La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en la región colombiana del Urabá antioqueño, nació en 1997 en medio de la violencia, el desplazamiento forzado y los asesinatos de sus líderes.

A pesar de declararse ajenos al conflicto armado y con visión de no violencia, desde la creación de la Comunidad de Paz hasta hoy, ésta ha sido blanco de innumerables agresiones, incluyendo desplazamiento forzoso, asesinatos y masacres.

Este programa contiene la última constancia de violaciones graves a los derechos humanos difundida por la Comunidad el 15may23. Abarca también la exposición y reivindicaciones incluidas en la carta que numerosas instituciones y organizaciones europeas dirigieron al presidente Gustavo Petro el 29abr23, en la que sistematizan los principales problemas que persisten y acosan a la Comunidad.

Conviene recordar que la Comunidad de Paz se declaró en ruptura con todas las instituciones del Estado colombiano en el 2005 a raíz de la atroz masacre de 8 de sus miembros a manos de agentes del Estado.

En la Carta, los firmantes denuncian que la situación que siguen viviendo los miembros de la Comunidad de Paz "es de suma gravedad por la paramilitarización de la población y las instituciones regionales y locales, la presencia de armados en sus tierras y los permanentes abusos de poder por parte de las fuerzas militares del Estado, como también y muy importante, los intereses económicos en sus tierras y los intentos permanentes de arrebatárselas".

Entre los problemas expuestos está el uso torticero de la Ley de Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), la cual está siendo aprovechada para fomentar la reventa de las tierras recuperadas, en lo que se ha denominado el “mercado de la tierra", y despojar a los miembros de la Comunidad de Paz aquellas propiedades que no solamente han adquirido legalmente, sino que además han cuidado y defendido por más de 20 años.

Las peticiones de los firmantes al Presidente actual incluyen una retractación pública por las calumnias del Estado Colombiano en contra de la Comunidad de Paz tras la masacre del 21feb05; la revisión y replanteamiento de la ubicación del búnker de la Policía Nacional y la Base Militar en el casco urbano de San José de Apartadó o la conformación de una comisión de verificación de la justicia que evalúe por qué no ha habido justicia en el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó...

El 08feb22 la periodista y corresponsal de Radio Nizkor y Equipo Nizkor en Colombia, Claudia Julieta Duque, ofreció una rueda de prensa con motivo de la entrega de su esquema de seguridad a la Unidad Nacional de Protección (UNP). La rueda de prensa tuvo lugar en la sede de la Fundación para la Libertad de Prena (FLIP) y contó con la participación de Jonathan Bock, director de la FLIP, y de Emmanuel Vargas, codirector de El Veinte.

Claudia Julieta es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) el 23nov09. En el marco de la implementación de las mismas, el Estado colombiano puso a su disposición un vehículo blindado, único medio de protección con que contaba, que es el que devuelve.

El problema básico y que convierte dicho esquema en un grave factor de riesgo, es que, por un lado, el vehículo en cuestión está equipado de una serie de dispositivos emisores de señales que permiten a la UNP la obtención de datos cuya recogida en tiempo real, procesamiento, análisis y almacenamiento no forma parte de un protocolo informado y consentido por la persona protegida, ni sujeto a verificación judicial y, por otro lado, el análisis de tales datos permite establecer un perfil exhaustivo de la persona "protegida" que, en el caso de Claudia Julieta, existen indicios de que ha sido utilizado para poner en riesgo su integridad física y psicológica, lo cual es concordante con el hecho de que en la UNP laboran ex funcionarios del extinto Departamento Administritrativo de Seguridad (DAS) implicados en labores de inteligencia y contrainteligencia contra la periodista que han puesto en riesgo su vida.

Es la segunda vez que la periodista se ve obligada a entregar su esquema de seguridad desde que lo le fue atribuido en 2003. La primera vez fue en 2008, cuando pudo constatar que los "escoltas" puestos por el DAS realizaban labores de inteligencia sobre ella, hechos demostrados en la acción de tutela que la periodista ganó ante la Corte Constitucional ese mismo año.

Asimismo, en febrero de 2020, la periodista recibió información fidedigna -que comunicó al Fiscal General de la Nación, Sr. Francisco Roberto Barbosa Delgado, mediante derecho de petición de fecha 05mar20- en el sentido de que se estaba gestando un plan criminal en su contra desde el 27feb20 al interior de la UNP por parte de exfuncionarios del DAS que laboran allí.

Además, la obstrucción a la hora de acceder a los datos sobre Claudia Julieta en poder de la UNP, como en su día sucedió con el DAS, se ha traducido incluso en acciones de falsedad documental en la actualidad...

Por todo ello, la devolución del vehículo no obedece a un desestimiento voluntario, como le hicieran firmar al entregarlo, sino que se trata de un acto al que se vio forzada por la intransigencia de una entidad que no le ofrece ningún tipo de confianza y que no permitió la implementación de alternativas posibles y amparadas por la ley. Entre el riesgo de estar en manos de ex funcionarios del DAS (uno de los cuales fue mencionado en 2018 como uno de los autores del secuestro de Claudia Julieta en 2001) o el riesgo de carecer de esquema de protección, Claudia Julieta opta por el segundo por ser el que le permite mantener su dignidad y principios.

El 23dic21 la Comunidad de Paz de San José de Apartadó hizo pública una declaración coincidiendo con el homenaje que rindieron a HUBER VELASQUEZ, líder social y veedor ciudadano asesinado a manos de paramilitares el 17dic21 en la vereda la Balsa , en el sitio conocido como “La Batea”.

En dicha declaración la Comunidad de Paz llama la atención sobre el hecho de que "ha sido víctima de esta misma estrategia de persecución y exterminio desde su inicio, hace 25 años, y hemos tenido que sepultar adoloridos a varios centenares de nuestros integrantes y colaboradores y esperar en vano que al menos la justicia se pronunciara... El Crimen que segó la vida de Huber Velásquez ocurre en un contexto en que los niveles de exterminio de los movimientos sociales de base han alcanzado una intensidad comprobada y censurada por toda la comunidad internacional. El mismo Acuerdo de Paz, firmado en 2016 dio comienzo a una intensificación de asesinatos de líderes y lideresas sociales que rara vez se había vivido... [recurriéndose a] niveles de crueldad aterradores, dejando numerosas víctimas mutiladas y traumatizadas y familias destruidas".

En un comunicado de 22ene22, la Comunidad explica que "El asesinato de Huber Velásquez... tiene características que revelan la extrema gravedad a que ha llegado el dominio paramilitar en la región y sus relaciones con las instituciones, con el Acuerdo de Paz, con el modelo de desarrollo y el modelo de sociedad dominante. No fue un simple episodio de violencia a los que la población de la región se ha acostumbrado tras muchas décadas de terror. El contexto inmediato fue la pantomima de pavimentación de dos kilómetros de vía entre Apartadó y San José. Un grupo de pobladores de la vereda La Balsa decidieron hacer la veeduría ciudadana y descubrieron horrores de corrupción: viviendas averiadas y no reparadas, materiales ineptos, calidad muy baja de la obra no obstante su elevadísimo costo que escandalizó a un diputado de la región..."

"Si se tiene en cuenta que la financiación de esa obra fue cubierta con los fondos del Acuerdo de Paz, asumiéndola como un PDET [Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial] para lo cual la Comunidad Internacional aportó enormes sumas de dinero, es de elemental honestidad solicitarle a los organismos internacionales un examen exhaustivo de los gastos... Corre entre la población de la zona el rumor sobre la participación del alcalde Cañizalez en el crimen de Huber, pues sus simpatías por las estructuras paramilitares son de conocimiento público. Una entidad internacional independiente debe investigar esos rumores, pues los órganos de control del Estado hoy día están cooptados..."

"Los métodos de coordinación y de aquiescencia entre la fuerza pública y los paramilitares son ya muy conocidos y rutinarios: el negativismo; la evasión; la ficción de ignorancia; los acuerdos verbales para no encontrarse en los mismos territorios en coincidencia. Así, cuando las evidencias son ineludibles, es aún posible engañar a la sociedad. "

Claudia Julieta Duque, corresponsal de Radio Nizkor en Colombia, responde a preguntas de la emisora Voz del Cañaguate, Valledupar (Cesar), acerca del nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo de Jorge 40, como coordinador del Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflito Armado -GAPV-, adscrito al Despacho del Ministro del Interior de Colombia.

Claudia Julieta expone por qué este nombramiento es incompatible con el Art. 4 de la Ley 1448 de 2011, sobre medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, pues atenta de lleno contra la dignidad de las víctimas y su derecho a no ser re-victimazadas, contra su derecho a participar en las decisiones que les afecten y contra su autonomía. "Es un ejercicio de cinismo que revictimiza a todas las víctimas de Rodrigo Tovar Pupo, alias "Joge 40", ex-jefe paramilitar del Bloque Norte de las Autodefensas. Este nombramiento no cuenta con el aval de la víctimas, sino solamente de los victimarios.

Jorge Rodrigo Tovar Vélez tendrá entre sus funciones apoyar y asesorar en la implementación de las políticas públicas que afecten, entre otras, a las más de 30.000 víctimas de la Región Caribe. Estas víctimas tendrán como contraparte nombrada por el Estado al hijo de quien cometió más de 300 masacres, quien dejó miles de desplazados, desaparecidos, mujeres agredidas sexualmente y más de 4000 niños reclutados, sólo en esa región. Aún así, Jorge Rodrigo Tovar Vélez, tilda a su padre de "preso político" en los Estados Unidos, país al que fue extraditado durante el gobierno de Álvaro Uribe y en el que cunple condena por narcotráfico.

Todo un atentado contra los principios generales de la Ley 1448 y que es posible gracias a un marco "jurídico" para La Paz que vulnera también los más elementales principios del derecho penal y el derecho penal internacional.

Claudia Julieta Duque entrevista a Carlo Giovanni Russi sobre el intento de desaparición forzada del que fue víctima el 10 de diciembre de 2019 y que fuera recogido por la prensa en esas fechas.

El "procedimiento", como lo calificó a la mañana siguiente el general Hoover Penilla, comandante de la MEBOG (Policía Metropolitana de Bogotá), dio comienzo hacia las 9 de la noche del 10 de diciembre, cuando Carlo Giovanni y su novia se dirigían en bicicleta por la Calle 26 hacia el occidente de la Capital, donde ambos residen.

Como aseguran varios testigos de lo sucedido, "todo estaba tranquilo" en la zona. Los dos jóvenes se juntaron con un pequeño grupo de ciclistas que iba a paso lento como muestra de apoyo al paro nacional que se desarrolla en Colombia desde el 21 de noviembre de 2019. Al llegar a la carrera 40, aún en linderos de la Universidad, Carlo notó que una de las llantas de su bicicleta estaba baja de aire y se apeó para revisar. Elizabeth continuó adelante. Eran las 9.30 de la noche. En esos momento de produce la llegada de más de 40 agentes de la Policía, varios de ellos del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), en un operativo sorprendente y sin mayor justificación porque no había disturbio alguno en la avenida El Dorado. Carlo fue introducido violentamente en un vehículo Renault Logan de placas OJX 134, perteneciente a la Alcaldía Mayor de Bogotá, adscrito a la secretaria de seguridad, por miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá y del ESMAD, que se movilizaban en unidades mixtas motorizadas.

En el mismo lugar y hora una joven fue detenida e introducida violentamente por las mismas unidades de la Policía Nacional, en el vehículo particular de placas HCI 264 color azul (adscrito a la Policía Nacional); desde otro vehículo, una pareja solidaria pedía explicaciones de por qué la secuestraban de esa forma, siguió al vehículo y finalmente logró que la joven pudiera salir del vehículo y quedar en libertad...

Como escucharán en la entrevista, tras una serie de diversos y graves incidentes, Carlo fue dejado en libertad aproximadamente a la 01:00 de la madrugada del 11 de diciembre. Los hechos habían motivado la presentación de un recurso de Habeas Corpus para que la Policía Nacional Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación informaran de forma inmediata la identidad de la persona detenida, las razones de la misma y su paradero.

Radio Nizkor pone a disposición la versión íntegra de la grabación de la entrevista, sin modificación alguna, dado que consideramos que es un testimonio en primera persona de lo que ocurrió.

November 17th of 2019 marked the fifteenth anniversary of the worst persecution and torture executed at the hands of the Administrative Department of Security (DAS) of the Presidency of Colombia against journalist Claudia Julieta Duque: the terrifying phone call made by a DAS official identified by Duque that to this day has not been investigated that warned the journalist of the next target in the strategy to silence, her daughter.

Team Nizkor denounces new maneuvers in motion to achieve court closure and silence Claudia Julieta Duque.

Fifteen years after terrible acts of torture and 18 years after being kidnapped the consolidation of impunity resides in the lack of results in many aspects: in the individualization and identification of the chain of command involved and of the individual that made the November 17 2004 phone call, the material authors behind the kidnappings and multiple threatening phone calls, monitoring, surveillance and harassment actions endured by the journalist among other persisting questions...

Since October 2017, when the case was declared a crime against humanity, subsequent decisions plagued by irregularities confirmed the denial of justice in the case of Claudia Julieta Duque as a new strategy against the journalist that threatens to reach prosecution against her.

In 2019 the judge of the case, Nidia Angelica Carrero Torres, imposed censorship on Claudia Julieta Duque with the excuse that the journalist had violated the rights of the accused Emiro Rojas Granados (former DAS deputy director) by insinuating that the defendant lied during the April 24 hearing and offended "the majesty of justice" for criticizing the impunity within the process and the judge's actions in particular.

Between August and September, the accused Juan Carlos Sastoque, Rodolfo Medina Aleman, Jose Miguel Narvaez, and Enique Alberto Ariza Rivas requested that their cases be transferred to the Special Jurisdiction for Peace (JEP) without demonstrating in any way a relation between the torture against Duque and the armed conflict. Such a link is absent in over 42 thousand files that make up the case...

The request to be accepted into the JEP that was submitted by the accused also does not guarantee justice as this jurisdiction is the most sophisticated mechanism of court closure and a full stop of the Colombian Justice when it comes to State Crimes and DAS will not be an exception. The case of Claudia Julieta is unrelated to the armed conflict and concerns freedom of the press and freedom of opinion.

The objections introduced by the journalist's legal representation against judge Carrero were ruled without a legal analysis after three months of trial stagnation. The journalist's case with just one exception is the oldest case of 77 in this office and the slowest. After the accusations made by Claudia Julieta Duque regarding the delay in the trials she has been muzzled through a shameful ideological statement that violates the basic principles of freedom of speech of a journalist and victim whose work has fostered and promoted the very few judicial results that are now being pushed back...

El juez 45 Penal de Bogotá ratificó la orden de captura solicitada por la Fiscalía General de la Nación contra Norberto Sanguinetti Barros y expidió orden de captura con circular azul de Interpol.

Norberto Sanguinetti, a quien se conoce como "Betingo", es hermano del expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti. En noviembre de 2018 fue interrogado en Uruguay por la Fiscalía Especial del Caso Lava Jato, en el marco de varios procesos penales por corrupción, lavado de activos y otros delitos conexos en los que habrían incurrido Odebrecht y otras empresas relacionadas.

En los Estados Unidos, Odebrecht se declaró culpable el 21dic16 del cargo de conspiración para violar las disposiciones anti-soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Este cargo le fue imputado por la Sección de Fraude de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos ante el Tribunal de Distrito Este de Nueva York. La empresa aceptó la imposición de una sanción penal de 4.500 millones de dólares, de los que el 80 por ciento serían pagados a Brasil, mientras que Estados Unidos y Suiza recibirían el 10 por ciento cada uno.

