A partir de casos concretos, Graciela expone el problema en la calificación penal de los delitos de violencia contra la mujer, que siguen considerándose en muchos casos como delitos ordinarios, así como la ausencia de protocolos adecuados para tratar esta casuística y para la protección eficaz de las mujeres. Entre otros aspectos, pone de relieve la necesidad de aumentar las dotaciones y el número de Fiscalías especializadas en violencia de género.

Aborda asimismo el problema de la falta de consideración de la vertiente psiquiátrica en relación con los agresores, aspecto éste en el que por especialización profesional viene también trabajando desde hace tiempo.

Cette loi (Loi No. 24.390) était en vigueur entre 1994 et 2001 et donnait l’opportunité, au bout des deux années de prison préventive légales, de compter deux jours de prison pour chaque jour passé en détention sans condamnation définitive.

Avec ce calcul, le temps passé en prison était considérablement réduit.

Au vu de l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la Cour suprême de Justice argentine concernant le recours introduit par la défense du criminel Luis Muiña, Equipo Nizkor a émis un communiqué en déclarant que "[L]'arrêt de la Cour doit être considéré comme aberrant dans la mesure où il fournit une mesure de grâce effective dans une affaire où la catégorie pénale de crimes contre l'humanité a été appliquée", et que "[C]et arrêt entre manifestement en contradiction et est incompatible avec la définition de crimes contre l'humanité et avec le principe d'intégralité de la peine, cette dernière étant propre à la pratique du droit pénal international, ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour interaméricaine et à la doctrine applicable."

Equipo Nizkor souligne que selon l'opinion dissidente, "[E]n vertu de la qualification des crimes contre l'humanité que la Cour a établie, il est inadmissible qu'une loi dont l'objectif était de limiter le temps passé en détention préventive, qui est une mesure procédurale, puisse représenter un changement dans l'appréciation de la définition de crimes dont la dimension excède clairement ce cadre."

Equipo Nizkor considère que cet arrêt est extrêmement grave car c'est la porte ouverte à une remise en liberté massive d'au moins 750 criminels touchés par des procédures concernant des crimes contre l'humanité.

L'organisation fait aussi remarquer que ce type de crimes est considéré comme violant la conscience commune de l'humanité et que, par conséquent, la peine appliquée doit être entièrement exécutée puisqu'il n'est pas possible de la limiter pour des considérations qui n'ont pas de rapport avec la qualification des crimes commis.

Finalement, elle affirme que "la justice ne peut pas être assimilée à la vengeance, comme semblerait le suggérer un certain discours qui défend l'impunité des crimes commis et qui veut faire oublier la responsabilité sociale de certaines institutions de l'État et de l'État lui-même, qui n'ont pas rempli leur rôle et ont en outre appliqué des méthodes criminelles incompatibles avec les principes humanitaires les plus élémentaires."

Esta ley (Ley Núm. 24.390), estuvo vigente de 1994 a 2001 y permitía que al término de los dos años de prisión preventiva permitidos por ley, se pudiera computar dos días de prisión por cada día transcurrido en detención sin sentencia definitiva.

La consecuencia de este tipo de cómputo es una notable reducción en el tiempo de prisión.

El Equipo Nizkor, ante la Sentencia emitida el 03 de mayo de 2017 por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso del recurso presentado por la defensa del criminal Luis Muiña, ha expresado que "la resolución de la Corte debe considerarse aberrante en la medida que provee una medida de gracia efectiva en un caso en el que se aplicó el tipo penal de Crimen contra la humanidad", y que "[E]sta resolución es manifiestamente contraria e incompatible con la definición del tipo y con la integridad de la pena, la cual es propia en estos casos de la práctica del derecho penal internacional, así como de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la doctrina aplicable".

Destaca el voto disidente allí donde afirma que "en virtud de la calificación de los delitos de lesa humanidad que efectuara esta Corte, no es admisible que una ley cuya finalidad fue limitar temporalmente la prisión preventiva, que es una medida procesal, pueda significar un cambio en la valoración típica de delitos que tienen una dimensión que claramente excede ese ámbito."

El Equipo Nizkor advierte de la gravedad de esta Sentencia, ya que abre la puerta a una aplicación masiva de libertad para al menos 750 criminales afectados por causas de crímenes contra la humanidad, y recuerda que el tipo de crímenes cometidos son de los considerados violatorios de la conciencia común de la humanidad y, por tanto, la pena aplicable debe ser íntegramente cumplida porque no es posible limitarla por consideraciones que no tienen que ver con la calificación de los crímenes cometidos.

No obstante, este caso adquiere una relevancia especial porque refleja una colaboración ideológica que se realiza desde el nacionalsocialismo. Esta ideología aparece difuminada, pero muy activa, en el conservadurismo agrario, especialmente importante en la Provincia de Buenos Aires. Mantiene su poder en la ciudad de Mar del Plata especialmente a través de la magistratura y se ve fortalecida a través del control de los medios que son propiedad de Florencio Alchery Iglesias... Es precisamente desde estos medios desde donde se lleva a cabo un control social de las formas de pensamiento y opinión, organizándose a través de los mismos campañas claramente difamatorias contra jueces y abogados querellantes en las causas por crímenes de la dictadura. Entre estos medios se encuentran el Diario "La Prensa", en Buenos Aires y el Diario "La Capital".

En el caso concreto del Juez Hooft, vuelve éste a estar de actualidad debido a la vesánica campaña que en las últimas semanas ha intensificado en contra de los abogados de esas causas en Mar del Plata, sobre todo después de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios decidiera por unanimidad, el 05mar13, suspenderle y proceder el embargo del 40% de su sueldo.

En paralelo al juicio político, se tramita la causa penal ante el Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata... Como respuesta a las pruebas existentes en sede judicial en su contra y que le incriminan en crímenes como los de la conocida "Noche de las Corbatas" y el Caso Candeloro, el Juez Pedro Federico Hooft, en una práctica de chicanería jurídica que coadyuvara a su defensa, habría presentado el 15abr13 ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata una denuncia buscando la vía de la nulidad ante la imposibilidad de rebatir tales pruebas y los recientes fallos judiciales en su contra por parte de los más altos tribunales de la Nación.

