataques en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Honduras, máa aún cuando los ataques son promovidos por autoridades del Estado con el fin de generar el odio público contra los defensores.

El 10 de marzo de 2011, Elmer Noel Molina, alcalde Municipal de San Francisco de Lempira, al occidente del país, inició una campaña mediática en contra de los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, a quienes acusó del incendio del centro escolar primario José Nahúm Gámez en la comunidad de Santa Rosita, ocurrido el 06 de marzo de 2011...

El Alcalde también llamó a medios de cobertura nacional como al Programa TV 5, que se transmite por el Canal 5 y al Programa Frente a Frente del mismo Canal para continuar las difamaciones, el Conductor del programa acusó a los miembros del COPINH de vándalos y llamó al Fiscal General a iniciar un proceso penal en su contra...

La campaña de criminalización contra el Consejo Coordinador de COPINH tiene su origen en una denuncia interpuesta por esta organización contra el Alcalde Elmer Noel Molina, y Director Distrital de Educación J. Wilmer Molina, ante la Fiscalía de las Etnias y el Patrimonio Cultural por la politización de la educación y el despido injustificado de 8 maestros contratados por la Asociación de Educación Comunitaria en el marco de las escuelas PROHECO. La Fiscalía en referencia inició un proceso de investigación. Los fiscales asignados al proceso de indagaciones preliminares fueron víctimas de amenazas y retención ilegal por cuerpos de choque al mando del Alcalde...

The Committee of Relatives of the Disappeared in Honduras (COFADEH) expresses its utter condemnation and concern regarding the repeated attacks against social leaders and defenders of human rights in Honduras, especially worrisome when the attacks are instigated by state officials for the purpose of generating public hatred towards the defenders.

On March 10th, 2011, Elmer Noel Molina, mayor of San Francisco de Lempira, located in the western part of the country, initiated a media campaign against one of the members of the Civic Council of Popular and Indigenous Organisations of Honduras, COPINH, whom he accused of arson in the fire that occurred in the primary school José Nahúm Gámez in the community of Santa Rosita on March 6th, 2011...

The Mayor also communicated with national media such as Programa TV 5, and Programa Frente a Frente, which are both broadcasted through Canal 5, for the purpose of persisting with the defamation. The host of the show accused members of the COPINH of being vandals and called the Public Prosecutor to open a criminal investigation against them...

The criminalisation campaign against the Council Coordinator of COPINH arose out of a complaint filed by this organisation against the Mayor Elmer Noel Molina, and the District Director of Education, J. Wilmer Molina, before the Prosecutor for Ethnic Groups and Cultural Heritage for the politicization of education and the unjustified dismissal of 8 teachers contracted by the Community Education Association in the framework of the Honduras Community-Based Education Project (PROHECO). Said Prosecutor opened investigations. The prosecutors assigned to the preliminary inquiry became victims of threats and illegal detention by shock troops under the command of the Mayor...

Le Comité des familles de détenus disparus en Honduras (COFADEH) exprime son dégoût et sa préoccupation en ce qui concerne les attaques répétées dont font l'objet les dirigeants sociaux et les défenseurs des droits de l'homme au Honduras, qui plus est lorsque ces attaques sont encouragées par les autorités de l'État dans le but de provoquer une haine publique envers ces personnes.

Le 10 mars 2011, Elmer Noel Molina, maire de San Francisco de Lempira, localité située dans la partie ouest du Honduras, a lancé une campagne médiatique contre les membres du Conseil civique des organisations populaires et autochtones du Honduras (COPINH), qu'il accuse d'avoir provoqué l'incendie de l'école primaire José Nahúm Gámez se trouvant dans la communauté de Santa Rosita, qui a eu lieu le 6 mars 2011...

Le maire a demandé à des médias nationaux de poursuivre la diffamation, tels que les programmes TV 5 et Frente a Frente ("Face à face") de la chaîne Canal 5. Le présentateur de ce dernier programme a qualifíé les membres du COPINH de vandales et a exhorté le procureur général à entamer une procédure pénale à leur encontre...

La campagne de dénigrement contre le Conseil de coordination du COPINH trouve son origine dans une plainte déposée par cette organisation contre M. Elmer Noel Molina et le directeur de l'éducation du district M. J. Wilmer Molina auprès du Tribunal des ethnies et du patrimoine culturel à cause de la politisation de l'éducation et le renvoi arbitraire de huit professeurs engagés par l'Association de l'éducation communautaire dans le cadre des écoles PROHECO (Projet d'éducation communautaire). Le tribunal en question a lancé une procédure d'enquête. Les juges d'instruction assignés au processus d'enquête préliminaire ont été victimes de menaces et de détention illégales de la part d'un groupe d'hommes de main travaillant pour le compte du maire...