La empresa reconoció que a partir de 2001 creó un esquema de soborno y manipulación de licitaciones que funcionó durante al menos una década. Durante ese periodo, la constructora brasileña pagó unos 788 millones de dólares en sobornos a representantes de gobiernos, funcionarios públicos y partidos políticos en al menos 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.

Los sobornos se pagaban a través de una compleja red de compañías fantasmas, transacciones off-book y cuentas bancarias off-shore. Odebrecht creó una estructura financiera secreta para ello, la cual evolucionó de tal manera, que la compañía estableció lo que llamó "División de Operaciones Estructuradas". Hasta aproximadamente 2009, el jefe de esa División funcionaba a los niveles más altos dentro de Odebrecht. Después de 2009, esta responsabilidad fue delegada a ciertos líderes empresariales de la compañía en Brasil y otras jurisdicciones.

En este contexto, Sanguinetti aparece como representante de la filial de la Banca Privada de Andorra (BPA), que habría sido usada por Odebrecht para gestionar el pago de los sobornos en varios países latinoamericanos y en España. Por la BPA se estima que pasaron USD200 millones de los aproximadamente 800 que reconoció Odebrecht.

'Betingo' tiene también procesos abiertos en Perú, Ecuador y Argentina. En el caso colombiano, ese banco habría sido usado, por ejemplo, para el pago de los 6.5 millones de dólares entregados al condenado ex-viceministro de transporte, Gabriel García Morales...

Isabel Cristina Zuleta, líder y vocera del Movimiento Ríos Vivos, explica en esta entrevista el dramático impacto ambiental y social de la represa conocida como “Hidroituango”, en el Departamento de Antioquia, ante la irresponsable e incompetente actuación de Empresas Públicas de Medellín (EPM), empresa encargada de la ejecución de la obra y también accionista.

Se trata de un proyecto hidroeléctrico de gran envergadura que ha contado con la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo y que está participado mayoritariamente por la Gobernación de Antioquia.

Isabel explica qué es el movimiento Ríos Vivos, una Federación compuesta por 14 asociaciones, y sus objetivos principales.

Uno de los primeros puntos que trata es la relación con las autoridades y la dirección del proyecto, la cual resume como de "aislamiento y segregación", lo que les pone en situación de riesgo y estigmatiza a este movimiento.

Aborda también el estado actual del río desde que fuera dividido en dos, siendo un río muerto de la represa en adelante, y esto a pesar de la importancia del río Cauca para Colombia... y, lo que es profundamente preocupante, que la empresa auditora de la obra reconoció recientemente en un comunicado que no saben si la represa va a soportar el peso para el que estaba calculada. Los afectados directos son unas 120.000 personas, pero la cifra de damnificados supera los 300.000.

Isabel expone también el problema de la falta de asistencia a la población: "se nos ha desprovisto de toda capacidad de decidir sobre nuestra vida. La empresa decide todo. No hay Estado." El carácter público de la Empresa concernida hace más difícil aún la oposición a la obra, pues "tienen todo el concierto para delinquir". El proyecto ha contado también con la promoción de la Iglesia Católica, que ha ejercido una gran presión, y hasta podría decirse que persecución, contra los activistas del Movimiento, lo que también ha provocado una crisis espiritual...

Finalmente, hace un llamado para que se apoye al Movimiento Ríos Vivos y para que se haga justicia.

En los primeros seis días del mes de enero de 2019 fueron asesinados seis líderes sociales en Colombia:

1. Gilberto Valencia, Suárez, Departamento del Cauca,
2. Jesús Adier Perafán, Caicedonia, Departamento del Valle del Cauca,
3. Wílmer Antonio Miranda, Vereda La Independencia, Cajibío, Departamento del Cauca,
4. José Rafael Solano, Puerto Jobo, entre los municipios de Caucasia y Zaragoza, Antioquia
5. Wilson Pérez Ascanio, vereda Los Cedros, municipio de Hacarí, Norte de Santander, y,
6. Maritza Isabel Quiroz Leyva, vereda San Isidro, Santa Marta, Magdalena.

Estos asesinatos se suman a los de 164 líderes sociales y defensores de derechos humanos registrados por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo hasta diciembre de 2018.

Maritza Quiroz Leyva residía en una finca que el Gobierno le había asignado junto a otras nueve mujeres. Fue en 2016 cuando se estableció en la vereda San Isidro de la Sierra, en Bonda, tras ser favorecida por un proyecto de la Agencia Nacional de Tierras. Era suplente de la Mesa de Víctimas de Santa Marta y líder de las mujeres adrodescendientes víctimas de desplazamiento en esta zona rural. Había recibido amenazas el año pasado y la Corte Constitucional había solicitado protección para su vida. Había sido víctima del conflicto armado en reiteradas ocasiones, obligándola a sufrir el desplazamiento forzado y la tragedia del asesinato de su esposo en Palmor, Magdalena.

La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, ha hecho público su rechazo y recordó que Quiroz había estado participando el pasado viernes en una mesa de trabajo convocada por esa dependencia.

También participó activamente de la firma del pacto municipal en Santa Marta y hace pocos días en el Regional que se llevó a cabo en Valledupar el 19 y 20 de Diciembre y que involucra la zona de la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada. Todo esto está relacionado con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial que aparecen en los Acuerdos de Paz.

La senadora Aída Avella, de la Unión Patriótica, se preguntó ¿Quién tiene la capacidad de matar en el Valle, en Cauca, en Meta, en Magdalena, en Chocó, en Putumayo, en Antioquia?. “Tiene que haber una estructura muy grande detrás de todo esto. Para mí, es exactamente lo mismo que hicieron con la Unión Patriótica. Aquí hay una lista y un plan para matar líderes sociales en todo el país”, y aseguró que con la situación actual el Gobierno no debería negar que lo que sucede con los líderes sociales en Colombia es sistemático...

De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de noviembre de 2018 un total de 423 líderes fueron asesinados en Colombia, siendo 2018 el año en que mayor número de homicidios se han cometido (164), luego el 2016 (133) y después el 2017 (126).

Según los datos de este organismo, los más afectados son los líderes dedicados a trabajos comunales, de los cuales han sido asesinados 62, seguidos por los campesinos (26), comunitarios (22) e indígenas (21), entre otros.

Sin embargo, las cuentas son diferentes para quienes viven la violencia en carne propia.

En la base de datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) han registrado 92 indígenas asesinados hasta diciembre de 2018, 42 de los cuales se han cometido bajo el Gobierno de Iván Duque, quien tomó posesión como presidente el 7 de agosto de 2018.

Para la Defensoría, la situación de los líderes sociales es aún más aguda en el departamento del Cauca, donde en 2018 han sido asesinados 30, mientras que en Antioquia los asesinatos ascienden a 24, 18 en Norte de Santander a 18, 12 en Valle del Cauca, 11 en Nariño y 10 en el Meta, por citar sólo algunos...

Mediante esta entrevista a Claudia Julieta Duque, periodista corresponsal de Radio Nizkor en Colombia, analizamos la grave crisis social provocada por Empresas Públicas de Medellín (EPM), en la implementación técnica y puesta en marcha de la represa conocida como “Hidroituango”, en el Departamento de Antioquia.

Esta represa ha contado con la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo. Es propiedad en un 53% de la Gobernación de Antioquia, un 46% de EPM y un 1% de empresas privadas. Según información de EPM, sería la segunda represa de América Latina, si bien la capacidad instalada es de 2.400 MW.

Claudia Julieta ha sido durante mucho tiempo la única periodista en seguir la grave crisis social, económica y ambiental, así como las vicisitudes técnicas, consecuencia de lo que puede considerarse como una mezcla de incompetencia y mala fe.

Su trabajo de campo le ha permitido documentar las graves violaciones a los derechos humanos de las poblaciones afectadas, lo que incluye desplazamiento, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, por no mencionar las pérdidas materiales y económicas vinculadas a la falta de planes de contingencia de evacuación de la población.

Claudia Julieta nos habla del desarrollo histórico de este proyecto, desde su formulación a finales de los 60, hasta su accidentada puesta en marcha actual. Aborda también el contexto socio-político de la zona de implementación de la represa, la fuerte implantación paramilitar y la evolución del conflicto social vinculado a las obras, especialmente desde que en 2010 se produjera la adjudicación del contrato más importante. es es este año cuando la Sociedad Hidroituango suscribió con EPM un contrato tipo BOOMT (Build, Operate, Own, Maintain and Transfer, por sus siglas en inglés). A partir de esa fecha se recrudece la perpetración de desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos y se va conformando paralelamente el Movimiento conocido como "Ríos Vivos", que aglutina a unas 15 asociaciones de víctimas de violencia política y de afectados por la hidroeléctrica. Se da la trágica coincidencia de que la mayoría de los hoy afectados por Hidroituango son descendientes o familiares de los afectados por la violencia política de los años 90.

Claudia Julieta explica asimismo cómo el desvío del río en 2014 para represarlo marca un punto de inflexión en la represión del movimiento social de víctimas tanto de la hidroeléctrica como del sistema político-militar (el clásico sistema paramilitar) para tratar de desplazar definitivamente a la población...

Desde abril de 2018 las consecuencias de los defectos en la planificación y puesta en marcha de la represa han puesto en evidencia las graves deficiencias técnicas en la toma de decisiones, lo cual ha provocado miles de evacuados y la intervención de la Gobernación de Antioquia, de autoridades ambientales y de la Contraloría General de la República. Estos informes plantean serias dudas sobre la viabilidad actual de la represa.

En decisión recaída en segunda instancia el 06jun17, la vicefiscal General María Paulina Riveros dejó en firme la resolución de acusación contra Santiago Uribe Vélez por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. El ganadero antioqueño Santiago Uribe Vélez es el hermano menor del ex presidente Álvaro Uribe Vélez y es investigado por haber fomentado la creación y expansión del grupo paramilitar conocido como "Los 12 Apóstoles" en el municipio de Yarumal (Antioquia). Se encuentra bajo detención preventiva desde marzo de 2016 en una guarnición militar en Ríonegro (Antioquia).

El recurso de apelación de la defensa, ejercida por el abogado Jaime Granados Peña, se centraba básicamente en la descalificación y desacreditación de varios testigos directos, especialmente las atestaciones brindadas por parte de los ex miembros de la Policía Nacional, Alexander de Jesús Amaya Vargas y el Mayor (r) Juan Carlos Meneses Quintero, así como lo narrado por parte del señor Eunicio Alfonso Pineda Luján.

En la sinopsis de hechos de la decisión confirmando la acusación, la fiscalía explica que al señor Santiago Uribe Vélez "Se le reprocha, a partir de la prueba testimonial y documental, que éste en los primeros años de la década de los noventa habría conformado y dirigido desde la Hacienda La Carolina, en jurisdicción del municipio de Yarumal, Antioquia, un grupo armado ilegal que se estructuró con el propósito de ejecutar una política de exterminio en contra de quienes eran considerados como indeseables sociales, pero también para eliminar militantes y auxiliadores de los grupos subversivos que operaban en la región; propósito para el cual contaron con el concurso, por acción u omisión, de miembros de la Policía Nacional e integrantes de inteligencia militar".

"Además, se trataría de la empresa delictiva que habría cumplido sus objetivos inicialmente de la mano de Hernán Darío Zapata, alias 'Pelo de Chonta' y 'Rodrigo', lugartenientes de la agrupación armada ilegal encargados de la parte militar -urbana y rural-, quienes, con el apoyo de la Fuerza Pública, extendieron su accionar delictivo a los municipios de Santa Rosa, Valdivia, Campamento, Angostura, Briceño, Gómez Plata y Carolina del Príncipe; contexto en el que se perpetró el homicidio de Camilo Barrientos Durán, al considerarlo como auxiliador de la guerrilla".

El grupo armado ilegal mencionado es el conocido como “Los Apóstoles” o “Los Doce Apóstoles”, el cual "contó con una estructura definida y eficientemente diseñada para alcanzar los fines ilícitos que se había trazado, además de verificarse una forma piramidal de manejo de la autoridad para el cumplimiento de las órdenes que se emitían."

La Fiscalía considera probado que Santiago Uribe Vélez "ejercía la dirección y coordinación del grupo de 'Los Doce Apóstoles'" y hacía "seguimiento a la ejecución de sus acciones".

En lo que respecta a la responsabilidad penal del señor Santiago Uribe Vélez en el homicidio del señor Camilo Barrientos Durán, ocurrido el 25feb94, "la misma se comprueba con las declaraciones obrantes en el expediente, que dan cuenta de la existencia de una 'lista negra' en la que se relacionaban personas que debían ser ultimadas." "Santiago Uribe Vélez no solamente era el encargado de indicar qué personas se relacionaban en la lista para ser eliminadas, sino también de distribuirla entre sus lugartenientes... a la par que hacía coordinaciones con la Policía para evitar su reacción en contra de los encargados de ejecutar materialmente el hecho."

La segunda instancia ratifica pues la validez de la prueba documental y testifical y considera que "la Fiscalía de instancia cumplió con el estándar de conocimiento adecuado y, en consecuencia, la acusación en contra de Santiago Uribe Vélez, por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, está válidamente sustentada". Cmo quiera que Santiago Uribe habría sido el coordinador de la organización criminal, y como el asesinato de Camilo Barrientos se atribuye a esre grupo, "su participación se puede sustentar en grado de coautoría junto con los autores materiales de la conducta que aquí se acusa".

Ante la inminente aprobación parlamentaria del Proyecto de Acto Legislativo No. 02/17 (Senado), "Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera", la corresponsal en Colombia de Radio Nizkor, Claudia Julieta Duque, ha entrevistado al senador Alexander López Maya sobre su posición frente a este proyecto de reforma constitucional que se da en el marco de la llamada Jurisdicción Especial para la Paz.

El senador Alexander López explica qué es lo que se plantea en este proyecto legislativo y qué le ha llevado a presentar una ponencia alternativa al proyecto que se pretende aprobar.

En relación con el proceso penal y los miembros de la fuerza pública y los paramilitares -responsables de desplazamientos masivos, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura, etc.-, expone que la ponencia gubernamental incumple los estándares internacionales... Se crea una jurisdicción especial para los miembros de la fuerza pública incursos en estos crímenes atroces que deja a las víctimas en una condición de re-victimización y que viola sus derechos. Por eso la ponencia alternativa, rechazada en el debate plenario del Senado celebrado el 08mar17, quería garantizar los derechos de las víctimas y evitar la impunidad.

Las Fuerzas Militares, estando incursas en importantes violaciones de los derechos humanos durante el conflicto, quedan blindadas frente a la persecución penal gracias a esta reforma. En este momento hay unos 5.000 miembros de las Fuerzas Militares procesados por crímenes contra población civil. Ya de por sí en el acuerdo de paz se establece un juzgamiento especial mediante un mecanismo de justicia transicional, pero además, el Gobierno ha llegado a un acuerdo especial y diferente, y desconocido para el país, con las Fuerzas Militares, el cual ha sido negociado por fuera del proceso de La Habana.

Es así como se incluyó un Capítulo 7º excepcional que protege penalmente a los militares y a todos aquéllos en una posición de mando frente la aplicación del principio de responsabilidad del superior jerárquico, al requerirse para determinar esta responsabilidad la concurrencia de 4 requisitos que hace inoperante de hecho este principio, conduciendo pues a la más absoluta impunidad de responsables militares en el marco de esta JEP. Esto vulnera los estándares internacionales e incluso las obligaciones de Colombia al ser estado parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Otro aspecto de gran preocupación es el hecho de que esta reforma va a generar una discriminación entre víctimas al haber una calificación de que sólo serán reparadas las víctimas "graves", vocablo indefinido. Tampoco este diseño de JEP garantiza la participación de las víctimas en el proceso y, en cuanto a la reparación integral, el Estado determina que serán reparadas con los "recursos disponibles". Como hay 8.400.000 víctimas registradas, tomando los datos del informe de la Comisisón de Seguimiento de la Ley de Víctimas, donde se dice que se dispone para el 2017 de 700.000 millones de pesos para reparación, a cada víctima le correspondería en 2017 por este concepto 28 USD. Esto dista mucho de reparación integral...