No es de extrañar pues la campaña de hostigamiento e intimidación contra los abogados querellantes, como el Dr. César Sivo, así como contra miembros de la magistratura, dado el control político social que aún mantiene el Almirantazgo sobre los medios de prensa locales que están en las jurisdicción de sus Bases Navales y donde actuaron los Grupos de Tareas encargados de las operaciones de exterminio.

La intimidación en contra del Dr. César Sivo surge de la contrainteligencia naval ligada a las operaciones encubiertas para defender, valga la expresión, a los Grupos de Tareas... Estas operaciones, encaminadas a obtener el abandono de la causa por parte principalmente del Dr. Sivo, han incluido diversas acciones, desde organización de pretendidas manifestaciones frente a su estudio jurídico, pasando por presión indebida sobre su entorno laboral... para lo cual recurren a diversas técnicas (vigilancia, interceptación de comunicaciones, infiltración).

El Sr. César Sivo se encuentra también en el origen de la investigación penal de civiles por su participación en la represión ilegal a partir de 1975, esto es, sobre los crímenes cometidos por la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), agrupación paramilitar de ultraderecha que actuaba en la ciudad de Mar del Plata (y también en La Plata), a la que Hooft y Demarchi pertenecieron.

El elemento político que inspiraba a los integrantes de la CNU estaba en completa sintonía con la política fomentada por los funcionarios estatales que dieron origen a la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina),de la que, según información judicial, al menos desde mediados del año 1974 la CNU pasó a ser un brazo regional...

Este proyecto político-ideológico toma fuerza tras el régimen de Onganía, de modo que ya en 1972 la Marina de Guerra contaba con un proyecto que significaba la planificación del exterminio mediante la creación de Grupos de Tareas, los cuales, funcionarían a partir de un modelo de contrainteligencia que pretendía la persecución y el exterminio de estudiantes, intelectuales, trabajadores y activistas sociales... En el caso de Mar del Plata se usó la fuerza de tareas número seis (FUERTAR6), con sede en la base de submarinos de Mar del Plata y subordinado a la Jefatura del Servicio de Inteligencia Naval de la Marina Guerra.

13 personnes ont été mises en examen pour privation illégitime de la liberté et promotion de la prostitution à l'encontre de María de los Angeles Verón, disparue le 03 avril de 2002.

María de los Angeles Verón est plus connue sous le nom de Marita; au moment de sa séquestration elle avait 23 ans et était mère d'une fille de 2 ans...

La plaignante est la mère de Verón, Susana Trimarco. Dans sa recherche infructueuse, elle a réussit a pénétrer l'action de ces réseaux, présumément protégés par des policiers et autres fonctionnaires, et à libérer plus d'une centaine de jeunes filles exploitées.

La famille de Marita a constaté que la police de Tucumán ne raconte pas tout ce qu'elle sait. Il y a des policiers qui l'ont vu et qui le nient. Il y a des fonctionnaires politiques à Tucumán et La Rioja qui firent tout leur possible pour empêcher la recherche de la famille et dévier l'enquête.

Beaucoup de ces fonctionnaires et leaders politiques sont impliqués dans des groupes mafieux. Il ya des témoignages de filles qui affirment avoir été abusées par les même juges et politiques qui sont intervenus dans ces affaires.

Les cas comme celui de Marita Verón ont un impact et rendent visible le problème de la traite des femmes car ce sont des cas extrêmes de femmes de classe moyenne qui n'étaient pas dans un réseau de prostitution. Mais tout les cas d'exploitation son condamnables" a déclaré Liliana Azaraf, activiste de la campagne "Pas une femme de plus victime des réseaux de prostitution"

Azaraf a souligné que grâce à des cas comme celui-ci et au travail de la mère de Marita la loi sur la traite des personnes a été aprouvée. Mais cette loi est remise en question par les organisations de femmes pour son fondement sur de fausses présomptions, a t'elle dit.

"Nous avons toujours été en désaccord avec cette loi parce qu'elle établit que, pour qu'il y ait un délit, les femmes majeures de plus de 18 ans qui sont dans les réseaux doivent démontrer qu'elles ont été 'recrutées' sous forme de tromperie et sans leur consentement", a t'elle remarqué.

Ten years after 23-year-old María de los Ángeles -"Marita" Verón- was kidnapped in the northwest province of Tucumán, the trial for her disappearance got underway this month.

Seven men and six women are accused of having had contact with Verón in different brothels, based on the testimony of women rescued from the sex rings.

They are charged with deprivation of liberty and promotion of prostitution. The question is whether new clues will emerge in court about what ultimately happened to Verón.

The plaintiff is Verón's mother, Susana Trimarco. In her ceaseless campaign to find her daughter, she discovered how the sex trafficking rings operate, and how they enjoy the apparent protection of members of the police and other public officials. And along the way, she managed to help rescue 129 victims of forced prostitution...

The lawsuit filed by Trimarco helped press Congress to pass a law on prevention and punishment of trafficking in 2008, and boosted the creation of a national programme to prevent and eradicate trafficking and provide support to victims...

Liliana Azaraf, an activist in the campaign "Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución" (not another woman victim of prostitution networks), launched against sex trafficking by a group of feminists fighting to abolish prostitution, spoke about how the trial is helping to bring visibility to the phenomenon...

Azaraf said the law against trafficking of persons was passed thanks to well-known cases like this one and the work of mothers like Trimarco. However, the law has been criticised by women’s organisations, which argue that it is based on misguided assumptions.

"We have had problems with the law from the start because it establishes that, in order for a crime to exist, women over 18 who are in these prostitution networks have to prove that they were recruited by means of deception, and without their consent," she said...

En el marco del conflicto social por la minería, en tan sólo 15 días se ha producido la violenta intervención de las fuerzas de seguridad en varias ocasiones, con decenas de detenciones, que incluyeron menores, en las Provincias de La Rioja y Catamarca.

Concretamente, entre el 27ene12 y el 10feb12 se han producido al menos cinco incidentes notorios entre poblaciones que se manifiestan en contra de la minería en las provincias de La Rioja y Catamarca y las fuerzas de seguridad.