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), repudia los actos de hostigamiento y amenazas a muerte de las que es objeto la Defensora de Derechos Humanos, Blanca Azucena Espinoza, Presidenta de la empresa campesina Buenos Amigos de Sabá, departamento de Colón, al norte de País.

El 27 de septiembre de 2010, Blanca Azucena Espinoza, lideró con sus compañeros la toma de tierras ociosas en la Comunidad del ELIXIR, para beneficiar a varias familias sin tierras; ese mismo día fue golpeada por un hombre amado con machete al servicio del terrateniente César Velásquez, que reclama las tierras como suyas.

Desde esta fecha enfrenta una serie de actos que ponen en peligro su vida y la de sus nueve hijos. El 31 de diciembre 2010, hombres encapuchados que se conducían en un carro pick up, color verde, sin placas, dispararon a un grupo de la comunidad que se encontraba reunido con Blanca Espinoza... Desde el 30 de enero de 2011, una de sus hijas recibe mensajes de texto en que le dicen que Blanca es mujer muerta...

Blanca y tres miembros de la Junta Directiva enfrentan un proceso judicial por usurpación de tierras; las autoridades judiciales también han emitido orden de captura contra una de sus hijas de once años por el mismo delito. La constante presencia de hombres armados y los mensajes de texto enviados a su hija han provocado traumas psicológicos a sus hijos.

The Committee of Relatives of the Disappeared in Honduras (COFADEH) condemns the harassment and death threats to which has been subjected the Human Rights Defender, Blanca Azucena Espinoza, President of the peasant business association "Buenos Amigos de Sabá" (Good Friends of Sabá) in the Province of Colón in the North of the country.

On September 27th, 2010, Blanca Azucena Espinoza led with her comrades the seizure of idle lands in the Community of ELIXIR, for the benefit of several families without land. On this same day, she was attacked by a man armed with a machete at the service of the landowner Cesar Velásquez, who claimed to be the owner of those lands.

Since this day, she has confronted a number of actions that have put her life and the lives of her nine children in danger. On December 31st, 2010, hooded men who were driving a green pickup truck without licence plates, opened gun fire on a group of the community, which was assembled in a meeting with Blanca Espinoza... Since January 30th, 2011, one of her daughters received a text message in which it was written that Blanca is a dead woman...

Blanca and three members of the Board of Directors are facing legal proceedings for seizure of land and the judicial authorities have issued an arrest warrant against one of her daughters, only 11 years of age, for the same offence. The constant presence of armed men and the text messages sent to her daughter have caused her children psychological trauma.

Le Comité des familles de détenus disparus en Honduras (COFADEH) exprime son dégoût face aux actes de harcèlement et aux menaces de mort dont est victime la défenseuse des droits de l'homme Blanca Azucena Espinoza, présidente de l'entreprise agricole Buenos Amigos, dans la localité de Sabá, département de Colón, dans le nord du pays.

Le 27 septembre 2010, Blanca Azucena Espinoza et ses associés ont entrepris d'occuper des terrains en friche dans la Communauté d'Elixir, afin d'en faire profiter plusieurs familles dépourvues de terre. Le même jour, elle a été frappée par un homme armé d'une machette au service du propriétaire terrien Cesar Velásquez, qui déclare posséder ces terres.

Depuis lors, elle doit faire face à une série d'actes mettant en danger sa vie et celle de ses neufs enfants. Le 31 décembre 2010, des hommes camouflés se déplaçant dans un pick-up vert non immatriculé ont tiré sur un groupe de la communauté qui était réuni autour de Blanca Espinoza... Depuis le 30 janvier 2011, une de ses filles reçoit des messages sur son téléphone portable lui disant que Blanca est en danger de mort...

Blanca et trois membres du comité directeur font face à une procédure judiciaire pour usurpation de terres. Les autorités judiciaires ont également émis un mandat d'arrêt contre une de ses filles de onze ans pour le même délit. La présence permanente d'hommes armés et les messages envoyés à l'une de ses filles ont provoqué des traumatismes psychologiques chez ses enfants.

El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, ante los últimos sucesos de la mesa de diálogo instalada a instancias de la Organización de Estados Americanos (OEA) comunica la retirada de Juan Barahona del llamado diálogo Guaymuras.