El senador plantea también otro aspecto preparatorio del escenario de impunidad, y es que el artículo transitorio 10 de este Acto Legislativo abre la puerta a la revisión y revocación de sentencias ya pronunciadas por la justicia ordinaria frente a violaciones de los derechos humanos. Por esta vía, con total seguridad, las condenas ya pronunciadas por la justicia ordinaria en casos tan trágicos como la masacre de Mapiripán, los falsos positivos de Soacha, los del Eje Cafetero, los hechos del Palacio Justicia, la masacre de Barrancabermeja, etc., podrían ser revocadas y llevar a la impunidad.

Por último, el Senador Alexander López lamenta lo absolutamente minoritaria que es su posición, incluso entre las organizaciones no gubernamentales. La carta que envió al Presidente Santos y a las FARC manifestando todas estas preocupaciones no ha tenido respuesta de ninguna de estas partes. "Estamos muy solos en esta pelea", manifiesta. "No se trata sólo de un acuerdo con las FARC, sino que tal y como están dadas las cosas en este modelo de justicia transicional, esto va a llevar a grandes escenarios de impunidad... Hay 1.200 mimembros de la fuerza pública esperando a las puertas de las cárceles para que esto se apruebe y reclamar su libertad." La paz y la reconciliación son necesarias, pero no a costa de dejar por fuera el reconocimiento de los derechos de las víctimas y el cumplimiento de los estándares internacionales para este tipo de crímenes.

Se trata pues de una normativa que define un modelo de impunidad específico para Colombia y que tendrá efectos muy graves, tanto para las víctimas como para la justicia colombiana.

El 20dic16 se conoció la cesación del procedimiento y consecuente orden de libertad del mayor de la reserva del Ejército y exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta) José Miguel Narváez Martínez por las escuchas ilegales y persecución contra al menos 300 personas entre defensores de derechos humanos, periodistas, líderes de la oposición y magistrados de las altas cortes en Colombia.

El Tribunal Superior de Bogotá declaró prescrita la acción penal en favor de quien, según el propio juzgador, brindó un "aporte determinante" para la ejecución de acciones ilícitas al interior del DAS.

Si bien el gestor, promotor y jefe de facto de la empresa criminal denominada Grupo Especial de Inteligencia 3 (G-3) ha quedado impune pese a las condenas de primera y segunda instancia en su contra por este caso, deberá continuar en prisión porque tiene requerimientos judiciales pendientes y órdenes de captura por el homicidio del periodista Jaime Garzón Forero (agosto de 1999) y la tortura psicológica contra la también periodista Claudia Julieta Duque, representante del Equipo Nizkor en Colombia.

La prescripción que hoy favorece a Narváez Martínez y pronto cobijará a al menos otros 14 exfuncionarios del DAS y al propio expresidente Álvaro Uribe Vélez es, sin duda alguna, el punto culminante del estruendoso fracaso de la justicia colombiana en lo que respecta a la investigación y sanción de los responsables del acoso - amenazas, interceptaciones y espionaje ilegal, montajes judiciales y tortura agravada- contra el movimiento de derechos humanos y la oposición política en Colombia entre los años 2002 y 2010.

La responsabilidad de la rama judicial en su conjunto en la consecución de impunidad en este proceso es inocultable y vergonzosa:

• Nunca se abrió investigación por el ocultamiento y desaparición de documentación, hechos que quedaron registrados en las cámaras de seguridad del propio DAS y cuyos autores fueron identificados...
• Al comienzo de las indagaciones, los funcionarios del CTI que tenían a su cargo el estudio de las carpetas del grupo G-3 guardaron sin analizar siquiera miles de documentos que se encontraban en 103 AZs...
• Este hecho fue usado durante todos estos años por Narváez Martínez y otros procesados para tratar de generar la idea de que se habían cometido falsedades y manipulaciones, algo que no prosperó jurídicamente, pero que sí sirvió para retrasar el desarrollo de los juicios que hoy terminan con la prescripción de las acciones penales...
• El desbarajuste en el tratamiento de la documentación del DAS, que refleja la incapacidad de los investigadores para realizar análisis de archivos de inteligencia y contrainteligencia, contribuyó al ocultamiento de la sistematicidad de las acciones ilegales de esta entidad , lo cual además evitó que la Fiscalía General pudiera determinar la existencia de un ataque generalizado por motivos políticos contra la sociedad civil de Colombia, lo que en el derecho penal internacional constituye un acto de persecución que reviste la entidad de crimen contra la humanidad.
• Esto llevó a que los fiscales instructores calificaran los hechos bajo tipos penales de menor gravedad, como el abuso de autoridad, la violación ilícita de comunicaciones o el uso ilícito de equipos transmisores y receptores...
• Aunque en un comienzo una fiscal determinó que el organismo de inteligencia se había convertido en una "empresa criminal"..., las sentencias emitidas por los jueces especializados fueron conviertiendo progresivamente la persecución sistemática contra el movimiento de derechos humanos y la oposición en delitos ordinarios con multiplicidad de víctimas, y, gracias a esta infravaloración penal, se desataron los mecanismos de prescripción de las acciones criminales, que quedaban entonces sujetas, para su persecución penal, a la necesidad de interposición directa de querella por parte de las víctimas, máximo seis meses después de su ocurrencia o, para este caso, del conocimiento del hecho, plazo que se venció en agosto de 2009...

Es claro que el CTI, la Fiscalía, el Juzgado 6º Penal Especializado, el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia, han contribuido con parsimonia a la impunidad con que se cierra el caso de las escuchas ilegales y el espionaje por parte del DAS, quizás el de mayor nivel probatorio en la historia jurídica de la investigación sobre el accionar de la Contrainteligencia del Estado en contra de la sociedad civil en América Latina.

El único caso del DAS que sobrevive a este sombrío panorama es, precisamente, el de la tortura psicológica agravada de la que fue víctima Claudia Julieta Duque, corresponsal de Radio Nizkor y representante del Equipo Nizkor en Colombia...

El Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), emitieron el 19ene16 un comunicado conjunto desde La Habana, el comunicado núm. 65, en el que informan de la creación de "un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación del acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas,..., conformado por el Gobierno de Colombia, por las FARC-EP y por un componente internacional, quien preside y coordina el mecanismo en todas sus instancias, dirime controversias, realiza recomendaciones y presenta informes... Respecto a la dejación de las armas el mismo componente internacional la verificará en los términos y con las debidas garantías que se establecerán en los protocolos del acuerdo".

Ambas partes acuerdan igualmente "que ese componente internacional será una misión política de la ONU integrada por observadores de países miembros de la CELAC" y deciden "solicitar al Consejo de Seguridad de la ONU la creación desde ya de esa misión política con observadores no armados por un período de 12 meses, prorrogables".

Por su parte, el portavoz adjunto del Secretario General de la ONU, Farhan Haq, confirmó que la organización recibió una carta del presidente Juan Manuel Santos con la solicitud de respaldo a la verificación del alto el fuego bilateral y la dejación de las armas una vez instaurados, y manifestó que próximamente el Secretario General se pronunciará al respecto con más detalles.

De hecho, el Consejo de Seguridad habría comenzado a preparar una resolución sobre el papel que cumplirá la ONU en la supervisión del fin del conflicto en Colombia. Según fuentes diplomáticas, Reino Unido presentó a los otros cuatro miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Francia, Estados Unidos, China y Rusia) un primer proyecto de texto para enviar una "misión política especial" que inicie los preparativos para el despliegue de observadores internacionales. Se espera que el Consejo de Seguridad adopte ese texto a finales de enero de 2016 y que cuando se firme el cese al fuego bilateral, adopte una segunda resolución "más operacional" que definirá el mandato de los "observadores no armados".

De este modo se pretenden legitimar internacionalmente los eventuales acuerdos de La Habana, de manera de tratar de impedir su revisión por la Corte Constitucional y/o la Corte Suprema de Justicia colombianas.

El Gobierno colombiano y las FARC-EP iniciaron conversaciones en Cuba en 2012 con vistas a poner fin al conflicto armado que dura ya varias décadas.

Líderes comunitarios del municipio del Bagre (Antioquia) hacen un urgente llamado al Estado colombiano ante el desplazamiento y desaparición forzada que se presenta como consecuencia del avance paramilitar en la zona, lo que ha generado combates entre la alianza ELN - FARC-EP y el grupo autodenominado "Autodefensas Gaitanistas".

Los habitantes del corregimiento de Puerto Claver, sus ocho veredas, sufren las consecuencias del rigor de los enfrentamientos armados que desde el 08ene16 se vienen presentando en la Zona. Dichos enfrentamientos han ocasionado el desplazamiento forzado masivo de 8 comunidades, lo que se traduce en 125 familias (580 personas) en su mayoría niños y niñas; dos civiles desaparecidos y la paralización del comercio en la zona, lo que conlleva el bloqueo de la entrada y salida de productos.

Denuncian que la ayuda humanitaria que ha llegado de la administración no satisface las apremiantes necesidades básicas de la población y que se empieza a sentir la falta de alimentos. Los campesinos desplazados reclaman principalmente garantías para poder retornar a sus territorios.

Es por lo que la Comision de Veeduría al Cese Unilateral del Chocó, la Red Universitaria por la Paz, Nodo Antioquia en Chocó, el Frente Amplio por la Paz y Constituyentes por la Paz, Antioquia, hacen un llamado al Gobierno Nacional "para que avance de manera eficiente en una política clara que permita hacer frente al fenómeno del paramilitarismo o de grupos armados que hacen uso de estrategias paramilitares en la diferentes zonas del país, en tanto esta presencia y control de territorio viene incrementándose de manera preocupante".

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz en Colombia informa que ya están en libertad 16 de las 30 personas que el Gobierno decidió indultar el pasado 22 de noviembre de 2015. Nueve de ellos salieron de la cárcel La Picota y siete mujeres dejaron la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

A este grupo de 16 personas que estaban condenadas por el delito de rebelión les fue concedido un indulto que consiste en el perdón de las penas judicialmente impuestas. El indulto a estas personas no tuvo como fundamento su condición de salud, sino la naturaleza del delito por el que se encontraban en la cárcel.

A cambio de esta gracia, estas personas "tendrán que comprometerse a no regresar a las filas de las Farc y, en esa medida, a contribuir a la construcción de la paz. Eso significa que no pueden reincidir en el delito de rebelión, que deben comenzar su proceso de reincorporación a la vida civil y convertirse en promotores de los acuerdos alcanzados en La Habana".

Cuatro de estas personas viajarán a La Habana para unirse a la última fase de las conversaciones: Elky Javier Caballero Rodríguez, Carlos Antonio Ochoa Orjuela, Sandra Patricia Isaza Rincón y Gloria Álvarez Mestizo. Lo harán "en calidad de ciudadanos autorizados formalmente por el Gobierno Nacional para recibir información del contenido de los acuerdos alcanzados como preparación para su trabajo de pedagogía y difusión de los acuerdos, en su condición de constructores y promotores de paz".

10 guerrilleros más saldrían próximamente, y se espera que los jueces de ejecución de penas entreguen al Inpec información de los 4 insurgentes que completarían el grupo de 30 que serán indultados.

El 11dic15, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió solicitar al Estado colombiano la adopción de medidas cautelares a favor de niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Uribía, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo Wayúu, en el departamento de la Guajira, Colombia.

La solicitud de medidas a la Comisión fue efectuada el 09feb15, y en ella los peticionarios fundamentaron que las vidas e integridad personal de este Pueblo están en riesgo en vista de la falta de acceso a agua potable y por el estado de desnutrición que afecta a los miembros de la comunidad, en especial, a niñas y niños, lo que ya ha generado la muerte de 4770 menores en los últimos ocho años, a lo que se suma la falta de asistencia médica y de acceso a los servicios de salud.

Los Wayúu son un pueblo diseminado en La Guajira, asentado en más de 15.000 km2 del departamento. Es una región de clima cálido, seco e inhóspito y uno de los departamentos que, según la Encuesta Nacional de Salud y Situación Nutricional de Colombia de 2010, ha registrado los más altos índices de desnutrición global, ocupando el primer lugar en Colombia.

Informan los solicitantes que los sistemas de almacenamiento de agua y los arroyos que le proveían agua a las comunidades están completamente secos, lo que les priva de agua para consumo humano y para realizar las actividades que son la base de su sustento básico, tales como la cría y pastoreo de ganado caprino y los cultivos de pancoger.

La cuenca del río Ranchería es una zona en proceso de desertificación y en ella se está implementando el llamado 'proyecto Cerrejón', una basta operación de minería de carbón a cielo abierto. El agua del río Ranchería estaría siendo destinada al Proyecto Carbonífero del Cerrejón. Además, el agua existente se encuentra retenida en la represa El Cercado, inaccesible a las comunidades indíegenas. El Presidente de la República habría inaugurado un acueducto que traería agua a dos sectores de la comuna 10 en Riohacha, pero los solicitantes indican que la obra sólo habría funcionado el día en el que se encontraba el Presidente durante la inauguración.

La Defensoría del Pueblo de Colombia realizó un informe en el año 2014 titulado "Crisis Humanitaria en La Guajira", en el que afirma que en este Departamento se vendrían presentado "muertes evitables de niños y niñas, en su mayoría indígenas, por desnutrición severa grado III tipo Marasmo y Kwashiorkor...

Los peticionarios denuncian también que Javier Rojas Uriana, líder Wayúu, fue amenazado por "grupos de mafias en cabeza de funcionarios de las administraciones local y departamental en la Guajira", situación denunciada ante el Fiscal General de la Nación. El 02abr15 recibió amenazas de muerte de paramilitares, que le exigían retirar estas denuncias y el 21oct15 recibió la alerta de que habrían contratado sicarios para matarlo. También los miembros de la Asociación Shipia Wayúu habrían sido castigados por las denuncias realizadas...

Los solicitantes han denunciado también corrupción en la contratación de los programas de nutrición para menores Wayúu y malos manejos de los recursos destinados a la atención integral de la primera infancia, asuntos éstos que estarían siendo investigados por las autoridades competentes.

En consecuencia, y porque el presente caso reúne los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad exigidos para decretar las medidas cautelares, la Comisión solicitó al Estado de Colombia que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Uribía, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo Wayúu, en el departamento de la Guajira.

En un comunicado emitido el pasado 24 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación ha informado de los últimos avances en el caso que la periodista Claudia Julieta Duque mantiene contra el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Se trata de la captura de un exfuncionario del DAS por tortura agravada en contra de Claudia Julieta Duque.

Tal y como informa la Fiscalía de Colombia, la Dirección Nacional de Análisis y Contextos (DINAC) dependiente de la misma, a través del grupo especial de policía compuesto por el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) y la Dijin (Dirección de Investigación Criminal e Interpol), "capturó a Ronald Harbey Rivera Rodríguez, para hacer efectiva la medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto coautor del delito de tortura agravada, del que fue víctima la periodista Claudia Julieta Duque entre 2003 y 2004".

"El detenido se desempeña actualmente como oficial de migración en la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia. Durante los hechos, ejercía como funcionario del Grupo Especial de Inteligencia 3, G3, del entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), hoy en supresión".