En Santa María (Catamarca), el 27ene12 dueron detenidos 10 manifestantes, a raíz del corte de ruta, quienes se encontrarían procesados; en Chilecito (La Rioja), el 05feb12 hubo múltiples detenciones de asambleístas ambientalistas, como así también decenas de heridos por golpes y fogueo de balas de goma. Se denunció la participación de la fuerza policial denominada BAO (Brigada de Acción Operativa) y la gendarmería; En Belén (Catamarca), el 08feb12, se produjeron entre 20 y 35 detenciones. Se denunció la participación de un grupo de policía militar denominado Kuntur. Entre los detenidos se encontraban menores y dos periodistas Juan José Rodríguez de la FM El Algarrobo, de Andalgalá, y Sergio Fernández de Radio FM Estación Sur de Catamarca; en Amaicha del Valle (Tucumán), el 10feb12 se procedió también al desalojo de los manifestantes...; en Tinogasta (Catamarca), el 10feb12 se produjo el desalojo del corte de vecinos en la ruta 60, según algunas fuentes, por parte de la infantería y, según otras, por parte de la policía provincial. Hay heridos. Los afectados denuncian la utilización de balas de goma e incluso de plomo, perros y gases lacrimógenos en contra de los manifestantes. Entre los afectados por la represión hay menores también. El grupo de vecinos protestaba contra la mina La Alumbrera, explotada por la compañía suiza Xstrata Cooper y las canadienses Goldcorp Inc. y Yamana Gold...

Tanto en los casos de Santa María como de Belén (Catamarca) se ha denunciado que no se permitía el ingreso de los abogados para verificar la situación de los detenidos y asistirlos. Al liberar a los detenidos, los abogados actuantes manifestaron que los mismos han quedado procesados y confirmatron que, tras los incidentes en Santa María, fueron procesados varios participantes del corte en aplicación de la nueva legislación antiterrorista sancionada en Argentina en diciembre de 2011, Ley 26.734.

Los abogados denuncian que se trata de una "causa armada" por el fiscal provincial interviniente, Julio Landívar, recurriendo a la figura del "terror público".

En declaraciones a la prensa, la abogada Selene Herrera pone de manifiesto que "La maniobra que se hace con esta Ley Anti-Terrorista es terrible. Se han derogado dos artículos donde estaban tipificados qué actividades eran terroristas, dejando ahora un artículo vago", advirtió la abogada. De este modo, resulta que "cualquier protesta social o actitud en contra de una decisión gubernamental puede ser tomada como acto de terrorismo"...

Daniel Bombara fue muerto bajo torturas dentro del plan de exterminio que se llevó a cabo en la ciudad de Bahía Blanca y que se cobró más de 200 víctimas. Los restos de Daniel Bombara fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en una tumba en el partido de Merlo.

Daniel estudió el bachillerato en el Colegio Don Bosco y luego cursó estudios de psicología en el Instituto Superior Juan XXIII. Fue parte de la generación de jóvenes que destacó en aquella época por sus inquietudes filosóficas y de pensamiento, inquietudes que le llevaron a un compromiso directo con la causa de los más desfavorecidos.

Fue parte de un grupo de jóvenes poetas que se dio a conocer en un recital de poesía en el salón de actos del Instituto Juan XXIII a principios de los años 70. Este grupo mantuvo su cohesión en reuniones culturales y en lo que hoy llamaríamos jornadas de reflexión, que tuvieron un impacto importante en la juventud de aquella época en Bahía Blanca; eso explica su contacto con Andrea Fasani, una jovencísima y talentosa pintora de gran sensibilidad artística.

Todas estas características, que en otra sociedad hubieran tenido un reconocimiento social y cultural evidente, en la oscura sociedad bahiense eran suficientes para ser calificadas de "subversión ideológica" por líderes de opinión como Rodolfo Ponce, por académicos reaccionarios y nacionalsocialistas como Remus Tetus, y, también por otros ciudadanos de escasa formación cultural de la Universidad Nacional del Sur que aceptaban la dirección ideológica de Puerto Belgrano como referente cultural y social, dirección ideológica cuyo portavoz era, y es, el diario La Nueva Provincia y el grupo nacionalsocialista que lo dirigía.

Daniel fue integrante de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Sur (conocida por sus siglas “ATUNS”), que era en aquella época un sindicato de referencia en esa Universidad del Sur y en las corrientes sindicales combativas de la ciudad; además integró corrientes católicas ligadas a los entonces conocidos como “Sacerdotes del Tercer Mundo” y que en Bahía Blanca tenían algunos prestigiosos representantes en Villa Nocitos y en Coco Segovia.

La Marina Argentina, que tiene su base en Puerto Belgrano, se hizo cargo del control político y social de la ciudad de Bahía Blanca y hoy sabemos que al menos desde 1972 tenían preparado un plan de exterminio que aparece recogido en la órdenes secretas del Placintara.

Hay que decir que en aquella época se tuvo conocimiento, por fuentes cercanas al General Lanuse, de que Puerto Belgrano tenía elaborado un listado de 500 activistas a exterminar, listado encabezado por sindicalistas de la ATUNS.

Para adoptar estas medidas los jueces analizaron los delitos que se imputan a los responsables de estos crímenes como si fueran delincuentes comunes y como si los tipos penales también lo fueran, para lo cual debieron obviar, omitir y ocultar resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Casación Penal.

Precisamente lo que la Corte Suprema y la Corte de Casación sostienen es que este tipo de incidentes procesales deben resolverse teniendo a la vista los delitos en sí, y las condiciones en las que deben enfrentar estos procesos los imputados, más alla de la vinculación particular que hayan tenido en cada causa, por lo que es de esperar que llegando la causa a casación o a la Corte Suprema, la decisión se revocará nuevamente y una vez más serán detenidos, pues su criterio así lo impone...

Las declaraciones contenidas en el fichero "scilingo2" corresponden a la Cara B de la Cinta 3 tal cual fueron reproducidas durante el juicio oral celebrado en Madrid, concretamente durante la novena sesión del mismo, el 20 de enero de 2005. La transcripción de estas declaraciones forma parte del sumario y se encuentra en el Tomo 38 de la pieza principal del mismo, Folios 10.114 a 10.139. Se corresponden asimismo con la cinta primera, cara segunda, de la numeración que le fue asignada en etapa de instrucción.

Las declaraciones contenidas en el fichero "scilingo3" corresponden a la Cara A de la Cinta 4 tal cual fueron reproducidas durante el juicio oral, en la misma sesión antes indicada. Se encuentran en el Tomo 38 de la pieza principal del sumario, Folios 10.143 a 10.165. Se corresponden con la cinta segunda, cara primera, de la numeración que le fue asignada en etapa de instrucción.