Barahona fungió como representante del Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado en la delegación del Presidente Zelaya en dicho diálogo. "La delegación golpista, en un típico acto de intransigencia para obstaculizar el avance de la negociación, intentó paralizar el dialogo negándose a aceptar que nuestro representante firmara bajo reserva el acuerdo No.3 referente a la renuncia a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, pues en dicha reserva queríamos dejar constancia de que nuestro Frente no renuncia ni renunciara a lucha por esta demanda que es la demanda del Pueblo hondureño. Conscientes de que se trataba de una maniobra para hacer fracasar el dialogo utilizando cualquier pretexto, ya que la firma bajo reserva fue sugerida por ellos mismos en una sesión anterior, decidimos no prestarnos a la misma y por ello tomamos esa decisión, dejando al presidente Zelaya en libertad de sustituirlo por otro representante de su confianza..."

"Lo anterior significa que el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado sale del dialogo Guaymuras y que seguiremos peleando en la calle por las demandas que hemos levantado desde el 28 de junio; el retorno al orden constitucional, la restitución del presidente Zelaya a su cargo y la convocatoria de una Asamblea Constituyente..."

Ante el golpe de estado encabezado por el Gral Romero Vásquez en Honduras, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) se dirige a la comunidad nacional e internacional, especialmente a las estructuras internacionales de derechos humanos, alertando de la violación de los derechos humanos y libertades civiles de todos los hondureños.

COFADEH informa que "[E]n el actual momento se están violentando todos los derechos reconocidos por el Estado de Honduras tanto en su Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el derecho a libertad de información, de expresión, de reunión , organización, libre circulación, legalidad de la detención, el derecho a la caución, de propiedad privada y la inviolabilidad del domicilio."

"Se clausuró el Canal 8 del Estado de Honduras. El canal fue tomado por militares y los periodistas que laboraban en el mismo fueron expulsados. Se ha suspendido el fluido eléctrico por varias horas afectando también las comunicaciones por Internet, dejando a la población hondureña en indefensión.

Soldados al mando de un coronel llegaron a la compañía de cable "Cablecolor", que da servicios de Internet en el país, y obligaron a su personal a retirar del aire a CNN en español e inglés que estaba transmitiendo los acontecimientos suscitados producto del Golpe de Estado.

Informes recientes llegados al COFADEH han detallado que Radio Progreso, fue allanada por un contingente de 25 elementos militares quienes expulsaron al personal y lo obligaron a clausurar de manera absoluta la transmisión. Radio Progreso transmite en la zona Noroccidental y Litoral Atlántico. Igual suerte ha corrido Radio Globo, Maya TV y canal 36...

Se han producido detenciones ilegales de varias personas, entre ellas de funcionarios del Gobierno... En las últimas horas ha trascendido que existen órdenes de captura en contra de 14 dirigentes sociales...

El país está militarizado generando un clima de temor en la población. Esta militarización quedó al desnudo en los últimos días cuando incluso reservistas del ejército salieron a la calles para realizar una manifestación, la cual fue encabezada por el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romero Vásquez Velásquez y el coronel retirado Julio Armando Pavón, quien en 1995 junto al ex jefe de esa institución General Luis Alonso Discua Elvir, sacaron tanquetas y baterías antiaéreas a las calles para amedrentar jueces y fiscales en momentos en que se iniciaban juicios contra una veintena de oficiales violadores de derechos humanos...

Reiteramos que lo que se produjo en Honduras fue un golpe militar violento disfrazado seis horas después por un golpe técnico nombrando como mandatario de la nación al actual presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti Bain..."

El 01sep08, en torno a las 18:00 h., en el Barrio Barandillas de San Pedro Sula, sobre la avenida Júnior, fue acribillado el Fiscal Luis Javier Santos, recibiendo cuatro disparos que se localizan uno en el tórax, dos en el abdómen y uno en el brazo derecho, por sicarios que le dispararon a quemarropa cuando se conducía en su vehículo, y se encontraba a cincuenta metros de su residencia, siendo acompañado por su hijo y un adulto.

En el momento del ataque, el fiscal no iba acompañado por el custodio que el Estado le ha asignado a raíz de la protección que le fue acordada en agosto de 2007, fecha desde la cual están vigentes las medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante las amenazas que viene recibiendo por su trabajo de investigación y documentación de diversos casos de corrupción en Honduras.

"El Fiscal Luis Javier Santos inició en abril de 2008, junto a los fiscales Víctor Fernández, Jari Dikxon y Soraya Morales, una huelga de hambre que se extendió por 38 días con el propósito de que los Fiscales Generales del Ministerio Público procedieran a desengavetar una serie de casos de corrupción que involucran a reconocidos personajes de la vida política y empresarial del país". Sobre esta huelga y sus causas Radio Nizkor entrevistó en abril de 2008 al Presidente de la Asociación de Fiscales de Honduras, Víctor Fernández, documento audio disponible en esta misma página web.