En esta investigación fueron llamados a juicio los exdirectivos del DAS, José Miguel Narváez Martínez, Giancarlo Auque de Silvestre, Enrique Alberto Ariza y Carlos Alberto Arzayuz Guerrero, quien solicitó sentencia anticipada, al aceptar cargos de tortura agravada, después de que el pasado 3 de octubre la misma Fiscalía anunciara en rueda de prensa la acusación formal contra los mismos. Los cuatro acusados "desarrollaron y dirigieron estas acciones para que funcionarios adscritos al grupo denominado G3 de Inteligencia efectuaran estas operaciones contra la periodista".

En el mismo expediente, la Fiscalía General de la Nación determinó que se envíen copias del proceso a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que, por ser ésta el juez natural de Uribe Vélez en sus actos como presidente de la República, realice una investigación por la presunta responsabilidad del exmandatario en las torturas a Duque...

Por esta investigación ya hay algunas personas vinculadas que se sometieron a mecanismos de terminación anticipada del proceso y se encuentran pendientes de las decisiones de los jueces.

Cabe sañalar que la Fiscalía Novena Especializada de la Dirección de Análisis y Contextos decretó el cierre de la etapa investigativa de este caso a finales de junio de 2014...

Equipo Nizkor has released a communique in light of the disappearance of intelligence and counter-intelligence files from the former Department of Administrative Security (the "DAS") in Colombia. This disappearance took place in the framework of the ongoing criminal proceedings against several DAS high officials for crimes commettitted against the journalist Claudia Julieta Duque and her family.

On Wednesday 18th June 2014, during a legal inspection ordered by the Special Prosecutor who is investigating the aggravated psychological torture of Claudia Julieta Duque, correspondent of Radio Nizkor in Colombia, the Prosecutor could not find the information concerning areas of Intelligence, Counter-Intelligence and Reserve Expenditures which should have been stored on computers handed over to the National General Archives (ANG) in September 2013.

On the first visit by the Prosecutors to the AGN offices on 10th June 2014, various irregularities were identified, such as the fact that the supposed access codes to the computer which was meant to contain the Information System of the DAS (SIFDAS) were incorrect and as a result, the investigation had to be postponed...

In the light of the above and at the request of the journalist Duque, the Procuraduría (Office of the Inspector General of the Nation) ordered an investigation to be carried out against the Director General of the former DAS, Ricardo Fabio Giraldo Villegas.

In 18th June the Prosecutor's office carried out a second legal inspection at the AGN and although, on this occasion, it was possible to access the computer that was meant to store the files of the SIFDAS, the Technical Investigation Corps (CTI) ascertained that these archives either did not exist or were not accessible.

On 2009 the complete archive of the SIFDAS was 54 Gigabytes (Gb) in size and contained, inter alia, the database with the proof of the surveillance and other illegal operations carried out against the so-called "targets" of the DAS (Judges from the High Courts, human rights defenders and journalists). At the time of the legal inspection on 18th June the SIFDAS was only 91 megabytes (Mb) in size and comprised only fingerprint cards of all the citizens stored with the National Civil Registry...

The disappearance, concealment and/or destruction of the archives which contained the SIFDAS aim at obstructing the legal investigation into various crimes committed by DAS officials.

The so-called "DAS in the process of liquidation" continues to report hierarchically and functionally to the Presidency of the Republic. It is therefore clear that the responsibility for the disappearance, concealment or destruction of the files of the SIFDAS lies with the National Executive whose hierarchical head is the President Juan Manuel Santos.

According to article 24 of Decree No. 4057 of 2011 which ordered the liquidation of the DAS, the principal task of the director of this entity, Ricardo Fabio Giraldo Villegas, is the adoption of "the measures necessary for the administration, preservation and integrity of the organisation's archives" in order to "guarantee the security of the intelligence archives"...

Given the seriousness of the events, Equipo Nizkor has requested that the Intelligence archives of the DAS, as well as the 21 billion paper documents (according to the case record) which are now at the AGN, be handed over to the custody of the Public Prosecutor's Office...

L'Equipo Nizkor a publié un communiqué à propos de la disparition d'archives de renseignement et de contre-intelligence du DAS. Cette disparition a eu lieu dans le cadre du procès pénal en cours contre des hauts fonctionnaires de cet organisme pour des délits commis contre la journaliste Claudia Julieta Duque et sa famille.

Le 18 juin 2014, au cours d'une inspection judiciaire ordonnée par la procureure nº 9 spécialisée de la Direction d'analyse et de contexte, qui enquête sur la torture psychique aggravée commise sur Claudia Julieta Duque, correspondante de Radio Nizkor en Colombie, le Parquet n'a pas pu trouver les informations relatives au renseignement, la contre-intelligence et les fonds réservés qui devraient être stockées dans un ordinateur confié depuis septembre 2013 aux Archives générales de la Nation (AGN).

Lors d'une première visite du Parquet au siège de l'AGN le 10 juin 2014, de nombreuses irrégularités avaient été constatées : les codes présumés pour accéder à l'ordinateur qui contenait apparemment le système d'information du DAS (SIFDAS) étaient erronés et la procédure dut être reportée...

Au vu de tout cela et à la demande de la journaliste Claudia Julieta Duque, la Procuraduría ordonna l'ouverture d'une enquête sur le directeur du DAS en suppression, M. Ricardo Fabio Giraldo Villegas.

Le 18 juin 2014, le Parquet effectua une deuxième inspection judiciaire aux AGN et, bien que cette fois il fut possible d'accéder à l'ordinateur où étaient censés se trouver les fichiers complets du SIFDAS, le Corps technique d'investigation (CTI) détermina que ces archives n'existaient pas ou étaient inaccessibles.

En 2009, l'archive complète du SIFDAS comptait 54 gigas (Gb) et contenait, entre autre, la base de données sur laquelle reposaient des preuves de persécutions et de missions illégales réalisées contre les "cibles" du DAS. Le jour de l'inspection judiciaire, le 18 juin, il fut constaté que le poids des archives était de 91 mégas (Mb), correspondant aux fiches décadactylaires de citoyens stockées par le Registre national de l'état civil...

La disparition, la dissimulation et/ou la destruction des archives que contenait le SIFDAS ont comme objectif l'obstruction de l'enquête judiciaire sur les différents délits et crimes commis par des fonctionnaires du DAS.

Le DAS en suppression dépend toujours hiérarchiquement et fonctionnellement de la Présidence de la République. En ce sens, la responsabilité de l'Exécutif national, dont le supérieur hiérarchique est le président Juan Manuel Santos dans ces faits est claire.

Selon l'article 24 du décret 4057 de 2011, qui dispose la clotûre du DAS, la fonction principale du directeur de cet organisme, Ricardo Fabio Giraldo Villegas, est d'adopter "les mesures nécessaires pour l'administration, la conservation et la fidélité des archives de l'entité" afin de "garantir la sécurité des archives du renseignement". Sa responsabilité est donc directe et évidente. La responsabilité pour les faits en incombe également aux membres du conseil consultatif du DAS en suppression...

Étant donné le sérieux et la gravité des faits, l'Equipo Nizkor a exigé que les archives du renseignement du DAS, ainsi que les 21 milliards de documents papier (selon les chiffres du dossier judiciaire) conservés aux AGN, soient remis pour leur conservation au Parquet général de la Nation...

El 21nov13 la policía procedió al desalojo forzoso de unos 1.500 mineros en el municipio de Buriticá, en el departamento colombiano de Antioquia. La operación se saldó con dos civiles muertos (Yeizzy Morales de 26 años, proveniente de Itagüí, y Bernardo Rodríguez de 18, de Buriticá), diecisiete heridos, diez judicializados y seis personas desaparecidas, además de cuatro policías presuntamente heridos, acerca de los cuales las organizaciones consultadas no disponen de información más detallada.

La operación de desalojo se dio tras la declaratoria de calamidad pública de 60 días efectuada por la Alcaldía del municipio mediante decreto el 19 de octubre de 2013. Esta declaratoria se realizó sobre la base del riesgo inminente para los mineros de la zona, y que, según organizaciones de derechos humanos allí asentadas, se debe en realidad a los intereses que la canadiense Continental Gold tiene en la veta de oro descubierta en 2007 en la localidad.

Hasta la fecha, según la información recibida, han sido destruidos los ranchos de al menos mil mineros. El conflicto tiene pues relación con la minería, pero también con la tierra.

Desde el 21 de noviembre los campesinos y mineros de Buriticá se encuentran confinados en el municipio y las autoridades de policía impiden la entrada a la zona y también la venta de alimentos a personas de fuera de la municipalidad.

Por su parte, el coronel Gustavo Chavarro, comandante de la Policía de Antioquia, declaró a medios radiales que la institución trasladó al sector unidades de diferentes direcciones y en especial del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), procedentes de Bogotá y Medellín.

La grave situación se dio, según los denunciantes, debido al fuego cruzado entre ejército y policía en la región, y no debido a los disparos de los mineros contra la policía, como han asegurado las autoridades a medios locales.

El próximo domingo 8 de diciembre, movimientos y organizaciones ambientalistas realizarán una asamblea popular en Buriticá pese al grave riesgo que significa para ellos entrar en la región, pues el alcalde ha señalado que el 18 de diciembre se realizará la destrucción de las entradas a la mina, conocidas como bocaminas, por las cuales los mineros acceden para extraer en forma artesanal el oro.

En esta entrevista realizada por Claudia Julieta Duque, corresponsal de Radio Nizkor en Colombia, la líder ambientalista Isabel Cristina Zuleta, del movimiento Ríos Vivos Colombia, explica la grave situación en la región.

El Movimiento Ríos Vivos, que agrupa a afectados por el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango, ofreció una conferencia de prensa el pasado 19sep13 en el Coliseo antiguo de la Universidad de Antioquia a raíz del asesinato del líder Nelson Giraldo Posada.

El Proyecto Hidroituango, a cargo de Empresas Públicas de Medellín (EPM), supone la construcción de una represa que, según información proporcionada por la web corporativa de la empresa, tendrá 225 metros de altura y estará ubicada sobre el río Cauca (uno de los más importantes de Colombia); inundará 3.800 hectáreas de terreno, con un embalse de cerca de 80 kilómetros.

El área de influencia incluye los municipios de Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Valdivia, Briceño y Yarumal, en el Norte de Antioquia, así como Peque, Buriticá, Sabanalarga, Liborina, Olaya y Santa Fe de Antioquia, en el Occidente del departamento.

Desde hace seis meses hay alrededor de 400 personas desplazadas en el antiguo Coliseo de la Universidad de Antioquia, provenientes de los diversos municipios afectados.

El asesinato de Nelson Giraldo se produce después de que el pasado 09sep13, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín fallara a favor de los afectados por Hidroituango agrupados en el Movimiento Ríos Vivos, ordenando que en 6 días se resolvieran las peticiones realizadas con relación a las medidas de protección colectivas solicitadas con base en las amenazas a la vida e integridad físicas denunciadas en reiteradas ocasiones en contra de los miembros de este Movimiento.

Nelson Giraldo Posada, de 31 años, tenía a su cargo un grupo de alrededor de 50 personas, todas ellas afectadas por este megaproyecto, refugiadas en el Coliseo de la Universidad de Antioquia. Decidió, a pesar de las amenazas y por el desespero de no encontrar salidas para un retorno con garantías efectivas, visitar su antiguo sitio de trabajo con la perspectiva de retornar con el grupo de afectados.

El 17 septiembre de 2013, a eso de las 18:30, en la playa conocida como Sardinas, jurisdicción del municipio de Ituango, se escucharon cuatro tiros. Nelson Giraldo Posada fue hallado en la orilla del Río Cauca que tanto defendió, degollado y con impactos de bala en el pecho y piernas. Deja una familia, aún refugiada en el viejo coliseo de la Universidad de Antioquia, dos hijos y una esposa.

En esta conferencia de prensa intervienen, en primer lugar, Isabel Cristina Zuleta, del Movimiento Ríos Vivos, seguida de Liliana Uribe, de la Corporación Jurídica Libertad, abogada accionante que interpuso la acción de tutela en defensa de los desplazados y los líderes del movimiento, y varios líderes del mismo.

Los participantes en la conferencia de prensa hicieron una presentación de Nelson Giraldo y de la situación de desplazamiento forzado que viven los afectados, incluidas las contínuas amenazas a la integridad física y psíquica de éstos, sobre todo las que pesan sobre quienes lideran el Movimiento.

Liliana Uribe expone el procedimiento seguido ante las autoridades hasta llegar a la acción de tutela y el fallo del Tribunal Superior de Medellín ordenando que se otorguen medidas de protección a los líderes del Movimientos Ríos Vivos. Explica que se pidieron dos acciones: diseño de un plan de protección y prevención colectivas que englobaran a todas la comunidades afectadas, particularmente a las integradas en el Movimiento Ríos Vivos, y, protección de los líderes (especialmente once de ellos seriamente amenazados)... Acciones todas ellas que ni siquiera con la conminación del Tribunal Superior de Medellín se han visto atendidas.

Los líderes del Movimiento hacen además un llamado a los medios de prensa para que les ayuden a que los alcaldes de los municipios afectados vayan al encuentro de los desplazados con vistas a avanzar en el proceso de retorno, ya que el Movimiento se opone al desarraigo...

On March 1st 2013, Office No. 3 of the Human Rights Unit of the State Prosecutor ordered the preventive arrest of 7 high-ranking officials of the recently dissolved Department of Administrative Security ("DAS"), for the crime of aggravated psychological torture carried out against Radio Nizkor correspondent and representative of Equipo Nizkor in Colombia, Claudia Julieta Duque Orrego.

This security measure was imposed against the following defendants: José Miguel Narváez Martínez, originally linked to the "Special Group for Strategic Intelligence Analysis" ( "Grupo especial de análisis de Inteligencia estratégica") known as G-3, formerly adviser and deputy director of the DAS; Giancarlo Auqué de Silvestri, formerly Intelligence Director and General Secretary; Carlos Alberto Arzayúz Guerrero, formerly Deputy Director of Operations, Intelligence Director and Head of Internal Control; Enrique Ariza Rivas, also formerly Intelligence Director of the DAS; Rodolfo Medina Alemán, who was a director in the area of Counter-Intelligence; Hugo Daney Ortiz García, formerly Regional Director in Risaralda and Deputy Director of Operations and Jorge Armando Rubiano, formerly Deputy Director of Technological Development.

It is noteworthy that the legal strategy in the present case is unique in its application of international criminal law and of parameters for determining individual criminal responsibility based on principles such as command or superior responsibility. Indeed the Prosecutor’s decision for the first time involves an analysis of the principle of the responsibility of the hierarchical superior applied to the DAS organic structure.

In its decision, the Prosecutor's Office recognised that the indiscriminate acts against the journalist Duque involved "following, surveillance, interception of electronic mails, threats, harassment and other illegal acts" and characterised these as the crime of mental torture pursuant to international law, as part of the systematic persecution which took place. This is probably one of the few criminal proceedings in which psychological torture has been treated as a criminal offence.

In our analysis of 18th June 2009 entitled "The use of counter-intelligence as a method of persecution to achieve social and political control", we stated that:

"The counter-intelligence operations form part of what is considered "offensive intelligence" and their aim is to eliminate "objectives" using all kinds of human, technical and military support. As these cases have established, they entail the reconstruction of the entire social and family network of the victims of the persecution.

There is no doubt that the consequence of this type of clandestine and illegal operation is the manipulation of the facts, the alteration of social systems and the destruction of those organizations which are considered "targets". Given the period of time they have persisted - more than ten years - they affect the families and the children of the victims and compel the organisations involved to take courses of action which they would not otherwise do if they were free from DAS counter-intelligence harassment.