Las grabaciones contenidas en estos documentos audio, inicialmente recogidas en cintas de soporte magnético, son copia fiel, y por tanto inalterada, extraída de las actas video-gráficas del juicio oral, formando este material parte del archivo del Equipo Nizkor.

Hemos resuelto poner on-line esta documentación en audio debido a que el Capitán de Corbeta Adolfo Scilingo, en su declaración en el marco del procedimiento que se sigue en Italia contra al Almirante Massera, ha controvertido sus propias declaraciones, a pesar de que éstas constituyen prueba indubitable toda vez que fueron consideradas válidas por la sentencia condenatoria dictada en su contra el 19 de abril de 2005 en Madrid y que esta sentencia inicial quedó firme al confirmar después el Tribunal Supremo los delitos cometidos mediante sentencia recaída en casación el 01 de octubre de 2007...

En cuanto a las declaraciones realizadas por el Capitán de Corbeta Adolfo Scilingo ante la Sala del juicio oral contra el Almirante Massera por el asesinato de tres ciudadanos italianos, el Equipo Nizkor muestra su rechazo a que se haya permitido a Adolfo Scilingo controvertir los hechos delictivos ratificados por el Tribunal Supremo en una sentencia condenatoria por crímenes contra la humanidad...

El Equipo Nizkor considera este hecho como muy grave y un intento de descalificar el tipo penal de “crímenes contra la humanidad” para impedir que éste sea usado en las jurisdicciones ordinarias en todo el mundo. La argumentación de este tipo de campañas está basada en un ataque indirecto a los tipos penales del derecho internacional y en la frivolización de los mismos, con vistas a crear una confusión deliberada a la hora de su aplicación...

La digitalización, producción y postproducción de este material han sido realizadas originariamente por el Equipo Nizkor para su utilización en el juicio oral del caso Adolfo Scilingo.

Los ficheros audio "scilingo2" y "scilingo3" son propiedad del Equipo Nizkor a todos los efectos legales, y, debido al tipo de material que contienen, queda prohibida la reproducción de los mismos, en todo o en parte, sin la autorización escrita y fehaciente del Equipo Nizkor. Queda prohibida explícitamente su utilización en procesos penales de cualquier tipo en contra de las víctimas.

El Tribunal condenó a prisión perpetua a Santiago Riveros, ex comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo, por la muerte de Floreal Avellaneda y el secuestro de su madre, Iris Pereyra de Avellaneda, hechos ocurridos en 1976 durante el último gobierno de facto y que, dado el contexto en que sucedieron, el Tribunal califica de crímenes contra la humanidad.

La sentencia dedica su numeral X a la cuestión del "Genocidio". Literalmente expone lo siguiente:

"En cuanto a la solicitud de las querellas que representan a la víctima, a la querella unificada [presentada por la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos] y a la Liga por los Derechos Humanos, hemos de rechazar tal calificación, la que por otra parte no había sido objeto de requisitoria de elevación a juicio, dando razón a lo planteado por la querella que representa a la Secretaría de Derechos Humanos en el sentido que es inaplicable y que se trataba de crímenes de lesa humanidad.

El art. 2 de la Convención define cuales son las conductas que consideran comprendidas por la figura de Genocidio y que "se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal".

Concordamos con lo resuelto por el Tribunal Oral de Tucumán en la causa "Vargas Aignasse", cuando afirmara que la conducta no podía subsumirse en el tipo de genocidio del derecho penal internacional considerando a la víctima como integrante de un grupo nacional, por entender que ello implicaría asignarle a tal colectivo una significación que no es la que recoge el derecho internacional y, en tal inteligencia, la Convención contra el Genocidio. [...]

En el Informe doctrinal sobre la diferencia entre los tipos penales de Genocidio y Crímenes contra la Humanidad del Equipo Nizkor de Bruselas de 2007, se afirma que para constituir genocidio, los asesinatos u otros actos prohibidos que se aleguen han de ser "perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso". Se señala que las víctimas de los militares argentinos fueron consideradas como blanco por sus supuestas creencias políticas y porque los militares estimaban que eran "incompatibles con su proyecto político y social" y un peligro para la seguridad del país. No fueron objeto de ataque "por razón de su pertenencia a un grupo", como requiere el estándard de intencionalidad genocida, sino más bien sobre la base de sus supuestos puntos de vista políticos individuales o sus valores sociales. Por tanto, estos actos no constituyen genocidio bajo el derecho internacional.

'[E]ntre 1976 y 1983 en Argentina se perpetraron una serie de actos, enmarcados en un plan común con fines delictivos, consistentes en exterminio, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas, persecución basada en motivos ideas políticos y sindicales, y detenciones ilegales o arbitrarias'.

'Tales actos contra la población civil reúnen los elementos del tipo de crímenes contra la humanidad tal cual ha sido configurado éste por el derecho y la jurisprudencia internacionales, esencialmente como consecuencia de su carácter sistemático y generalizado. Estos crímenes no pueden caracterizarse dentro de la definición de genocidio, al no concurrir los elementos de mens rea específico para este tipo de crimen, ni de actus reus'. [...]

El Tribunal condenó a prisión perpetua a Santiago Riveros, ex comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo, por la muerte de Floreal Avellaneda y el secuestro de su madre, Iris Pereyra de Avellaneda, hechos ocurridos en 1976 durante el último gobierno de facto y que, dado el contexto en que sucedieron, el Tribunal califica de crímenes contra la humanidad.

Asimismo, se impusieron penas de 25 años de prisión para Fernando Verplaetsen, ex jefe de inteligencia del Comando de Institutos Militares; 18 años para Osvaldo García, que estaba a cargo de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo; 14 años para el ex policía bonaerense Alberto Aneto, y 8 años para César Fragni y Raúl Harsich, quienes se desempeñaban en la citada escuela.

Además, los magistrados ordenaron que los seis condenados deberán cumplir las penas en cárceles comunes, por lo que no serán alcanzados por el beneficio de arresto domiciliario. Durante la lectura de la sentencia, ninguno de los seis acusados estuvo presente. [...]

La Fiscalía, según se desarrolla en la sentencia, "consideró que, de acuerdo a la sentencia dictada en la causa 13, se tuvo por acreditada la ocurrencia de los sucesos que damnificaron a Iris Pereyra de Avellaneda y a Floreal Edgardo Avellaneda, así como que los mismos fueron parte de un plan sistemático [...].