"Es de hacer notar que las máximas autoridades del Ministerio Público no han tomado ningún interés para preservar su integridad física; lejos de eso, fue trasladado a una zona de mayor peligro, donde anteriormente había sido amenazado de muerte por investigar casos de corrupción. Posteriormente, cuando fue atropellado físicamente y amenazado en pleno juicio oral en los Juzgados de Santa Bárbara por el exalcalde Edgardo Ramón Sabillón Castillo, la Fiscalía General nunca se pronunció oficialmente en su defensa.

Así mismo, los Fiscales en huelga de hambre fueron informados de la existencia de un plan para eliminarlos, poniendo a disposición de sicarios la suma de medio millón de lempiras, y que este siniestro plan era liderado por un reconocido integrante del Escuadrón de la Muerte 3-16..."

"El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) ante el atentado criminal que sufriera el fiscal Luis Javier Santos el 01 septiembre de 2008, realizó una serie de comunicaciones que han generado la preocupación y solidaridad de organismos internacionales de derechos humanos.

Estas ejecutorias se iniciaron desde el año 2007, cuando el fiscal Luis Javier Santos se avocó a nuestra sede para denunciar los hostigamientos y amenazas que sufría por una serie de investigaciones realizadas en varias municipalidades del país y que implicaban a funcionarios municipales en actos de corrupción.

Ante el inminente peligro para su integridad física y emocional, que representaban dichas investigaciones, el Cofadeh solicitó medidas cautelares de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que consideró la gravedad de la denuncia y que resolvió el otorgamiento de las medidas de seguridad.

Pese a ello, ni la Comisión Interinstitucional conformada por el Ministerio Público, ni la Secretaría de Seguridad, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni la Secretaría de Gobernación y Justicia, ni la Procuraduría General de la República ni la Corte Suprema de Justicia han sido diligentes a la hora de vigilar la implementación de las medidas de protección dictadas por la CIDH...

Doce horas después de suspender la huelga de hambre que los Fiscales anticorrupción llevaron a cabo en abril de 2008, y que duró 38 días, un grupo de sicarios trató de eliminar al pastor evangélico Pedro Reyes. Diacute;as después, el 19 de julio,... Noelia Núñez, esposa del fiscal Juan Carlos Griffi, salió ilesa de otro atentado... Por otra parte, la abogada Tirza Flores ha sido objeto de tres audiencias de descargo ordenadas por la Corte Suprema de Justicia por haber participado en la huelga de hambre.

Misael Cárcamo, defensor de derechos humanos y encargado de la Comisión de Transparencia en el Occidente del país, quien apoyó plenamente la huelga, fue objeto de serias amenazas de muerte.

Al pastor Evelio Reyes, máxima autoridad de la Iglesia Vida Abundante, le secuestraron a su sobrino, por quien los secuestradores pidieron un millonario rescate. Asimismo la finca del pastor Evelio Reyes es permanentemente vigilada por desconocidos.

En menos de un mes, la sede del COFADEH ha sido objeto de dos allanamientos y un atentado a sus instalaciones físicas..."

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras - COFADEH, desea expresar su profunda preocupación por los acontecimientos de los últimos días y el contexto de inseguridad para el ejercicio de la defensa y promoción de los derechos humanos en Honduras.

El pasado jueves 03jul08, en horas de la noche, varios desconocidos allanaron y destrozaron las oficinas del Cofadeh, sustrayendo equipo con información y vaciando archivos y gavetas de los escritorios de tres oficinas que trabajan con información sensible e importante para el quehacer del Cofadeh.

Los sujetos sustrajeton dos computadoras portátiles, tres cámaras fotográficas, dos filmadoras y tres USB que contenían valiosa información. Los hechos fueron reportados a las 07:30 a.m. del 04jul08, no bien fueron descubiertos. La policía de investigaciones se hizo presente cinco horas después para levantar las indagaciones preliminares y huellas dactilares.

Las circunstancias en que ocurrieron los hechos apuntan a que se trató de un acto deliberado y que su propósito era sustraer información sobre el trabajo que realiza el Cofadeh. Esta presunción viene reforzada por el hecho de que en la noche del domingo 06jul08, Bertha Oliva de Nativí, Coordinadora Gral. del Cofadeh, fue objeto de seguimiento.