As an international human rights organization, we consider this development in the case of Claudia Julieta as an important advance towards justice in the DAS case after years of impunity. However, above all, it is a boundary imposed from the judiciary to the criminal aspects and to those actions committed in breach of civil liberties typical of the design and execution of these kinds of counter-intelligence operations...

El 01 de marzo de 2013, el despacho 3º de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación ordenó la detención preventiva de siete altos funcionarios del recién extinto Departamento Administrativo de Seguridad ("DAS"), por el delito de tortura psíquica agravada en contra de la corresponsal de Radio Nizkor y representante del Equipo Nizkor en Colombia, Claudia Julieta Duque Orrego.

Esta medida de aseguramiento se impuso en contra de los sindicados José Miguel Narváez Martínez, vinculado al origen del "Grupo especial de análisis de Inteligencia estratégica", conocido como G-3, ex asesor y ex Subdirector del DAS; Giancarlo Auqué de Silvestri, ex Director de Inteligencia y ex Secretario General; Carlos Alberto Arzayúz Guerrero, ex Subdirector de Operaciones, ex Director de Inteligencia y ex Jefe de Control Interno; Enrique Ariza Rivas, también ex director de Inteligencia del DAS; Rodolfo Medina Alemán, quien fuera director del área de Contrainteligencia; Hugo Daney Ortiz García, ex Director Seccional en Risaralda y ex Subdirector de Operaciones del DAS, y, Jorge Armando Rubiano, ex Subdirector de Desarrollo Tecnológico.

Es de destacar que la estrategia jurídica en el presente caso, basada en la aplicación del derecho penal internacional y de parámetros de determinación de la responsabilidad penal individual fundados en principios como el de responsabilidad de la cadena de mando, es exclusiva del presente procedimiento. De hecho, la resolución fiscal lleva a cabo por vez primera un análisis del principio de responsabilidad del superior jerárquico aplicado a la estructura orgánica del DAS.

En su decisión, la Fiscalía identificó que las acciones indiscriminadas en contra de la periodista Duque fueron traducidas en "seguimientos, vigilancias, interceptaciones de correos electrónicos, amenazas, hostigamientos, entre otros actos ilegales" y configuraron el crimen de tortura psíquica a la luz del derecho internacional, como parte de la persecución sistemática llevada a cabo, en lo que muy probablemente sea uno de los pocos procesos penales en el que la tortura psicológica es considerada como delito.

En su análisis de 18jun09 bajo el título "La utilización de la contrainteligencia como método de persecución con finalidad de control político social", el Equipo Nizkor contextualizaba esta serie de actos en lo que se conoce como "operaciones de contrainteligencia".

"Las operaciones de contrainteligencia forman parte de lo que se considera 'inteligencia ofensiva' y tienen la finalidad de eliminar a los 'objetivos' usando para ello todo tipo de medios humanos, técnicos y militares. Conllevan, como se ha probado en este caso, la reconstrucción de toda la red social y familiar de los perseguidos."

No cabe duda alguna de que este tipo de operaciones clandestinas e ilegales tienen como consecuencia la manipulación de los hechos, la alteración de los sistemas sociales y la destrucción de las organizaciones consideradas 'blancos'. Dado su alcance en el tiempo, más de diez años, afecta a las familias, a los hijos de las víctimas y obligan a cursos de acción que no son los que las organizaciones e individuos hubieran decidido en un accionar libre del acoso de la contrainteligencia del DAS.

Como organización internacional de derechos humanos consideramos este avance en el caso de Claudia Julieta como un importante paso hacia la justicia en el procedimiento DAS después de años de impunidad, pero sobre todo, como un límite impuesto desde las instancias judiciales a la vertiente delictiva y de actuación violatoria de las libertades civiles propias del diseño y ejecución de este tipo de operaciones de contrainteligencia...

El abogado Rafael Nieto Loaiza, defensor del Estado colombiano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) fue llamado a declarar por la Fiscalía General de la Nación en el proceso por el denominado escándalo de las "chuzadas" del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta adscrita a la Presidencia de la República hoy en proceso de supresión) para que responda por la inclusión de su nombre en un plan de infiltración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.

El nombre de Nieto Loaiza aparece junto al de José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS actualmente detenido, en el cuaderno 126 -folio 179- del expediente de la Fiscalía Delegada 11 ante la Corte Suprema de Justicia. A ambos se les califica como "núcleos de apoyo directo" para una fachada del DAS que sería creada en la capital costarricense bajo el nombre de "Colectivo de Abogados Simón Bolívar".

En la documentación hallada por la Fiscalía... se lee que el Colectivo Simón Bolívar sería presentado como una "Organizacion No Gubernamental de Derechos Humanos..."

Nieto Loaiza es hijo de Rafael Nieto Navia, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta el año 2004 fue viceministro del Interior y de Justicia del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y en el año 2010 reemplazó a Eduardo Montealegre, actual fiscal general de Colombia, en la defensa del Estado en casos como el de la masacre de Santodomingo en 1998... Además fue asesor de la comisión redactora de la reforma al fuero penal militar, aprobada en medio de críticas de la comunidad internacional de derechos humanos.

No obstante su renombre, el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema, Julio Ospino, ha asegurado que no tiene un domicilio al cual notificar al jurista de su llamamiento a declarar en el caso DAS, solicitado por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que actúa como parte civil en el proceso...

Los documentos secretos del DAS informan que la "situación real" del supuesto colectivo de abogados tendría como objetivo "crear una ONG que defienda los intereses del Estado colombiano frente a la amenaza que representa la manipulación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Inleramericana de Derechos Humanos por parte de organizaciones de fachada de grupos al margen de la ley", calificativo con el que durante años han sido estigmatizadas varias ONGs colombianas...

Igualmente, existen actas de reuniones sostenidas por funcionarios del DAS entre el 16 y el 19 de mayo de 2005 con la Dirección de Inteligencia costarricense (DIS) "con el fin de fortalecer el intercambio de información y sensibilizar sobre la dinámica actual en tema de guerra política"...

El DAS y la DIS acordaron plantear mecanismos que permitieran la "presencia permanente del DAS en Centroamérica", mediante el establecimiento de un agente propio en Costa Rica con movilidad hacia Panamá, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala y México, así como el intercambio de información a través de la red centroamericana TEZCA, administrada por el servicio de inteligencia español...

Radio Nizkor ha entrevistado a Claudia Marcela Castellanos, Coordinadora de Defensa de Derechos Colectivos y Medio Ambiente en el seno de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, y a Mauricio Sánchez, Presidente de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (AHERAMIGUA).

Claudia Marcela, además de exponer el trabajo que desempeña el Colectivo Luis Carlos Pérez, nos habla sobre la problemática de la minería en Colombia y en las regiones del Norte de Santander, Antioquia y Sur de Bolívar.

Asimismo, explica detalladamente el marco legislativo actual, los cambios realizados al mismo en los últimos años y los resultados de esta política minera, tanto en lo referido a grandes concesiones, como en materia de concesiones a los mineros artesanales o tradicionales.

Otro de lo aspectos tratados es el problema de la violación del derecho a consulta a las comunidades concernidas, especialmente cuando los afectados son pueblos indígenas.

La región del Guamocó, ubicada en el suroccidente de la Serranía de San Lucas entre los departamentos de Antioquia (Nordeste) y Bolívar (Sur), configura uno de los principales escenarios y focos de violación sistemática a los derechos humanos y las libertades. Esta zona alberga uno de los yacimientos más significativos de oro que tiene el país y ello la ha convertido en objeto de políticas gubernamentales que han afectado el respeto de los derechos propietarios de los pobladores de la zona, así como sus formas tradicionales de subsistencia y el disfrute de sus derechos civiles, económicos, sociales y culturales.

El Colectivo Luis Carlos Pérez propone un análisis que permitiría proyectar alternativas de solución que armonicen la minería de subsistencia con la conservación y preservación del agua y la diversidad biológica, dejando atrás la persecución de los pequeños mineros tildados de "ilegales", procurando la defensa de la población civil frente a las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario consecuencia de la situación de conflicto armado existente en la zona.

El desplazamiento forzado y los asesinatos selectivos son práctica sistemática en la región desde hace años. Los pobladores han denunciado que existen actualmente en Guamocó puestos de control y dispositivos militares que impiden el libre tránsito y la movilidad; detenciones arbitrarias; registros a fuego indiscriminados; minas antipersonales; empadronamientos; falsos señalamientos; persecución y amenazas de parte de miembros de la Fuerza Pública, entre otros...

Precisamente acerca de las consecuencias de todo ello sobre los pobladores del Guamocó nos habla Mauricio Sánchez, quien expone las principales amenazas de la gran minería y las políticas gubernamentales asociadas a la misma hacia las comunidades de la región y cuál ha sido la respuesta de la población civil desde el medio asociativo.

La Corte Suprema de Justicia dictó auto inhibitorio el 09ago11 por el que resuelve no abrir investigación en contra del senador Alexnder López Maya en relación con los vínculos con la guerrilla de las "FARC" que se le atribuyeron.

Al inhibirse, la Corte estableció la existencia de una "persecución sistemtica" que en el 2008 llevó a la judicialización del congresista Alexander López a través de falsos testimonios, declaraciones clonadas y alteradas, así como la infiltración y el espionaje a sus actividades, hechos que adems llevaron a la captura de dos de sus asesores y tres líderes sindicales.

Para la Corte queda claro que, en el conflicto laboral de gran magnitud que hubo en 2008 entre los corteros de caña y los ingenios del Valle del Cauca y el Cauca agremiados en "ASOCAÑA", el Gobierno Nacional se alineó con los ingenios agremiados en "ASOCAÑA" y la emprendió en contra de los promotores de la huelga, específicamente contra el senador Alexnder López Maya.

Expone la Corte, literalmente, que "El Presidente de la República en uno de sus encuentros con las comunidades, con clara alusión, ordenó encarcelarlo. Estas fueron sus palabras: 'General Gómez Méndez, hay congresistas que en el pasado lideraron la destrucción de EMCALI, deberían estar en la crcel, y ahora son los mismos que estimulan tras bambalinas la violencia de los invasores. Judicialícelos y métalos a la crcel'".

La pretendida investigación en contra del senador Alexander López tiene su origen en las declaraciones efectuadas el 27jul07 por Francisco Javier Taborda Gómez (a. "Turbo" o "Nike"), ex paramilitar del Bloque Calima de las "AUC", quien le atribuyó vínculos con los grupos guerrilleros "FARC" y "ELN" en el marco del proceso disciplinario que adelantó la Procuraduría contra miembros de la fuerza pública por la conocida como "Operación Dragón", tras la persecución de la que en el año 2004 habrían sido víctimas varios líderes sindicales del Departamento del Valle del Cauca, entre ellos el hoy senador ALEXÁNDER LÓPEZ MAYA. La compulsa de ese testimonio fue la génesis de la investigación previa que acometió la Corte.

La Corte explica que "La gran paradoja de este caso es que un proceso disciplinario que la Procuraduría inició, teniendo por víctima al senador ALEXÁNDER LÓPEZ MAYA por hechos del año 2004, se distrajo con la declaración del señor FRANCISCO JAVIER TABORDA GÓMEZ (alias Turbo)... hasta llegar a la prescripción de la acción, para luego dar un giro orbital al punto de que sobre ese testimonio se resolvió, ms bien, vincularlo como sujeto disciplinado por relaciones con las "FARC" en el año 2001, y todo lo concernido con la "Operación Dragón", desde el punto de vista disciplinario quedó en nada".

La Corte halló que este testimonio adolece de incoherencia intrínseca y extrínseca, en suma, que se trata de un testimonio falso. Como también demostró que la denuncia de otro testigo -un trabajador del ingenio Pichichí, José Emilio Londoño Acevedo, quien denunció que López Maya se había reunido y entregado dinero a las FARC para la infiltración de la huelga de corteros de caña del 2008- fue clonada y manipulada por miembros de la SIJIN.

En cuanto a la acusación consistente en posibles vínculos subversivos a partir de los ficheros hallados en el ordenador del comandante de las FARC "Raúl Reyes" en el marco de la "Operación Fénix" en Ecuador, la Corte deja claro, como ya lo hiciera en su Auto de 18may11, que no sólo esa prueba es ilegal dado lo ilegal de su recabación, sino que "aún si esas pruebas fueran legales y legítimas, que según lo discernido no lo son, la verdad es que tampoco informan que el excongresista ALEXÁNDER LÓPEZ MAYA haya tenido vínculos con las "FARC"; menos que fuera parte de esa guerrilla".

Así pues, respecto de los tres pilares en que se asienta la pretendida prueba en contra del senador, establece la Corte que "Se ha llegado a la conclusión de que las acciones atribuidas al senador ALEXÁNDER LÓPEZ MAYA, que dicen relación, primero con el envío de material de guerra a un grupo guerrillero, luego, con la entrega de dinero y su alianza con esa colectividad subversiva durante una protesta de trabajadores ocurrida en 2008, y en tercer lugar con los computadores de "RAÚL REYES", no tuvieron ocurrencia..."

La Corte en su parte resolutiva, adems de inhibirse de cualquier investigación contra el senador, pide a la Fiscalía que investigue a ambos testigos por falso testimonio y que adems prosiga el curso la investigación por la "Operación Dragón".

En consecuencia, la Fiscalía acaba de ordenar la captura del Teniente Coronel (R) Julin Villate Leal, y los Mayores (R) Marco Fidel Rivera, Hugo Abondano Mikan (dueño de la empresa de vigilancia Seracis) y Huber de Jesús Botello (Gerente de la empresa Consultoría Integral Latinoamericana). A todos les imputó el delito de concierto para delinquir agravado por la Operación Dragón, si bien a los capturados les ha beneficiado con el régimen de detención domiciliaria...

Le 4 mars 2010, le Parquet général de Colombie a informé la séance plénière de la Cour suprême de justice de la découverte d'un nouveau plan visant à éliminer certains magistrats de cette haute cour.

Le même jour, la Chambre plénière de la Cour a publié un communiqué dans lequel elle dénonçait l'existence d'une « stratégie de terreur » contre la corporation, ainsi que l' « apathie discrète » des autres branches du pouvoir public colombien face à la gravité des faits, qui ne peuvent être considérés comme un « simple épisode » au vu de l'importance des procès menés actuellement devant la Cour contre des politiques, des paramilitaires et des narcotrafiquants pour des crimes contre l'humanité commis dans ce pays...

Au vu de ce qui précède, nous exprimons notre soutien à la Cour en cette période, étant donné les menaces et les agressions systématiques dont fait l'objet la plus haute instance judiciaire ordinaire de Colombie. Nous considérons, en effet, que de tels actes sont liés à ce que nous appelons l'attaque du pouvoir exécutif contre la Cour suprême de justice.

Depuis 2005, les magistrats et les enquêteurs de la Cour suprême sont devenus des cibles d'espionnage illégal et ont fait l'objet d'opérations d' « intelligence offensive » menées par le Département administratif de sécurité (DAS), c'est-à-dire la police secrète de Colombie, qui dépend du point de vue hiérarchique et fonctionnel du président Álvaro Uribe Vélez.

Ces actions criminelles visant la Cour ont coïncidé avec l'ouverture des enquêtes sur des parlementaires en fonction, d'anciens parlementaires, des gouverneurs et d'autres fonctions publiques en raison de leurs liens avec le paramilitarisme, ce que le droit international qualifie de participation à une entreprise criminelle commune et ce que l'on appelle en Colombie la « para-politique »...