Consideró probado que dentro de la guarnición Campo de Mayo funcionó un Centro Clandestino de Detención desde antes del 15 de abril de 1976, en el predio denominado Plaza de tiro, "El Campito" o "Los Tordos", el cual fue un campo de concentración de detenidos, donde se los torturaba, mantenía en condiciones infrahumanas y exterminaba, citando la causa 13 y los testimonios de Rodríguez, Solís e Ibáñez..

Afirmó que el Comando de Institutos Militares operó como una gran unidad de combate a partir de octubre de 1975. Que en el Plan del Ejército previo al golpe del 24 de marzo de 1976, en el anexo 10 de jurisdicciones se determinaban los partidos de la provincia que se encontraban bajo su jurisdicción y que posteriormente, el 21 de mayo de 1976, cuando se transforma en Zona IV se le agregan más partidos. Que el partido de Vicente López, al que pertenecía el domicilio de la calle Sargento Cabral 2385 de Munro y la Comisaría de Villa Martelli, pertenecían al Área de Defensa 450 [...].

Expuso que, conforme las normas citadas, la actividad de los imputados implicaba el control sobre la Jefatura de la Policía de la Provincia y todas sus seccionales, así como de las otras dependencias, como los "Lugares de reunión de detenidos" dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo [...]

Esta sentencia considera probados los hechos tal cual aparecen en la sentencia de la Causa 13, en la cual los casos No. 102 y 103 se refieren respectivamente a Floreal Edgardo Avellaneda y a Iris Etelvina Pereyra de Avellaneda. [...]

En el apartado dedicado a la Autoría, la sentencia explica la cadena de mando y el protocolo y las instrucciones establecidas para los denominados "procedimientos de detención" a partir del Plan del Ejército de febrero de 1976 y de la Directiva del Comandante General del Ejército Nro. 217/76, de abril de 1976... En función de ello el tribunal determina los parámetros para cada clase de autoría y los grados de participación de cada uno de los imputados.

El 22 de noviembre de 2004 la CorteIDH hizo lugar al pedido de Medidas Provisionales solicitado, requiriendo al Estado argentino para que adoptara en forma inmediata las acciones necesarias para proteger la vida e integridad personal de los internos y el personal penitenciario de la Penitenciaría Provincial y la colonia penal de Gustavo André, de Lavalle. Además emplazó a la Argentina para esclarecer los hechos denunciados y sancionar a los responsables.

Como consecuencia de estas denuncias, la Comisión Interamericana (CIDH) realizó una visita de trabajo a la Argentina los días 12 a 18 de diciembre de 2004.

El 11 de mayo de 2005 se celebró una audiencia ante la CorteIDH en Asunción de Paraguay, donde se firmó un acta de compromiso entre las partes y se resolvió mantener la Medidas Provisionales. Entre las medidas acordadas en el "Acta de Paraguay" se encuentra la contenida en el punto 5 ("Mejoras Progresivas en las Condiciones de Detención") apartado b ("A mediano plazo") donde el Estado se comprometió a "disminuir el hacinamiento mediante la reducción de la cantidad de personas encarceladas en prisión preventiva... para lo cual se deberán utilizar mecanismos alternativos a la prisión preventiva, por ejemplo programas de libertad bajo palabra; y en cuanto el hacinamiento se debe garantizar el efectivo cumplimiento del régimen progresivo de la pena”.

En febrero de 2006 se celebró otra nueva audiencia ante la CorteIDH en la ciudad de Brasilia, donde al igual que en la audiencia anterior se dispuso mantener la Medidas Provisionales, dado que no se advertían cambios trascendentes en las condiciones de detención y otros internos habían sido asesinados en Boulogne Sur Mer.

La situación que se vive en el interior de las Penitenciarías de Mendoza sigue siendo sumamente inestable y cualquier incremento desmesurado de la población carcelaria podría volver a repetir la situación que motivó las Medidas Cautelares y Provisionales. Debido al retardo en el acuerdo de solución amistosa, la continuación de los hechos de violencia, la indefensión de los internos, el retraso en la financiación de obras, los encierros prolongados y la falta de atención médica, los abogados solicitaron de la CorteIDH el mantenimiento de las medidas provisoinales acordadas.

Ponce explica detalladamente el estado del jucio oral de San Luis. En la causa se investiga el asesinato de Graciela Fiochetti, ocurrido en septiembre de 1976, las desapariciones de Santana Alcaraz y Pedro Ledesma, ocurrida en la misma época, y las torturas recibidas por Víctor Fernández, sobreviviente de esas detenciones. Por esos crímenes están acusados los policías Víctor Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Orozco y los coroneles retirados Carlos Esteban Plá y Miguel Angel Fernández Gez.

En la entrevista, realizada por la periodista Patricia Almirón, se contesta específicamente a esta cuestión y se exponen las razones por las que, en este momento, se presenta este tipo de recurso extraordinario desde el punto de vista procesal, el cual se espera sea archivado oportunamente.

Gregorio Dionis, que participó directamente en los hechos y que dirigió la estrategia jurídica que llevó a la condena de Adolfo Scilingo por crímenes contra la humanidad, hace un repaso a todo lo ocurrido desde el momento en que éste llega a Madrid.

En la entrevista se analizan las diversas estrategias que existieron durante la instrucción del sumario e incluso la oposición que ejercieron los letrados Slepoy, Ollé y Galán en contra de la presentación en sede judicial de Adofo Scilingo, oposición que continuó hasta el punto de recurrir la sentencia por crímenes contra la humanidad ante el Tribunal Supremo español.

También se hace un análisis de la estrategia de la defensa jurídica que llevan adelante los abogados de la Marina en Argentina a favor de los oficiales navales incursos en procedimientos, especialmente el más conocido de ellos, el caso ESMA, así como de qué manera esta estrategia ha tratado de difuminar las responsabilidades de la Marina de guerra en el control del Ministerio de Educación y en el de Relaciones Exteriores durante la dictadura.

Se explica cómo desde 1972 se elaboró el primer y más elaborado plan de represión y exterminio, el cual fue muy anterior a los órdenes secretas del Ejército de Tierra. Conocido como "Plan Cintara", fue utilizado como prueba en la Causa 13, pero aún así no ha sido utilizado para el procesamiento de los responsables de los, al menos, 11 Grupos de Tareas que puso en marcha el alto Estado Mayor naval.