El Cofadeh, siempre ha impulsado y apoyado acciones importantes contra la corrupción y la impunidad. Recientemente ha apoyado al movimiento de Fiscales que se declararon en huelga de hambre contra la corrupción, a la Comunidad de Zacate Grande (30 de sus pobladores, que reivindican su derecho a la tierra, han sido acusados por el Ministerio Público en representación de poderosos empresarios), lleva la representación en calidad de ente acusador privado en el caso de los Ambientalistas de Olancho fusilados por agentes del Estado el 20dic06 y la representación de 17 ambientalistas procesados por el Ministerio Público en el municipio de Talanga.

El ataque al Cofadeh se suma a una serie de hechos en contra de defensores de derechos humanos, como el asesinato de 5 campesinos en la zona norte del País, los asesinatos, amenazas y constante hostigamiento de la comunidad negra; las amenazas post huelga de hambre en contra de los miembros de la Asociación de Fiscales y las amenazas en contra de los defensores de los derechos económicos y sociales.

En el pasado reciente, las oficinas del Centro de Prevención y Tratamiento de las Víctimas de la Tortura CPTRT, fueron allanadas, igual situación enfrentaron la organización Vía Campesina y la organización negra OFRANEH. En Abril la dirigente sindical Alta Gracia Fuentes fue asesinada y antes en el 2006, el defensor de los derechos laborales Dionisio Días García fue asesinado.

En la gran mayoría de los casos señalados, la impunidad es el factor común.

Por todo ello, el COFADEH solicita apoyo internacional y que se inste a las autoridades de Honduras a asegurar la labor de defensa de los derechos humanos en cumplimiento de la normativa internacional que Honduras ha suscrito.

La Asociación de Fiscales del Ministerio Público, presidida por el Abogado Víctor Fernández, se ha declarado en huelga de hambre por tiempo indefinido ante las acciones discrecionales emprendidas por el Fiscal General, Leónidas Rosa Bautista, entre éstas, el despido injustificado de fiscales que conocen de casos sensibles de corrupción que vinculan a miembros de la clase política y económica de Honduras, traslados y rotaciones arbitrarias de fiscales miembros de la asociación de fiscales y que han denunciado la politización del Ministerio Público y la negligencia inexcusable que, denuncian, exhibe en el procesamiento de 16 casos de corrupción.

Los Fiscales demandan, entre otras cuestiones, que en forma inmediata se presenten los requerimientos fiscales en 16 casos archivados por el delito de corrupción; que cesen los procedimientos de despido y amenazas de rotación a los fiscales que ejercen su derecho a la libertad de asociación y la definición de un mecanismo que garantice a los fiscales en el ejercicio, la independencia de sus funciones y la seguridad para su vida e integridad.

Sobre esta huelga y las razones que la motivan Radio Nizkor ha entrevistado a Víctor Fernández, presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público e Honduras.

En una carta dirigida al Presidente de la República de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, el COFADEH expresa su "legítima preocupación por los nombramientos que se han dado a reconocidos integrantes de escuadrones de la muerte, el Batallón 3-16 a cargo de relevada importancia dentro de las estructuras de la Secretaría de Seguridad".

En esta ocasión, el Cofadeh llama la atención sobre el "nombramiento del nuevo Director de la Policía Preventiva a Salomón de Jesús Escoto Salinas, a Napoleón Nassar Herrera como Alto Comisionado para la zona noroccidental y la ratificación de René Maradiaga Panchamé en la Dirección de Tránsito.

En forma repetitiva, el Cofadeh le ha expresado a los gobernantes que no deben nombrar a personal señalado por violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en las estructuras de seguridad del Estado..."

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, informa a la comunidad nacional e internacional que el 05feb07, se personaron como parte en el Juzgado de Letras seccional de Catacamas, en su condición de representantes legales de los familiares de los dos ambientalistas fusilados en el Municipio de Guarizama, Departamento de Olancho: Eraldo Zúniga y Róger Iván Murillo. Ambos habían reiterado en varios momentos y en diversas instituciones amenazas a muerte por su labor en la defensa de los recursos naturales en la zona...

El COFADEH deuncia que el recién estrenado Sub Comisionado de la Jefatura Regional del Departamento de Olancho, Joaquín Amado Mejía Alvarenga, "desplazó un contingente de policías al lugar donde se sucedieron los hechos ... con el propósito de borrar las evidencias que quedaron en las paredes en donde fueron fusilados los ambientalistas. Esto en una clara violación al proceso de investigación criminal e intimidación a los familiares de las víctimas, a los testigos presenciales de los hechos, a la población de la zona y a la parte acusadora..."