Depuis décembre 2009, la Cour suprême de justice a prononcé de nouvelles condamnations dans l'affaire de la « para-politique ». Le 3 décembre, la Cour a condamné à quarante ans de prison Salvador Arana Sus, ancien gouverneur du département de Sucre, qui était également l'ambassadeur de Colombie au Chili pendant le premier mandat du Président Uribe. Le 15 décembre 2009, l'ancien député conservateur Gonzalo García Angarita a été condamné à sept ans et demi de prison pour ses liens avec le paramilitarisme dans le département du Tolima... Le 27 janvier 2010, la Cour a condamné deux paramilitaires à des peines de 40 et 20 ans pour le massacre de quatre indigènes Kankuamos.

Le 1er février 2010, la Cour a ouvert le procès contre Jorge Noguera Cotes, ancien directeur du Département administratif de sécurité (DAS), pour l'homicide de deux syndicalistes, d'un défenseur des droits de l'homme et d'une journaliste, tués en 2003. Dans le cadre de cette affaire, l'opinion publique a appris que le DAS rendait chaque semaine des rapports sur les activités syndicales au président de la République...

Le 17 février 2010, la Cour a refusé l'extradition aux Etats-Unis du chef paramilitaire Edwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino, qui fait l'objet d'une enquête autour des massacres de Manpujan et Las Brisas... La Cour estime que, dans le cadre de cette procédure d'extradition, lorsque les faits peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité, ceux-ci ont la prééminence sur les délits de narcotrafic étant donné leur qualité de crimes graves sous le droit pénal international

Le 24 février 2010, la Cour suprême a formulé une accusation pour entente en vue de commettre un délit, contre l'ancien sénateur Mario Uribe Escobar, qui est le cousin germain du président Álvaro Uribe Vélez et qui a été son fidèle allié tout au long de sa carrière politique. La Cour a estimé que Mario Uribe Escobar a pris part activement au plan d'expansion politique du paramilitarisme...

"Il ne fait pas de doute que les actes d'intimidation et les menaces systématiques dont la Cour suprême colombienne est la cible depuis plusieurs années correspondent à une stratégie qui vise à effrayer celle-ci. Cette Cour a pour rôle d'enquêter et de juger des parlementaires, actuels et anciens, ainsi que des hauts fonctionnaires de l'Etat, par des procès qui visent à dévoiler les activités d'une vaste entreprise criminelle qui, depuis 2002, en connivence avec des narcotrafiquants et des paramilitaires, s'est emparé d'une grande partie des trois branches du pouvoir public colombien"... " En plus de manifester notre soutien à la Cour suprême, nous voulons exprimer notre souhait que celle-ci n'abandonne pas la recherche de la vérité et de la justice face aux faits graves sur lesquels elle enquête et qu'elle juge"...

"Nous demandons aux gouvernements membres de l'Union européenne, notamment au gouvernement espagnol, d'assumer leurs responsabilités politique et juridique pour avoir protégé pendant des années la structure organisée par le président Uribe..."

El pasado jueves 04mar10, la Fiscalía General de Colombia informó al pleno de la Corte Suprema de Justicia sobre el descubrimiento de un nuevo plan de exterminio contra algunos magistrados de ese alto tribunal.

Ese mismo día, la Sala Plena de la Corte emitió un comunicado en el que denunció la existencia de una "estrategia de amedrentamiento" contra la corporación, así como la "discreta apatía" de las otras ramas del poder público colombiano frente a la gravedad de los hechos conocidos, que no pueden ser considerados como un "episodio cualquiera", dada la importancia de los procedimientos que se sustancian ante la Corte en la actualidad en contra de políticos, paramilitares y narcotraficantes por la comisión de crímenes contra la humanidad en ese país.

En atención a lo anterior, el Equipo Nizkor ha emitido una declaración manifestando su respaldo a la Corte en estos momentos con relación a las amenazas y agresiones sistemáticas contra el máximo tribunal de la justicia ordinaria en Colombia, por considerar que éstas tienen su origen en lo que hemos denominado el ataque del Poder Ejecutivo contra la Corte Suprema de Justicia.

En dicha Declaración, el Equipo Nizkor sistematiza los antecedentes y el contexto de la situación desde el año 2005, en que los magistrados e investigadores de la Corte Suprema se convirtieron en objetivo de espionaje ilegal y acciones de "inteligencia ofensiva" por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), policía secreta de Colombia, dependiente jerárquica y funcionalmente del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Coincidieron dichas acciones criminales contra la Corte con el inicio de las investigaciones a congresistas, ex congresistas, gobernadores y otros servidores públicos por sus nexos con el paramilitarismo, lo que en derecho internacional se conoce como integración en empresa criminal conjunta y que en Colombia se ha dado en denominar como el proceso de la "parapolítica"...

La denuncia de este nuevo plan de persecución y amenazas se produce poco después de importantes condenas dictadas por la Corte, como la impuesta al gobernador de Sucre y ex consejero de la Embajada de Colombia en Chile con el actual Gobierno, Salvador Arana Sus; o las pronunciadas contra el ex congresista conservador, Gonzalo García Angarita y el ex senador Vicente Blel Saad por sus nexos con el paramilitarismo... Asimismo, el 27ene10, la Corte condenó a dos paramilitares a penas de 40 y 20 años de prisión por la masacre de cuatro indígenas Kankuamos...

El 01feb10, la Corte dio inicio al juicio contra el ex director del DAS, Jorge Noguera Cotes, por el homicidio de dos sindicalistas, un defensor de derechos humanos y una periodista, ocurridos en el año 2003. En el marco de este proceso, la opinión pública ha conocido que el DAS entregaba semanalmente informes sobre la actividad sindical al presidente de la República...

El 17feb10, la Corte negó la extradición a los Estados Unidos del jefe paramilitar Edwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino, quien está siendo investigado por las masacres de Manpujan y Las Brisas... La Corte, en el marco de este procedimiento de extradición, consideró que cuando los hechos pueden revestir el carácter de crímenes contra la humanidad, tienen éstos, en su calidad de crímenes graves bajo el derecho penal internacional, preeminencia sobre los delitos de narcotráfico...

El 24feb10, la Corte Suprema de Justicia emitió resolución de acusación (llamamiento a juicio) por concierto para delinquir contra el ex senador Mario Uribe Escobar, primo hermano del presidente Álvaro Uribe Vélez, y gran aliado suyo a lo largo de su carrera política. La Corte consideró que Mario Uribe Escobar tomó parte activa en el plan de expansión política del paramilitarismo...

"No cabe duda de que los actos intimidatorios y las amenazas sistemáticas que desde hace varios años se han cernido sobre la Corte Suprema colombiana corresponden a una estrategia que busca atemorizar al máximo tribunal de justicia. Este tribunal es el encargado de investigar y juzgar a congresistas y ex congresistas, así como a altos funcionarios del Estado, en procesos que apuntan a develar el accionar de una vasta empresa criminal que, en alianza con narcotraficantes y paramilitares, desde el año 2002, se hizo con el control de grandes porciones de las tres ramas del poder público en Colombia...

Al tiempo que manifestamos nuestro respaldo a la Corte Suprema, expresamos nuestro deseo de que ésta no claudique en la búsqueda de la verdad y la justicia frente a los graves hechos que investiga y juzga...

Solicitamos a los gobiernos miembros de la Unión Europea, y especialmente al Gobierno español, que asuman la responsabilidad política y jurídica de haber protegido durante años la estructura organizada por el Presidente Uribe..."

Con ocasión del día del periodista en Colombia, el 09feb10, Claudia Julieta Duque y Hollman Morris ofrecieron una rueda de prensa en la Universidad Javeriana de Bogotá.

Hollman Felipe Morris (Director y fundador de Morris Producciones y Comunicaciones) y Claudia Julieta Duque, corresponsal de Radio Nizkor y representante del Equipo Nizkor en Colombia, presentan pruebas y testimonios judiciales en poder de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia que son evidencia suficiente para determinar la responsabilidad, por acción u omisión, del Jefe del estado en la persecución de más de 300 personas entre miembros de ONGs, periodistas, magistrados y líderes de oposición.

Según las pruebas existentes, esta persecución se llevó a cabo tanto en Colombia como en el exterior, en países como España, Alemania, México y los Estados Unidos. En varios documentos es explícito el conocimiento de este accionar por parte el Presidente de la República y Jefe del Estado, Álvaro Uribe Vélez, quien, conforme a la legislación vigente, es el máximo escalón jerárquico en la cadena de mando del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en forma directa y personal.

Esta persecución contra ambos periodistas, corrió a cargo y fue ejecutada por un grupo de contrainteligencia que operó a través de campañas de amenazas y difamación, intimidación, persecución psicológica, información falsa, bloqueo de acceso a fuentes de financiación e incluso solicitud a terceros países para impedir la consecución de visas de acceso a la Unión Europea, Los Estados Unidos y México.

Consideramos que la importancia del caso estriba en que es la primera vez que se han conseguido pruebas, aunque parciales debido a la destrucción voluntaria de los archivos del DAS, de cómo operan estos grupos de contrainteligencia en el uso de las nuevas tecnologías, orientadas, no a la represión en sí misma, sino a la inducción de determinados comportamientos sociales, sirviéndose de estos medios para la destrucción del tejido social de un país y la obtención de un control político social indirecto...

Este documento audio contiene la integralidad de la rueda de prensa ofrecida, incluidas las preguntas de los asistentes y las respuestas a las mismas. La grabación in situ ha sido efectuada por Morris Producciones.

En las últimas semanas se ha visto incrementada la persecución en contra del abogado Jorge Eliecer Molano Rodríguez, así como las acciones de hostigamiento en contra de sus familiares >El abogado Molano Rodríguez se desempeña en la actualidad como representante de familiares de víctimas en los casos de la toma del Palacio de Justicia, en el caso de la masacre del 21 de febrero de 2005 en contra de la Comunidad de Paz de San José de Apartado, en el caso del espionaje por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a periodistas, defesores de derechos humanos y jueces de las Altas Cortes, así como en casos relativos a los llamados "falsos positivos"...

En dichos procesos se encuentran vinculados, entre otros, los Generales Jesús Armando Arias Cabrales, Iván Ramírez Quintero, Héctor Jaime Fandiño, Carlos Alberto Ospina Ovalle, Julio Charry Solano y Rito Alejo del Río. También los Coroneles Luis Alfonso Plazas Vega, Edilberto Sánchez Rubiano, Fernando Blanco, Orlando Espinosa Beltrán, Néstor Iván Duque, Julián Villate Leal, Germán Huertas.

Concretamente, el 01dic09, las personas asignadas para la protección del abogado fueron informadas que durante la última semana, en tres oportunidades, personas vestidas de civil han concurrido a la portería del conjunto residencial donde habita, solicitando acceder a su vivienda. Estas personas se negaron a identificarse. Por otra parte, el teléfono celular del abogado se halla intervenido desde el año 2004, según documentación probatoria existente en sede judicial, aunque durante el último mes ha sido notoria la interferencia de sus comunicaciones telefónicas, con ruidos extraños en la línea e interrupciones de llamadas. También su compañera ha sido objeto de seguimientos en varias ocasiones...

El Presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en declaraciones efectuadas en rueda de prensa celebrada el 21sep09, informó de la línea jurisprudencial que seguirá la Corte respecto de todo lo relacionado con el denominado "aparato de guerra", y que consiste básicamente en distinguir y aplicar a la luz de los estándares internacionales los tipos penales de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

Estas declaraciones fueron efectuadas a tenor de una adición de voto que pasó a ser postura general, de modo que los 9 magistrados de la Sala de Casación Penal esto es, la Sala en Pleno, firman y suscriben esta línea jurisprudencial.

Con ello, la Corte Suprema de Justicia incorpora los estándares del derecho penal internacional de cara a la aplicación de los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra a la casuística relacionada con este tipo de crímenes graves.

Tropas del Ejército de Colombia adscritas a la Brigada Móvil No. 7, Fuerza de Tarea Omega, al mando del Brigadier General Javier Alberto Flórez Aristizábal, dispararon indiscriminadamente el 09sep09 contra un grupo de trabajadores que se dirigía a arreglar varios puentes sobre el Río Guaviare, en los Llanos Orientales de Colombia. En la acción fueron asesinadas tres personas y tres más resultaron heridas.

El 08sep09, una comisión de campesinos de la comunidad de la vereda Puerto Cachicamo, jurisdicción de San José del Guaviare, se trasladaron hacia el sector de La Gorgona, a 9 kilómetros de Puerto Cachicamo. El 09sep09, siendo a las 8:30 de la mañana, la comisión se puso en camino con la intención de recoger una maquinaria vieja que se encontraba tirada en la carretera, aproximadamente a dos kilómetros de la finca donde pernoctaron.

Se detuvieron a reparar uno de los dos vehículos en que se movilizaban, cuando aparecieron tres guerrilleros de las FARC que les preguntaron hacia dónde iban; ellos le informaron que iban a buscar una maquinaria vieja que estaba tirada más adelante y los guerrilleros se fueron.

Se estaban subiendo a los vehículos, cuando empezaron a dispararles ráfagas de fusil ametralladora. A pesar de gritar que eran civiles, siguieron disparándoles durante cinco minutos. Tras el alto el fuego llegó la tropa perteneciente a la Brigada Móvil No 7; apuntaron en la cabeza a quienes estaban vivos, les tiraron al piso y, acusándoles de ser guerrilleros, les insultaron... Según los sobrevivientes, cada vehículo recibió aproximadamente 150 impactos de bala. Los soldados inspeccionaron la zona y dijeron a los campesinos que tenían que decir que era un accidente, que los soldados habían dado el alto; sin embargo, los sobrevivientes afirman que nunca escucharon al Ejército dar el alto y que lo único que sintieron fueron las ráfagas de ametralladora. Media hora después, estando aún la población civil en el sitio de los hechos, el avión denominado “arpía” bombardeó a muy pocos metros de donde se encontraban.

Al cabo de poco tiempo llegaron unidades del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) y la asesoría jurídica del Ejército Nacional... Finalmente, a las 10:00 de la mañana, un helicóptero aterrizó en el sitio de los hechos y trasladó los tres cadáveres, los tres heridos y a los sobrevivientes hacia el batallón en San José del Guaviare.

En el lugar se hizo presente la comisión de derechos humanos del BAJO ARIARI que se desplazó a la zona con los familiares para conseguir la salida de los sobrevivientes del batallón y la entrega de los cadáveres.

Acerca de estos hechos Radio Nizkor ha entrevistado a Héctor Torres, coordinador de derechos humanos del Bajo Ariari.

Radio Nizkor pone a disposición el audio íntegro de la entrevista concedida por el ex Director de Informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Rafael García, al periodista de Noticias Uno, Arnulfo Méndez.

Rafael García ratifica en esta entrevista que desde el DAS y cuando Jorge Noguera estaba a cargo de esta entidad, se realizaron operaciones de narcotráfico, en las que participaron altos funcionarios del DAS. Declara también que los paramilitares están detrás de la designación de importantes cargos ne la entidad, a nivel de dirección, y que desde este organismo dependiente de la Presidencia de la República se fraguó un fraude electoral, diseñado por él mismo, para favorecer a políticos afines a los paramilitares en la elección al parlamento y a Álvaro Uribe en la elección presidencial de 2002.

Rafael García señaló que el organismo, a través del Bloque Norte de los paramilitares enrolados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y junto al ministerio del Interior colombiano, participó en una conspiración impulsada por sectores de oposición venezolanos contra el Gobierno del presidente Hugo Chávez.