Viviana aborda la situación de las causas por crímenes contra la humanidad cometidos por fuerzas militares y policiales durante la Dictadura en la Provincia de Mendoza.

Tras la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, anulación que llevó a cabo al Corte Suprema de Justicia de la Nación en junio de 2005, se reabren en Mendoza las causas que se habían iniciado en los '80 y comienza de nuevo la instrucción. Viviana explica la historia procesal de las mismas desde que las leyes de impunidad se anularon, resaltando el hecho de que en Mendoza se da una situación particular, y es que se ha citado a testigos que ya habían declarado y cuyas declaraciones ya estaban en el procedimiento, lo que ha provocado una demora bastante importante en la tramitación de las causas... "Casi 4 años de investigación y sin resultados para elevar a jucio salvo en 2 ó 3 casos específicos".

La reinstrucción de las causas llevada a cabo de esta forma dilatoria "es evidente que tiene que ver con el mantenimiento de la impunidad en Mendoza... No tenemos una justica transparente y democrática".

En esta estrategia Viviana ve la nueva modalidad de impunidad en Argentina y confirma la cuestión que se le plantea de que podríamos redefinir esta situación como un "ajuste del modelo de impunidad anterior": tras la nulidad de las leyes se redefine el modelo y se utiliza el aletargamiento de las causas mediante procesos de instrucción casi indefinidos, las excarcelaciones mediante el manejo de la prisión preventiva y el juego con la edad de los imputados y acusados de mayor edad.

Viviana también aborda el tema de por qué no se usa la figura de organización criminal (por ejemplo cuando se habla en Mendoza del D2) y, en cambio, se busca demostrar las acusaciones una a una, cuando en aplicación del derecho internacional de obligado cumplimiento en Argentina eso permitiría juzgar al colectivo responsable de la organización criminal que tenía como finalidad la comisión de este tipo de crímenes (asocicación ilícita conforme al derecho interno argentino).

Viviana explica al respecto que los tribunales federales argentinos no han aceptado este planteo, "primero por la misma idea de impunidad, pero también con la intención de aferrase a un proceso judicial ordinario común que tiene que ver con el delito común y no con los crímenes contra la humanidad", con lo que respecto de los centros clandestinos, o respecto de las unidades de exterminio, en que no hubo ningún sobreviviente, los responsables quedarán siempre en libertad, ni siquieran habrán sido citados a proceso.

Tampoco se está aplicando la teoría del comandante ni el principio de responsabilidad del mando, que hace responsable a todo superior jerárquico, por acción u omisión, de los crímenes cometidos por sus subordinados, y sin lugar dudas cuando existe un control de facto sobre los mismos. Como consecuencia, la cadena de mando queda liberada de culpa.

Viviana expone también el actuar de un juez en Mendoza de trágica fama para el derecho a la justicia y la propia credibilidad de la justicia en la Argentina. Se trata de Walter Bento. Su actuación ha hecho posible la dilación de las causas y no ha permitido en cambio la acumulación de causas derivadas de un mismo operativo criminal...

Por último, se aborda la grave cuestión de las excarcelaciones de represores ordenadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, la cual ha excarcelado, incluso sin fianza, a todos los represores que estaban detenidos en Mendoza sobre la base de no existencia de peligro de fuga o posibilidad de obstaculizar el accionar de la justicia... Así lo hizo mediante decisiones de fecha 23may08, 18sep08 y 12 y 19nov08. Ante estas decisiones, Viviana y otros abogados de derechos humanos han solicitado se abra juicio político a tres jueces de esta Cámara por otorgar libertades y excarcelaciones a responsables de crímenes contra la humanidad.

Es de destacar que el 30oct08, la Cámara Nacional de Casación Penal en pleno dijo, en el caso “Díaz Bessone”, que los procesados con prisión preventiva, incluso aquellos acusados por delitos graves, tienen derecho a gozar de libertad durante el proceso siempre que no entorpezcan la investigación o haya peligro de fuga.

Se trata de un programa coproducido por Radio Nizkor y "Propuesta Gremial", programa éste último que se emite cada sábado entre las 09:00 y las 11:00 de la mañana desde Red-TL, en la FM 105.5 de Rosario, Argentina.

Marta Figueredo, productora y co-conductora de "Propuesta Gremial", entrevista a Gregorio Dionis, Presidente del Equipo Nizkor, quien trata los siguientes temas:

1) Fundamentación jurídica y doctrinal por la cual no se puede considerar el asesinato de José Ignacio Rucci como crimen contra la humanidad... Todo ello no es óbice para que la familia de Rucci utilice cuantos recursos legales le correspondan en derecho y defienda los mismos ante la justicia argentina.

2) Por qué considera que el actual Secretario General de la CGT, Hugo Moyano, no está en condiciones éticas, ni morales de solicitar este tipo de investigación, al tiempo que contextualiza y explica la Resolución Final del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, de abril de 2008, en el caso de la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU) en Mar del Plata, deteniéndose en cómo Moyano perteneció a la CNU y dirigió en Mar del Plata la Juventud Sindical Peronista (JSP).

3) La participación de la CNU en la represión en cuanto integrante de uno de los al menos once grupos de tareas de la Marina de Guerra, concretamente el que operó desde la base de submarinos de Mar del Plata, Grupo de Tareas 6.

4) Pone de relieve que lo que está en el olvido es el asesinato sistemático de sindicalistas que se llevó a cabo en todo el país. Muestra de ello es que, a pesar de representar éstos el porcentaje más alto de víctimas, no existe ninguna causa en los juzgados argentinos encaminada a la investigación de lo que se puede considerar el mayor exterminio de sindicalistas de América Latina y que significó la práctica desaparición de todas las corrientes sindicales denominadas "combativas" y/o clasistas surgidas en el calor de la lucha contra la dictadura de Onganía en todo el país y cuyo objetivo común era la democratización de las estructuras sindicales.