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU realizó una visita de tres días a Honduras, la cual concluyó el 02feb07. A lo largo de los mismos, informa COFADEH en un comunicado al respecto, se reunió con diversos actores implicados en el sufrimiento y la solución de este problema histórico, cuyas implicaciones penales no prescriben.

"El Grupo conoció desde los incumplimientos de las sentencias internacionales por violar la libertad y la vida de opositores políticos entre 1979 y 1989, hasta la más reciente acción del 30 de diciembre de 2006 contra el derecho de acceso a información pública existente en poder de las autoridades, utilizando la Ley de Transparencia para imponer un velo al pasado (ver Art. 39 de dicha Ley)."

"También fue informada la delegación de las Naciones Unidas sobre dos casos de detenciones arbitrarias que han derivado en desapariciones en el transcurso del primer año de gobierno del Presidente Manuel Zelaya, en perjuicio del dirigente agrario Jorge Ruíz y del agente de policía Elvis Zepeda Barrientos."

"Como familiares de víctimas de violaciones graves a la Constitución vigente de 1982 rechazamos los homenajes previstos al expresidente Roberto Suazo Córdova y sus colaboradores de aquella época, en ocasión de conmemorarse este 20 de enero los primeros 25 años de aquél texto 25 veces reformado y cotidianamente violado."

"Entre 1982 y 1992 hubo decisiones de terrorismo de Estado en contra de la vida y la libertad de más de 180 seres humanos que disentían contra la entrega del territorio nacional a tropas extranjeras, para agredir a pueblos vecinos."

"Elevar las imágenes de esos hombres a la categoría pública de próceres o baluartes de la democracia y tutores del civismo, es una burla a la inteligencia colectiva y una ofensa a la memoria de las víctimas, también a la comunidad internacional..."

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras COFADEH, desea expresar su profunda preocupación por los acontecimientos en las comunidades campesinas del Valle de Sico y Paulaya, desde principios del mes de Junio del corriente año. Así mismo expresa su preocupación por el uso indebido del sistema judicial con el fin de presentar cargos penales por motivos ajenos a la justicia y a las leyes y disuadir a las personas de realizar trabajo social y comunitario...

La madrugada del 08 de junio un pelotón de noventa agentes del Estado pertenecientes al XV Batallón de infantería, policía nacional y cuerpo elite cobras, fuertemente armados y encapuchados, comandados por el oficial de policía Dorian Sovalbarro, irrumpieron en la comunidad, allanando de forma indiscriminada y sin orden competente las casas de los campesinos. Durante el operativo sometieron a los vecinos sin discriminar a los niños, a las mujeres y personas mayores, realizaron disparos a mansalva y golpearon a los habitantes, bajo el argumento que pretendían capturar una banda de delincuentes dedicada al robo de ganado mayor y al narcotráfico.

Los hombres de la comunidad fueron llevados a la plaza pública y obligados a acostarse boca abajo, se les aplicó golpes con toletes y se les interrogaba mientras simulaban ejecutarlos y amenazaban con cortarles la cabeza. A 13 campesinos se les detuvo sin cargos ni pruebas y permanecen detenidos en el presidio de Trujillo, Colón...

"El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), expresa su total repudio y preocupación por la campaña de hostigamiento, amenazas a muerte y descalificación en contra de la Asociación para una Sociedad más Justa ASJ y de su Coordinadora de Proyectos Periodista Dina Meetabel Meza Elvir, por parte de los propietarios de la Empresa de Seguridad Privada Delta Security propiedad del Señor Elvin Richard Swasey, a causa del ejercicio de su trabajo en defensa de los derechos laborales de los guardias de seguridad que trabajan para la empresa referida...

El Cofadeh manifiesta su preocupación por estos hechos, especialmente porque se manifiestan en un contexto proclive a las empresas de seguridad, especialmente cuando el Gobierno del presidente Manuel Zelaya en forma discrecional autorizó a los guardias privados de seguridad a participar en labores de seguridad pública el pasado 29 de agosto de 2006, delegando de esta manera la responsabilidad del Estado en personas particulares, que tienen un largo historial de delitos y violaciones a los derechos humanos, muchos de los propietarios de las agencias de seguridad privada son exmiembros de los escuadrones de la muerte que se organizaron en Honduras para reprimir a disidentes políticos..."

Varias organizaciones sociales y de derechos humanos se han dirigido al Presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, al haber tenido conocimiento de que un ex integrante del tristemente célebre Batallón 3-16, Billy Joya, es ahora asesor del ministro de Seguridad, Álvaro Romero.