Explicó también que al hacerse cargo de la dirección de Informática del DAS debió ocuparse, por encargo de Noguera, de la Plataforma Esperanza, proceso mediante el que se interceptaron teléfonos de líderes de partidos de izquierda en Colombia y representantes de organizaciones no gubernamentales, y que esa acción se llevó a cabo gracias a un acuerdo al que llegó Noguera con el Fiscal General colombiano de ese entonces, Luis Camilo Osorio.

La colaboración entre el DAS y los paramiliatares se extiende también al suministro de armas a éstos últimos...

Rafael García insiste en que todos estos hechos eran de conocimiento del máximo responsable del DAS en la cadena de mando, el Presidente de la República.

Estas declaraciones, sumadas a la demostración en sede judicial del funcionamiento dentro del DAS de un grupo de contrainteligencia llamado G3, al que se asignaron una serie de tareas con finalidad delictiva -entre ellas la interceptación ilegal de las comunicaciones electrónicas de jueces de las altas cortes, defensores de derechos humanos y periodistas- refuerzan la constatación de que esta entidad estatal, o parte de ella, se ha desempeñado como una Empresa Criminal Conjunta en la terminología de responsabilidad penal empleada por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, debiéndose además determinar las responsabilidades de los implicados desde la aplicación del principio de responsabilidad de la cadena de mando.

El senador Gustavo Petro pronunció un discurso parlamentario en la sesión plenaria del pasado 09jun09, entre las 22:30 y las 23:30 hora local de Bogotá, acerca de la persecución sistemática llevada a cabo por el servicio de inteligencia colombiano conocido como Departamento Admisnitrativo de Seguridad - DAS, contra una serie de organizaciones de derechos humanos, periodistas de investigación, jueces de las Altas Cortes e incluso partidos políticos.

Según el documento utilizado por el senador en su discurso y al que ha tenido acceso Radio Nizkor, se encuentran detalladas en 103 carpetas las operaciones de contrainteligencia organizadas por un grupo denominado G3 contra defensores de derechos humanos, periodistas y jueces de la alta magistratura...

La importancia de los documentos que se hacen públicos es que tienen valor de prueblas indubitables de la persecución y acoso a que fueron sometidas todas las personas que directa, o indirectamente, cayeron en el diseño de las operaciones de contrainteligencia dirigidas por especialistas de la Marina de Guerra colombiana y financiadas por un país extranjero, país que el documento no identifica.

Una de las primeras conclusiones es que el Estado Mayor militar y civil que dirigió las operaciones mencionadas recibió órdenes expresas de incorporar en los planes de guerra a las organizaciones de derechos humanos, periodistas de investigación y jueces de las Altas Cortes y, por lo tanto, fueron considerados como "blanco" y algunos específicamente como "objetivos", cual es el caso de nuestra corresponsal en Colombia Claudia Julieta Duque...

Las operaciones de contrainteligencia forma parte de lo que se considera "inteligencia ofensiva" y tienen la finalidad de eliminar a los "objetivos", usando para ello todo tipo de medios humanos, técnicos y militares. Conllevan, como se ha probado en estos casos, la recontrucción de toda la red social y familiar de los perseguidos. No hay lugar a dudas de que este tipo de operaciones clandestinas e ilegales tienen como consecuencia la manipulación de los hechos, la alteración de los sistemas sociales y la destrucción de las organizaciones que son consideradas como "blancos"... Es por ello que, desde el punto de vista jurídico, creemos que es correcta la calificación de "crímenes ocntra la humanidad" que realiza el Senador Petro, dado que estas actividades fueron organizadas sistemáticamente y a gran escala, cometiendo, indudablemente, actos de persecución social y política...

Caracol Radio difundió hace un tiempo información sobre lo que denominó "la bitácora" de Claudia Julieta Duque en el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) y se refería explicítamente a ciertos documentos que reflejan el seguimiento de que ha sido objeto nuestra corresponsal en Colombia.

En la presente entrevista, Claudia Julieta Duque explica la persecución sistemática por parte de la contrainteligencia del DAS desde el año 2001 y, al menos, hasta 2008. Esta explicación se basa en la documentación a la que ha tenido acceso como periodista y en la que existen pruebas documentales indubitables de este acoso y persecución.

Tal persecución incluyó operaciones de contrainteligencia incluso en el extranjero durante su exilio en España en 2004. La amplia documentación que posee el Equipo Nizkor le permite afirmar que a esta modalidad de persecución fueron sometidos diversos organismos de derechos humanos, activistas, periodistas de investigación, magistrados de las Altas Cortes e, incluso, partidos políticos.

El G3 (Grupo de Contrainteligencia) actuó en todo momento de forma absolutamente ilegal y violando sistemáticamente el derecho interno colombiano y el derecho internacional.

A las 04:00 a.m. del 16dic08, efectivos del Ejército Nacional dispararon sin piedad sobre la camioneta del Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC, vehículo en el que se desplazaba una misión médica procedente del municipio de Inzá Tierradentro, conducida por Edwin Legarda Vázquez, esposo de la Consejera Mayor del CRIC, Aida Quilcué. El comunero Legarda recibió dos impactos de bala, uno de los cuales en la parte derecha del pecho, y murió a las 08:00 a.m. en el Hospital San José de Popayán.

El vehículo del CRIC, que es ampliamente conocido por sus viajes en esa vía, fue atacado por tres costados y presenta 17 impactos de fusil, en una clara acción de guerra del ejército colombiano contra la población civil y, concretamente, contra los pueblos indígenas. Los hechos ocurrieron en la Vereda San Pedro, el Bosque, sitio San Miguel, del Municipio de Totoro, Cauca.

La Consejera del CRIC ha denunciado este hecho como un acto premeditado que en realidad la tenía a ella como objetivo. Aida Quilcué ha recibido múltiples amenazas y su riesgo aumentó a raíz de sus denuncias nacionales e internacionales sobre la violencia contra los pueblos indígenas y los asesinatos en el desarrollo de la Minga Nacional...

Quilcué había regresado el 15dic08 de Ginebra, donde participó en una delegación no gubernamental que expuso sus denuncias ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con motivo del Examen Periódico Universal (EPU) que realizó ese organismo especializado sobre Colombia...

Legarda cumplía labores logísticas para una reunión que iba a celebrar el CRIC y además debía recoger a Quilcué en Popayán. Cuando fue atacado, a las 04:25 a.m. hora local, se dirigía desde Tierradentro hacia esa capital, en compañía de una enfermera del servicio de salud de la Asociación Indígena del Cauca, que resultó herida.

El comandante de la Tercera División del Ejército, general Eliseo Peña, reconoció la responsabilidad de esa fuerza y pidió una investigación. La camioneta del CRIC encontró un retén militar y no obedeció la orden de "pare", explicó, lo que sin embargo no justifica los disparos y menos su elevado número, dijo.

Pero según el gobernador indígena de Totoró, Hilario Sánchez, "no hay ninguna indicación de que exista un retén militar" en esa zona. A la camioneta "le dispararon de todos los lados", dijo...

Los militares que le habrían disparado fueron detenidos por la Guardia Indígena y la comunidad local. Según Hilario Sánchez, "la llegada del ejército ha hecho mucho daño en la zona, porque los soldados actúan contra los indígenas".

Los aborígenes piden que el ejército se retire de los territorios ancestrales, una exigencia que hacen también a las guerrillas izquierdistas y a los paramilitares de ultraderecha, envueltos en una guerra de décadas...

El Equipo Nizkor hizo público un comunicado ante el fallo favorable de la Corte Constitucional en el caso de la corresponsal en Colombia de Radio Nizkor.

El 23oct08 la Corte Constitucional de Colombia falló a favor en el caso de Claudia Julieta Duque, colaboradora del Equipo Nizkor y corresponsal en Colombia de Radio Nizkor. En su comunicado, el Equipo Nizkor expresa que, generalmente, "no publica las cuestiones de seguridad que afectan a nuestros colaboradores, aunque en este caso hicimos pública el 11abr08 la carta dirigida al Director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Rafael Bustamante, y al hoy director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta de Colombia), Joaquín Polo Montalvo, en la que Claudia Julieta Duque renunciaba a su esquema de seguridad y donde hacíamos un breve comentario sobre la cuestión.

Sin embargo, ante el tenor de la sentencia T-1037/08 en la Acción de tutela instaurada por Claudia Julieta Duque O. contra el Ministerio del Interior y de Justicia y el Departamento Administrativo de Seguridad... dado que sienta jurisprudencia que afecta tanto a los periodistas como a los defensores de derechos humanos en riesgo, hemos decido hacer pública nuestra opinión."

"Lo primero a resaltar es que el fallo significa el reconocimiento, por parte del Estado, de la persecución que desde 2001 ha llevado a cabo el DAS contra nuestra corresponsal por su actividad en la investigación y esclarecimiento del caso del asesinato de Jaime Garzón, y posteriormente, en cuanto integrante de nuestra organización, con lo que estos graves hechos pasan ahora a ser “cosa juzgada”... La sentencia fija límites claros en aras de la garantía al derecho a la vida privada de las personas protegidas, especialmente al difícil límite entre seguridad y protección en casos graves, particularmente cuando se utilizan agentes cuyas instrucciones tienen más que ver con las tareas de inteligencia y contrainteligencia que con la protección de las personas en riesgo."

"Fija un límite racional... a los informes y opiniones de este organismo [DAS] acerca de las personas protegidas, dejando establecido que no puede contradecir, ni poner en duda, los informes de riesgo realizados por la Policía Nacional, salvo que contara con pruebas fehacientes en contra de la persona protegida y, en este caso, deberá ponerlos a disposición del juez competente."

"Prohíbe que los agentes encargados de la protección de las personas amenazadas realicen informes y tareas de inteligencia ... La sentencia obliga al DAS a hacer públicos todos los informes que sobre las personas protegidas consten en sus archivos y notificar a las personas protegidas todos los extremos del mismo aún en el caso de que estén clasificados como de 'seguridad nacional' y, especialmente, los informes derivados de las propias tareas de protección."

"[E]speramos que esta sentencia tenga como consecuencia su aplicación estricta a todos y cada uno de las personas incluidas en este tipo de protección por parte del Estado máxime teniendo en cuenta las informaciones recientes que involucran a agentes que prestaban este servicio de protección en la comisión de secuestros y otros crímenes. Esperamos también que se realice la necesaria modificación de las estructuras funcionales del sistema de protección, estableciéndose los niveles de control suficientes y necesarios para garantizar su funcionamiento acorde con las exigencias que establece el Tribunal Constitucional en esta sentencia."

Ante el ataque de la fuerza pública a indígenas en La María Piendamó, Cauca, Radio Nizkor ha entrevistado al coordinador de comunicación y relaciones externas de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), Jorge Arias, y a un Consejero de dicha organización, Danilo Secué.

Jorge Arias, quien se encuentra en la finca La María, explica los incidentes que ha habido por ataques de la fuerza pública contra indígenas, y proporciona una actualización de información de lo sucedido durante la madrugada del 15oct08 y hasta aproximadamente las 09:00 am hora local.

La entrevista al Consejero de la ACIN, Danilo Secué, analiza la situación de los aproximadamente 10.000 indígenas movilizados, como todos los años, para la fecha del 12 de octubre, en lo que denominan "Minga de Resistencia Social y Comunitaria", encuentro que tiene como finalidad el recuerdo del 516 aniversario del desembarco español en el continente americano y que Danilo Secué explica como un genocidio contra las poblaciones originarias.

La reunión de indígenas del Norte del Cauca se lleva a cabo en la Finca "La María", reclamada por las comunidades como propiedad indígena. Esta finca se encuentra muy cerca de la Finca "Emperatriz", ocupada en 2005 debido al incumplimiento por parte del Estado colombiano de devolverla a propiedad indígena, cumpliendo así con una resolución de la CIDH en ese sentido. La finca "Emperatriz" fue desocupada pacíficamente después de que el presidente Uribe se comprometiera a recibir a los Consejeros indígenas antes de diciembre de 2005. El Presidente Uribe nunca cumplió con este compromiso.

Danilo Secué nos explica además las movilizaciones indígenas en el resto del país y nos da las cifras aproximadas de 4 detenidos y 17 heridos -dos de los cuales se encuentran muy graves-, tras la intervención de la fuerza pública. Las fuerzas militares que han actuado se encuentran al mando del General Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia, Comandante de la policía del Valle, quien llegó al mando de varios helicópteros que sobrevuelan en vuelo rasante la concentración indígena...

Radio Nizkor ha recibido información de fuentes solventes de que nuevamente se estaría preparando una campaña de inteligencia que tendría como finalidad específica el procesamiento de periodistas, sindicalistas y otros activistas sociales, para lo cual se procedería a la imputación de delitos, o bien relacionados con el terrorismo, o bien relacionados con la criminalización de acciones legales, como puede ser favorecer una huelga u otras formas de protesta social totalmente legítimas en un estado de derecho.

Esta campaña sería complementaria a la ya iniciada por el Gobierno colombiano y que ha llevado al procesamiento de personas acusadas, básicamente, de relaciones con las FARC, como son los procedimientos iniciados en Dinamarca y en España...

La información recibida por Radio Nizkor dice que esta nueva campaña de control político social iniciada por el Gobierno colombiano está dirigida, directamente, por el sistema de seguridad de la Presidencia de la República, concretamente por el Brigadier General Flavio Eduardo Buitrago Delgadillo, jefe de seguridad de la casa de Nariño y quien controla directamente este tipo de operaciones.

El General Flavio Buitrago Delgadillo al parecer es familiar de Pablo Elías Delgadillo Buitrago, un esmeraldero famoso por su amistad con el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, hecho que le permitió incluso convertirse en informante clave para dar con el paradero de los autores materiales del asesinato, en agosto de 1988, del candidato presidencial Luis Carlos Galán. Pablo Elías Delgadillo, muerto en el año 2003, fue junto a Víctor Carranza uno de los líderes de la alianza entre narcotraficantes y paramilitares en el Magdalena Medio colombiano, de acuerdo con diferentes fuentes.

La nueva campaña de judicialización contra periodistas, formadores de opinión y activistas sociales y políticos en Colombia está acompañada por seguimientos, intimidaciones y rastreos de inteligencia a las familias y al pasado de las personas que serán señaladas... Con ella se busca neutralizar los gravísimos escándalos en que ha estado involucrado el actual gobierno de Álvaro Uribe, 70 de cuyos congresistas aliados han sido o están siendo procesados por sus vínculos con el paramilitarismo, mientras más de una veintena de sus funcionarios de alto y medio nivel han tenido que renunciar por las mismas razones...

[E]sta campaña sutilmente dirigida y orquestada a todos los niveles, busca también desprestigiar y desalentar la protesta social. En las últimas semanas, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, estudiantiles y sociales han sido señaladas por sus presuntos nexos con la guerrilla, como manera de descalificar huelgas y protestas sociales que actualmente se llevan a cabo.

En el caso de la Rama Judicial, los trabajadores de la justicia llevan casi un mes en huelga, mientras que los corteros de caña de azúcar completan ya 14 días en paro... Uno de los dirigentes del ingenio azucarero Pichichí ha acusado al senador Alexander López, del Polo Democrático, de ser el organizador del paro... El fiscal general ordenó el 25sep08 el traslado a Bogotá del director de Fiscalías de Cali para recibir de primera mano un informe sobre los presuntos nexos del senador Alexander López con el paro de cortadores de caña que se adelanta en el Valle...

En realidad es una nueva maniobra de judicialización del sindicalismo en Colombia y el Senador Alexander López ya se vio inmerso en campañas de esta naturaleza durante la conocida “Operación dragón”, campañas que fueron denunciadas el 30 de octubre de 2004 en un largo y detallado comunicado de organización sociales del Valle del Cauca.