5) Tomando el caso de la Universidad de Mar del Plata, explica cómo la Marina de Guerra controló la represión en el sistema universitario argentino con anterioridad al golpe militar, legalizándolo a partir de la dictadura, e institucionalizándolo, el mismo modelo que el Tribunal Oral de Mar del Plata investigó en esa Universidad. Tal modelo se aplicó en la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), donde actuó el Grupo de Tareas 5, que operó desde la base de Río Santiago. En la Universidad Nacional de Buenos Aires (UNBA) y en el Ministerio de Educación, actuó el Grupo de Tareas 3 a cargo del Jefe de Operaciones del Estado Mayor de la Armada; de éste dependían el GT 3.3 de la ESMA y el 3.4 que operaba desde el edificio del Comando en Jefe de la Armada. Lo mismo ocurrió en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca con el Grupo de Tareas 1, que operó desde la Comandancia Naval de la Flota de Mar en Puerto Belgrano.

Toda la dirección de la política universitaria se llevaba desde la Jefatura del Servicio de Inteligencia Naval de la Marina Guerra con sede en Puerto Belgrano, dirigida desde principios de 1974 hasta principios de 1977 por el Capitán de Navío Lorenzo de Montmollin, quien era por tanto responsable de todos los grupos de tareas y quien dependía del Almte. Massera.

Varios de los responsables de estas amenazas se encuentran incursos en un proceso penal a causa de las mismas. Hay que destacar que estas personas tienen una larga trayectoria en la ultraderecha de Mar del Plata, con un claro componente ideológico de origen nacionalsocialista, y su actuación territorial más conocida fue en las ciudades de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca.

La importancia de esta investigación estriba precisamente en que refiere a hechos que afectan a las Universidades Nacionales en Argentina, y que fueron similares en casi todas ellas.

Si bien la Universidad de Mar del Plata, en la fecha de los hechos, estaba bajo la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, la operativa, e incluso el tipo de grupos -como la CNU y la Triple A- son similares a los que actuaron en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, en la Universidad Nacional de la Plata y en la Universidad Nacional de Buenos Aires, entre otras.

Sobre el contenido de esa resolucióm Gregorio Dionis, Presidente del Equipo Nizkor, entrevista al Juez de Cámara del Tribunal Oral Federal Penal de Mar del Plata, Roberto Atilio Falcone, quien explicará también la campaña de intimidación, difamación y amenazas que se han producido en la ciudad de Mar del Plata en forma sistemática desde el año 2001, campaña que ha merecido la condena del Consejo de la Magistratura argentina.

Tal y como se expresa en la mencionada resolución:

"No era lógico que estos hechos pudieran ser investigados por la Justicia Federal de Mar del Plata cuando el Fiscal Federal [Gustavo Demarchi] según prueba documental obrante en la causa (contrato celebrado con la Universidad, notas periodísticas, informes de inteligencia de la Prefectura y DIPPBA) era Coordinador Académico en dicha Universidad, esto es junto al Secretario General de la Universidad tomaba las decisiones importantes. Cincotta y Demarchi firmaban convenios con el Intendente Fabrizio y con el Ministro Arrighi, ahora como integrante del Gabinete de Estela Maris Martínez de Perón. (Ver diario "La Capital" del viernes 6 de junio de 1975, fs.2054). Arrighi era la misma persona que la Licenciada Maggi había logrado desplazar del rectorado de la Universidad, al grabar las palabras agraviantes referidas al Obispo Pironio en la entrevista ya mencionada. Los términos en que el Dr. Cincotta acepta la renuncia del Dr. Demarchi como Asesor Académico tampoco son usuales pues "le agradece los patrióticos servicios prestados" (fs.978 - Causa N° 913 caratulada "TURON TOLEDO, María s/ Dcia. S/ Desaparición Forzada de Personas"), y ahora se presume, provisionalmente, que las autoridades de la Universidad facilitaron la operatividad de la asociación ilícita dándoles cobertura dentro de su estructura e instigando gravísimos delitos.

En la Fiscalía Federal que debía intervenir en la sustracción violenta de María del Carmen Maggi y posterior homicidio, se desempeñaban además de su titular, quien tenía poder dentro de la estructura de la Universidad, cuadros de la C.N.U. El testimonio referido menciona a Ullúa, Rolón y Justel como miembros de la C.N.U. señalando a Eduardo Ullúa, quien cumplía funciones de oficial segundo en la Fiscalía, como autor del secuestro de la licenciada Maggi y vinculándolo a una serie de homicidios que deberán ser objeto de investigación preliminar por este órgano. Queda claro que no se investiga a las personas por pertenecer a determinada organización sino por los delitos en que habrían participado. Todas estas personas son mencionadas por los informes de la DIPBA como pertenecientes a la C.N.U.

Gregorio Dionis, Presidente del Equipo Nizkor, conversa con Bárbara García sobre los desaparecidos españoles en Argentina y la actuación del Estado español con respecto a los mismos. Bárbara García preside la Asociación Asturiana de Familiares de Desaparecidos del Estado Español en Argentina. Es nieta de españoles exiliados en Argentina e hija de Rocío Ángela Martínez Borbolla, española desaparecida a manos de militares argentinos en junio de 1976, en un operativo presenciado por Bárbara y su hermano Camilo.

Gregorio y Bárbara abordan el problema de las diferencias entre los exiguos listados de españoles desaparecidos hechos públicos por la Embajada española en Buenos Aires, y los listados válidos resultado de investigaciiones judiciales y que la Embajada sigue ignorando.

Tratan asimimo el asunto del apoyo del Estado español a los familiares de desaparecidos españoles, cuya tímida intervención a lo largo de todo la etapa democrática española se resume en una invitación a renunciar a todo tipo de acción jurídica a cambio de la concesión de la nacionalidad española, esto es, en una renuncia a derechos a cambio de la concesión de un derecho que, de hecho, los familiares de españoles en este grado ya ostentaban.

Bárbara recuerda que en la época en que empezaban las desapariciones en Argentina el Estado español negaba todo tipo de asistencia consular a sus nacionales en ese país.

Otra cuestión importantísima es el asunto de los archivos en poder el Ministerio de Asuntos Exteriores español y que afectan a los españoles desaparecidos en Argentina: no sólo se ha negado el acceso a estos archivos, sino que se ha intentado ocultar el alcance y hasta la ubicación física de los mismos.

Bárbara comenta cómo se ha dado en los últimos tiempos la actuación de las autoridades argentinas respecto de los desaparecidos españoles y cómo desde su Asociación han tenido que hacer frente a numeros intentos de reescribir la historia.

Radio Nizkor entrevista a Jorge Guillén, miembro del equipo director del proyecto que pondrá en marcha la Radio Comunitaria Mapuche Petu Mogeleiñ (aún vivimos) en El Maitén, Pcia. de Chubut. La salida al aire se producirá el 24mar08 y la frecuencia será 88.7 MHZ.