Tal y como informa el COFADEH, Billy Fernando Joya Améndola, ha sido integrante del Batallón 3-16, así como fundador del Escuadrón élite de represión "Lince", de los Cobras y primer Comandante de este Escuadrón.

De 1984 a 1991 permaneció en el Escuadrón de la Muerte 3-16 donde desempeñó diversos cargos, bajo el seudónimo de "Lic. Arrazola" entre ellos:

• Enlace entre consejeros norteamericanos y el Batallón 3-16;
• Jefe del Destacamento Técnico Especial;
  
• Coordinador entre Tegucigalpa y San Pedro Sula del 3-16;
• Enlace de los asesores argentinos y el 3-16.

A pesar de este perfil propio de los "especialistas" en campañas de exterminio de población civil, el Gobierno del Presidente Zelaya "ha tenido a bien" incorporarlo a su aparato de seguridad. Este hecho ha provocado la protesta pública de varias organizaciones sociales y de derechos humanos.

"La comunidad de inteligencia que operó en Honduras en los años ochenta y culminó con la desaparición forzada de más de un centenar de personas, nuevamente está operativa en el gobierno del Poder Ciudadano que preside el gobernante Manuel Zelaya Rosales, quien tiene a ex miembros del ex batallón de la muerte 3-16 entre sus principales asesores.

Así, es normal encontrar en los pasillos de Casa Presidencial al militar retirado Erick Sánchez, cuestionado en 1992 por el caso del mecánico Gustavo Funez a quien el militar, en ese entonces, comandante del batallón en La Ceiba, hirió de bala y lo dejó paralítico...

Su llegada a la administración del presidente Manuel Zelaya Rosales, obedece a recomendaciones del actual ministro de Seguridad, Álvaro Romero, de quien las organizaciones de derechos humanos tienen registro de colaborador también del 3-16, destacando cuando fungió como comandante en el batallón de La Ceiba.

No obstante, Sánchez y Romero son viejos compañeros de la sexta promoción de la Fuerzas Armadas. En el caso de Sánchez, éste incluso es socio del militar retirado Mario “el tigre” Amaya, a quien se le mencionó en la muerte de la ecologista Janeth Kawas..."

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) ha hecho pública su posición con relación a la masacre en la Penitenciaría Nacional en un comunicado donde dice que "La nueva masacre de reos con armas automáticas en la Penitenciaría Nacional responde a una política gubernamental de crímenes contra los privados de libertad bajo custodia del Estado. Los asesinatos de reclusos en La Ceiba, el envenenamiento colectivo e incendio negligente en el penal de San Pedro Sula y los crímenes brutales en la Cárcel de Támara son hechos que el gobierno pudo prevenir, pero no lo hizo..."

El 18nov05, el Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Andrés Pavón Murillo, se presentó ante las oficinas del Ministerio Publico, a interponer denuncia por violación de los deberes de los funcionarios públicos, por los hechos siguientes:

"El 23 de diciembre de 2004 fueron asesinadas 27 personas en el sector de Chamelecon, San Pedro Sula departamento de Cortés, todas las víctimas se conducían en un bus urbano...

Sobre este horrendo crimen no había testigos públicos, hasta que el día miércoles 26 de octubre el Señor Mel Zelaya Rosales, por cierto, precandidato a la Presidencia de la Republica por el Partido Liberal, durante la presentación de su plan de gobierno ante miembros del Club Rotario, según el Señor Rosales la masacre de Chamalecon la realizo el narcotráfico con apoyo de la policía..."

El médico y ciudadano hondureño Juan Almendares, Director Ejecutivo del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares y Presidente del Movimiento Madre Tierra, ha presentado una denuncia ante las autoridades hondureñas ante el hostigamiento y las amenazas de muerte de que están siendo objeto él, su familia y los miembros de sus organizaciones.

"Por nuestra actividad constante en defensa de los Derechos Humanos y nuestra lucha contra la Tortura y la defensa del Medio Ambiente y la Justicia Ambiental hemos sido objeto de tortura, intimidación, persecución, amenazas a muerte y atentados en muchas ocasiones (...)

Se considera insólito que estas amenazas y ataques se sucedan en contra de quienes tenemos como único fin el cumplimiento de nuestras obligaciones ciudadanas... Es mucho más denigrante e incomprensible ese cuadro de comportamientos por cuanto se hace aparecer como simples actos delincuenciales; no obstante, los dirigentes de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, Ambientales y Populares sabemos que esa es otra argucia para enmascarar la forma en que actúan los aparatos represivos del Estado de Honduras..."