Unos 34.000 trabajadores del Poder Judicial de Colombia comenzaron el 03sep08 una huelga nacional indefinida. El demoledor ataque del lunes contra el Palacio de Justicia en la occidental ciudad de Cali es apenas un motivo más para la protesta.

La Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial), reclama la reclasificación y nivelación de salarios, que establecía la Ley 4 de 1992, pero que los sucesivos gobiernos sólo han cumplido parcialmente.

La inestabilidad laboral amenaza a más de 18.000 trabajadores provisionales del Poder Judicial. Muchos llevan hasta 14 años bajo ese tipo de contratación. Unos 4.000 jueces y otros empleados públicos pueden quedar cesantes en diciembre...

Según el presidente de Asonal Judicial, Fabio Hernández, la situación "indudablemente" afecta la independencia de la justicia, "porque se utiliza el mecanismo de la provisionalidad para poder presionar determinado tipo de decisiones de un funcionario en un momento dado".

Ese es un aspecto delicado en el contexto actual, cuando los autores intelectuales de graves matanzas en la longeva guerra colombiana deben ser llamados por la justicia a rendir cuentas.

"Hay una situación muy grave derivada de la intromisión del Ejecutivo en los asuntos judiciales, la agresión constante", señaló en referencia a recurrentes ataques del presidente Uribe contra los magistrados que lideran los procesos a decenas de políticos aliados del mandatario, acusados de ser parte de la parapolítica.

"La rama judicial en Colombia atraviesa por una situación bastante crítica", pues el jefe del Ejecutivo está "agrediendo constantemente a la cúpula judicial, en particular el trabajo desplegado por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia en torno a las investigaciones sobre parapolítica", dijo Hernández.

"Queremos, dentro del pliego de solicitudes, que se establezcan unos mecanismos claros de respeto a la independencia y la autonomía del órgano judicial, como corresponde en todo Estado social de derecho", resumió...

El Magistrado de la Corte Constitucional D. Jaime Araújo explica su salvamento de voto en el caso relativo a la reelección del Presidente Uribe.

En esta entrevista, el magistrado Araújo explica en forma concisa y clara el carácter delictual de la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez, obtenida mediante la comisión de sobornos y actos de corrupción durante el trámite del proyecto de reforma constitucional que permitió su elección por dos períodos consecutivos.

En su salvamento de voto fundamenta que el fallo de la Corte Constitucional al respecto "convalida una situación inconstitucional, injusta, ilegítima, ilegal y criminal".

Esta argumentación se basa en la sentencia de 26jun08 de la Corte Suprema en el caso Yidis Medina, conocido como "la yidispolítica", en el cual la Corte Suprema de Justicia da por demostrado que la reelección del Presidente se produjo mediante un acto de cohecho.

La Corte Constitucional sustenta su fallo en que no puede revisar sus propias sentencias y, dado que sobre esta cuestión ya se había expedido en la sentencia C-1040 (Reelección Presidencial) de 19 de octubre de 2005, declara haber perdido su competencia para emitir un nuevo pronunciamiento sobre el Acto Legislativo No. 02 de 2004, que permitió la reelección presidencial.

El magistrado Araújo se opone frontalmente a esta posición partiendo del principio de que el delito nunca puede ser fuente del derecho. Para ello se basa en la apreciación de hechos objetivos y en la aplicación de la propia Constitución de la República de Colombia.

La importancia de este salvamento de voto, a pesar de ser minoritario, estriba en que puede ser la base para la nulidad de los actos jurídicos y legislativos del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, al tener origen en un acto delictivo.

Hay que tener en cuenta además el hecho de que en esta legislatura se ha llegado a batir el récord de 73 congresistas procesados por la Corte Suprema por nexos con los grupos paramilitares y el crimen organizado, y de 3 congresistas y varios ministros del gabinete presidencial por cohecho y corrupción. Como consecuencia, la Rama Judicial colombiana se ha visto mermada y golpeada por los constantes ataques del Ejecutivo. Asimismo, se da en momentos en que el Ejecutivo ha presentado un proyecto de reforma a la justicia que socavaría la independencia del poder judicial y sus capacidades de investigación.

Tan sólo en la ciudad de Barrancabermeja once periodistas han sido amenazados tras denunciar situaciones de corrupción en la administración pública; varios han tenido que abandonar la ciudad ante amenazas de muerte contra ellos y sus familias. Dichas amenazas provienen básicamente de grupos paramilitares.

Marcos Perales Mendoza ha recibido cinco amenazas en 14 meses, motivadas por su labor informativa y de denuncia de los actos de corrupción del Gobierno municipal de Barrancabermeja, al frente del cual se haya el alcalde Edgard Cote Gravino, quien concurrió a la alcaldía como candidato del Polo Democrático, pero con el apoyo de grupos paramilitares.

Las denuncias publicadas por el periodista se basan en documentos oficiales solicitados al propio Alcalde a través de Derechos de Petición; las mismas las ha enviado a la Fiscalía Regional de Barrancabermeja y Santander, sin resultados en el proceso investigativo...

En los últimos seis meses la Corte Constitucional colombiana ha tenido que decidir sobre cuestiones tan importantes como la constitucionalidad de la ley de justicia y paz, la reelección presidencial y la ley de garantías electorales.

En el caso de la reelección, votada en octubre de 2005, la Corte avaló el procedimiento que permitió un segundo mandato presidencial. De igual manera, un mes después, en noviembre, dio el visto bueno a la llamada ley de garantías electorales.

Finalmente, el pasado 18 de mayo, avaló parcialmente la ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), y expidió un comunicado en el que exponía qué artículos de dicha ley habían sido declarados inconstitucionales y por qué sobresalía en el comunicado la declaratoria de inexequibilidad del último aparte del artículo 20 de la ley 975, que determinaba que las condenas anteriores de los desmovilizados podrían acumularse y reducirse a las penas que establecía la ley (de cinco a ocho años de prisión).

Esto fue explicado claramente por el presidente de la Corte Constitucional, Jaime Córdoba Triviño, en rueda de prensa, la noche del 18 de mayo y en la mañana del 19, en diferentes medios de comunicación. Pero el mismo día 19, hacia las 11:00 am, la Corte expidió un nuevo comunicado en el que se afirmaba que ese artículo sí había sido declarado exequible en su totalidad, y se abrió un fuerte debate sobre el particular.

El contexto de este "cambio" en las informaciones emitidas por la Corte Constitucional colombiana correspondió a las declaraciones que jefes paramilitares colombianos habían efectuado la mañana del 19 de mayo, en particular provenientes de Iván Roberto Duque Escobar, alias Ernesto Báez, quien en tono amenazante afirmó que la decisión de la Corte constituía "un golpe mortal al proceso de paz" con las autodefensas. De igual manera se había pronunciado el ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, quien se declaró "perplejo" y preocupado por las decisiones de la Corte Constitucional sobre el particular.

Posteriormente, el pasado 15 de junio, el magistrado Jaime Araujo Rentería citó a una rueda de prensa en la que denunció que el fallo de la Corte Constitucional sobre el tema de la ley de justicia y paz había sido modificado el día 19 de mayo y que no correspondía a las decisiones que se habían tomado en sala plena...

Dada la gravedad e importancia de estas cuestiones, Radio Nizkor ha considerado oportuno hablar con el Magistrado Araujo, quien es entrevistado por Gregorio Dionis, Presidente del Equipo Nizkor.

El 1 junio de 2006 se suscribió un acuerdo tripartito en Ginebra entre Gobierno colombiano, empresarios y sindicatos.

El llamado "Acuerdo Tripartito por el Derecho de Asociación y la Democracia" fue firmado por el Viceministro Relaciones Laborales de Colombia, Jorge León Sánchez; los sindicalistas Carlos Rodríguez (CUT), Julio Roberto Gómez (CGT) y Apecides Alvis (CTC), y, por Luis Carlos Villegas ANDI, en nombre de los empresarios.

De este modo, el Gobierno de Colombia "amortiguó una sanción de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la impunidad de numerosos asesinatos de sindicalistas y obreros... En la cuestión laboral, las autoridades colombianas convinieron con sindicalistas y empresarios que la OIT renovaría su presencia en el país "a través de una representación permanente".

El giro empleado de "representación permanente" eludió el término crudo de "oficina" que equivale a una descalificación cuando la OIT abre ese tipo de dependencias en un país que se encuentra bajo escrutinio por violaciones graves."

El viceministro Sánchez interpretó que el Acuerdo Tripartito "tiene un contenido histórico"... Con ese documento, Colombia "queda excluida de la lista negra" de países violadores de los principios y las normas laborales...

Según los dirigentes sindicales colombianos, este acuerdo, al menos en el caso de la CUT, no fue aprobado por órgano de gobierno alguno, por lo que el sindicalista Carlos Rodríguez, que lo rubricó en nombre de esta organización sindical, no contaba con mandato para esta firma.

Acerca de este incidente, Radio Nizkor ha entrevistado a Diego Escobar, dirigente de la CUT del Valle, quien nos detalla el problema y sus consecuencias sobre el movimiento sindical organizado en Colombia.

"El sindicato de trabajadores de hospitales, que registra 111 miembros asesinados desde 2001, volvió a recibir amenazas esta semana mediante una carta, que demuestra que Colombia es el país más peligroso para el sindicalismo, según un reciente reporte internacional y de este gremio.

La misiva, suscrita por el "brazo armado de las ex AUC", siglas de los grupos paramilitares desmovilizados, menciona nombres de varios líderes y miembros del sindicato, que coincidentemente son los mismos que el Ministerio del Interior protege, explicó la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios, Clínicas y Consultorios (ANTHOC)..."

"El asesinato a manos del ejército de Colombia de 10 efectivos del grupo de élite de la Policía Judicial y de un informante civil que los guiaba en una operación antidrogas "no fue un error (militar), fue un crimen", afirmó el fiscal general Mario Iguarán.

Un coronel comandante de batallón contrainsurgente del ejército, un teniente, un sargento y cinco soldados fueron detenidos en la víspera y pocas horas después, en la noche, comenzaron a declarar ante la Fiscalía por haber lanzado "una emboscada para cometer una masacre" contra la elite policial que adelantaba una operación en zona dominada por paramilitares ultraderechistas...

Según versiones de prensa, la finca que pretendía allanar el grupo antinarcóticos pertenece a Diego Montoya o 'Don Diego', como le llaman al poderoso capo del cartel del Norte del Valle que figura en la lista de las 10 personas más buscadas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, con una recompensa por su cabeza de cinco millones de dólares..."

Recientemente el grado e intensidad de las amenazas contra organizaciones de derechos humanos colombianas y sus defensores ha aumentado. Amenazas vía correo electrónico firmadas directamente por grupos paramilitares y sus líderes; hostigamiento; robo de discos duros e información documental; falsas incriminaciones... son, entre otros, el tipo de actuación encaminado a silenciar y detener el trabajo de defensa de derechos humanos de numerosos colectivos y personas.

Reinaldo Vargas, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, nos habla del contexto actual de estas amenazas, de la reacción a las mismas por parte de la representación de la presidencia de la UE en Colomnbia, en este momento en manos de Austria, así como del hostigamiento en contra del Colectivo de Abogados y el porqué del mismo.

Ante la grave situación humanitaria que se viene dando en la región de Nariño, hemos entrevistado a Carlos Maya, Defensor del Pueblo de este Departamento.

En días recientes se han sucedido movilizaciones de distintos grupos y comunidades en diversos puntos de la región. En el punto llamado "Remolino", en la vía Panamericana que conduce de Pasto a Popayán, se han concretrado unas 15.000 personas. También ha habido movilizaciones de la comunidad indígena Awá en el punto de Ricaurte-Junín-El Diviso, de unas 8.000 personas en Barbacoas y de las comunidades afrodescendientes en la zona cercana al municipio de Tumaco.

Destaca por el empleo excesivo del uso de la fuerza la represión policial y militar que se dio en Remolino, donde incluso la población fue atacada con gas pimienta, vulnerando de este modo disposiciones básicas del Derecho Internacional Humanitario.

Uno de los aspectos más preocupantes es el desplazamiento forzoso de población civil en la zona. Entre los más recientes desplazamientos masivos destacan los generados en los municipios de Cumbitara y Policarpa. En la ciudad de Pasto hay unas 4.000 personas deplazadas como consecuencia de los acontecimientos en Remolino, que se unen a las ya más de 20.000 personas desplazadas en los últimos tiempos que se encuentran en esta ciudad... Los datos estadísticos de acción social arrojan una cifra de 50.000 a 52.000 personas desplazadas en el Departamento de Nariño.

En cuanto a la comunidad Inkal Awá, es ésta una de las comunidades más afectadas por el conflicto armado: asesinatos de gobernadores, desapariciones, hostigamientos... Se encuentran en una gran movilización y se espera que la fuerza pública no les agreda como a los campesinos pobres que se movilizaron en Remolino.

Carlos Maya expone que las reivindicaciones sociales se explican por los niveles preocupantes de marginalidad y pobreza, debido a políticas públicas que han dejado a las zonas fronterizas con un exiguo desarrollo. Por otra parte, está la problemática del aumento de los cultivos ilícitos como factor socialmente disociador. Además las fumigaciones de cultivos ilícitos están teniendo efectos muy nocivos sobre la salud humana y el medio ambiente, sobre todo las cuencas hídricas, así como sobre los cultivos lícitos, lo que ha haumentado el hambre en las comunidades.

Carlos Maya hace un llamado para que este tipo de reivindicaciones no encuentren la represión policial y militar como respuesta, sino que se recurra al diálogo y al espíritu humanitario, y espera que se impongan un día las directrices de la razón.

El hoy senador de la República Alexander López, y ex Secretario General de SINTRAEMCALI (Sindicato de Trabajadores de Las Empresas Municipales de Cali), nos explica cómo hace pocos días sufrió el tercer intento de asesinato en su contra por parte de sicarios en el marco de la llamada Operación Dragón.

El 23 de agosto de 2004 Alexander López Maya, entonces diputado, fue alertado de un plan que se estaría fraguando para asesinar a varios líderes políticos, sindicales y de derechos humanos, preparado por militares activos y en retiro los cuales operan desde las ciudades de Cali, Medellín, Barranquilla, Ibagué y Bogotá.

El 25 de agosto la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI, realizaron dos allanamientos, en la ciudad de Cali y Medellín, que dejaron al descubierto que el Ejército de Colombia suministró información clasificada a una empresa consultora internacional, de carácter privado - experta en investigaciones de seguridad - a través del Teniente Coronel, Julián Villate Leal, con el propósito de intercambiar información que les permitiera identificar con precisión las posiciones políticas, costumbres, actividades y sobre todo la vulnerabilidad de los desplazamientos cotidianos de líderes políticos de oposición, dirigentes sindicales, sociales y defensores de derechos humanos, amenazados de muerte...

En ese momento la Fiscalía pudo comprobar que en esta red de contrainteligencia, además de la colaboración de la Tercera Brigada, se encuentran involucradas la Superintendencia de Servicios Públicos, la Administración de las Empresas Municipales de Cali, EMCALI; el Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional, SIPOL; la Financiera Eléctrica Nacional, FEN; el Ministerio del Interior; el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS; la Policía Metropolitana de Cali, quienes conocían, colaboraban, respaldaban y sobre todo apoyaban las labores de inteligencia llevadas a cabo por la empresa, Consultoría Integral Latinoamericana, CIL y una compañía asociada de nombre, SERACIS, con las que intercambiaron información especial, sobre los procesos de liquidación de varias empresas públicas, entre las que se cuenta la Empresa de Servicios Públicos de Cali, EMCALI.