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), expresa su total repudio y preocupación por el allanamiento ilegal de que fue objeto la residencia de Oscar Aníbal Puerto Posas, Director del Instituto Hondureño de Desarrollo Rural...

Este tipo de hechos tiene un efecto amedrentador sobre la familia y la sociedad, pues genera inseguridad; si el domicilio no es seguro, ya no hay un solo sitio seguro. La inexistencia de investigaciones efectivas e imparciales y la falta de sanción penal para los autores multiplican la vocación de los criminales, que se ven arropados con el manto de la impunidad.

Oscar Aníbal Puerto fue en los años ochenta Vicepresidente del Comité para la Defensa d los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) y Vicepresidente de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (CODEHUCA).

El COFADEH reitera a las autoridades y a la comunidad internacional su preocupación por la seguridad de los activistas sociales y de derechos humanos en el país. Al reciente allanamiento al domicilio de Oscar Aníbal Puerto, se suma al allanamiento en julio de la casa de Juan Barahona, Coordinador General del Bloque Popular, al asesinato del dirigente sindical, Francisco Cruz, en septiembre, y las amenazas a muerte a Juan Almendares Bonilla y reiterados allanamientos a las oficinas del Centro de Prevención Contra la Tortura, del cual Almendares es su director, entre otros hechos que el COFADEH ha denunciado en forma oportuna...

"El Gobierno implanta, de nuevo, la doctrina de seguridad nacional del estado.

Incluye penetración e infiltración de organizaciones sociales, vigilancia física y electrónica de dirigentes populares, allanamiento ilegal de sedes, robo de bases de información, asociación con tráfico de armas para las FARC, vinculación política y logística a gobiernos de Cuba y Venezuela, detenciones ilegales y asesinatos políticos...

El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, la ejecución de una política nacional de persecución y muerte por parte del Gobierno del Presidente Ricardo Maduro..."

Ante el deterioro progresivo de los recursos naturales de la zona, las comunidades y el movimiento ambientalista de Olancho se reunieron en el municipio de Salamá y dieron a conocer la "Segunda Proclama de Salamá", en que piden "el cese inmediato de los cortes de madera en el Departamento de Olancho, independientemente de que estén legalizados o no, en tanto no se logre un acuerdo integral con las comunidades y el Movimiento Ambientalista de Olancho, que avance hacia una política de aprovechamiento justo, racional y participativo, que siente las bases del desarrollo sostenido de las comunidades y que reconozca como mandato el respeto por el medio ambiente..."

El 11may05, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Andrés Pavón Murillo, compareció ante la Secretaria General del Ministerio Público a interponer denuncia y petición frente a la internacionalización de la tortura por parte del Estado de Honduras.

Manifiesta la denuncia formulada por el CODEH que durante los dos últimos años del Gobierno de Maduro, está cobrando fuerza la presencia de agentes de inteligencia de Colombia, algunos pertenecientes al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quienes han llegado al paí para participar en interrogatorios y torturas a supuestos miembros de las FARC, en complicidad con miembros de cuerpos de seguridad del Estado...

En el extremo suroeste del valle de Amarateca, la Fiscalía de Derechos Humanos y el COFADEH, con apoyo de antropólogos forenses guatemaltecos, iniciaron el 21 de abril de 2005 la búsqueda de los restos de al menos siete personas desaparecidas entre 1981 y 1983.

Hoy es el Centro de Rehabilitación de Menores "El Diamante", pero antes fue un ilegal cuartel militar de la contra nicaragüense que funcionaba con el conocimiento, consentimiento y apoyo de las Fuerzas Armadas de Honduras.

Según revelaciones del ex embajador Jack Bings, que precedió a John Dimitri Negroponte, los niños, mujeres y ancianos del equipo de Monseñor Romero ingresaron a Honduras en 1981 huyendo de la represión en El Salvador...

Radio Nizkor entrevista a Almudena Bernabeu, de la oficina en San Francisco, California, del Center for Justice and Accountability e integrante del equipo jurídico de esta organización.

El caso Reyes et al v. Juan Evangelista López Grijalba, tuvo su origen en una demanda de tipo civil contra el ex jefe de inteligencia militar de Honduras, Coronel López Grijalba, que se encontraba viviendo en Miami.

Los peticionarios le acusan de la perpetración de crímenes de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Almudena nos habla acerca de Cómo se inició el caso en Estados Unidos, quiénes son los demandantes y el perfil del oficial de inteligencia demandado y su vinculación con el tristemente célebre Batallón 3-16.

Para ello debes ponerte en contacto vía correlectrónico con Editor Radio Nizkor, desde donde se te enviarán las instrucciones necesarias para ello.