El ex-agente de inteligencia del Ejército, Eduardo Costanzo, cumple arresto domiciliario a la espera del inicio del juicio oral por causas que lo involucran con la represión ilegal en Rosario bajo la última dictadura militar en la Argentina.

En una entrevista concedida al programa radial "Trascendental" (Radio Rosario), el agente procesado en la causa del centro de detención clandestina conocido como la "Quinta de Funes", afirmó, entre otras cosas, "Están buscando sacarme de mi casa y mandarme a una cárcel para que me maten; que me suceda lo mismo que a (Héctor) Febres. Porque lo que ellos pretenden es que no llegue al juicio oral".

Por Providencia de 31ene08, la Sección Tercera de la Sala lo Penal de la Audiencia Nacional ha señalado el día 14feb08 para la celebración de una vista en la que se resolverían las cuestiones pendientes previas al juicio oral - conocidas como “cuestiones de previo pronunciamiento”- planteadas por la defensa de Ricardo Cavallo, concretamente por el abogado Fernando Pamos de la Hoz.

Con anterioridad, mediante una Providencia de 16ene08, la Sección Tercera había fijado esa misma vista para el 28ene08 y la sala para la misma estaba integrada por los magistrados Guillermo Ruiz Polanco, Ángeles Barreiro Avellaneda y Clara Bayarri García, según había sido notificado en la providencia referida de 16ene08.

No obstante, una vez comenzada la sesión, la vista fue suspendida debido a que tanto el fiscal, Fernando Burgos, como el abogado que representa a Ricardo Cavallo y la totalidad de las acusaciones populares y particulares presentes, plantearon la recusación del magistrado Guillermo Ruiz de Polanco. Esta recusación la sustentaron en la participación del juez mencionado al inicio del procedimiento que resultaría en la extradición de Ricardo Cavallo desde México, en un momento en que el juez titular del Juzgado de Instrucción No. 5, Baltasar Garzón, se encontraba de vacaciones en Costa Rica y Polanco sustituía al juez titular.

Este incidente procesal podría haber sido evitado si no fuera por la intención del magistrado presidente de esta Sala de no juzgar a Ricardo Cavallo en España, o sea, que la inclusión de Rubén de Polanco no puede ser considerada un error de la Sala, sino una pieza más de la complicada ingeniería procesal que se ha llevado adelante para retrasar sine die el señalamiento del juicio oral, señalamiento que fue solicitado por la fiscalía de la Audiencia Nacional el 13nov07.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado no tiene duda procesal alguna; para ella el prefecto Febres fue asesinado para evitar que hablara, que confesara los crímenes cometidos rompiendo así el pacto de silencio que es evidente existe entre todos los oficiales de la marina de guerra argentina....

Fue el miedo el desencadenante del ya famoso viaje del capitán de corbeta Adolfo Scilingo a Madrid y su presentación voluntaria ante la justicia. Es evidente que el marino bahiense estaba convencido de que su vida corría un grave peligro...

El asesinato del prefecto naval Febres, quien compartió con Adolfo Scilingo tareas, asesinatos, secuestros y otras actividades, arroja luz, si bien con algunos años de retraso, sobre las razones del miedo profundo que sentía el marino bahiense, a tal punto que prefirió la condena en Madrid a la posibilidad cierta de su asesinato.

El simbolismo propio de todo asesinato está presente en la escena del crimen de Febres. El asesinato se comete en un lugar oficial, quienes participan son oficiales que obedecen órdenes dentro de una cadena de mando...

El otro símbolo es el método del asesinato. Los grupos de tareas de la marina utilizaron el cianuro como forma de asesinato... Esta especialidad fue practicada no sólo por oficiales navales, sino también por los colaboradores civiles, algunos de los cuales componían las unidades de especialistas en asesinatos. Es por lo tanto un mensaje para iniciados, es un mensaje para todos los oficiales navales y para todos los colaboradores de la ESMA. Los asesinos cumplieron órdenes de la cadena de mando que puso en marcha un mecanismo capaz de garantizar, no sólo el pacto de silencio, sino la continuidad de la propia organización criminal.

En Bahía Blanca, muchos de los civiles que, al menos desde 1970 en adelante, participaron en la planificación criminal dirigida por la marina de guerra, seguramente respiraron con más tranquilidad...

No hay que olvidar que la Marina de Guerra fue responsable directa de la política universitaria, política especialmente cruel en la Universidad de la Plata y en la Universidad Nacional del Sur. Fue también responsable de la política exterior y del mundial de fútbol de 1978. Y en todas estas operatorias contó con la participación directa de numerosos ciudadanos bahienses...

El pasado 14nov07 fue registrado un escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional dirigido a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de este tribunal. El fiscal Jesús Alonso Cristóbal presentó dicho escrito en relación con la causa seguida contra Ricardo Miguel Cavallo, y pide que se proceda a señalar en forma urgente la fecha de celebración de la vista oral en este caso.

Este escrito de la fiscalía se presenta después de que el Tribunal Supremo resolviera el recurso de casación en contra del auto que había dictado esa Sección Tercera de lo penal de la Audiencia Nacional, el 20dic06, declarándose incompetente en el caso Cavallo y declinando la jurisdicción.

Paralelamente, y en una decisión no ajustada a derecho, como también lo pusiera de manifiesto después la Fiscalía ante el Tribunal Supremo, esa misma Sección de la Audiencia Nacional solicitaba a las autoridades argentinas que solicitaran su extradición.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo anuló dicho auto en una sentencia de 18jul07, con la que el TS pudo término a la ingeniería procesal que permitió la libertad de un acusado por crímenes contra la humanidad en forma que podríamos calificar de arbitraria e ilegal.

Las diversas demoras que se han producido llevan a que Ricardo Miguel Cavallo esté en una situación procesal que podríamos llamar de “extraña excepcionalidad”...

La Asociación Argentina Pro Derechos Humanos - Madrid se ha visto obligada a pedir la rectificación de información a dos medios de prensa argentinos que han publicado información manifiestamente inexacta con relación a esta Asociación.

La información que piden se rectifique fue publicada y distribuida por la agencia estatal Telam el pasado 25 de diciembre de 2007, y en la revista ACTA de la central sindical CTA en su número 536 de 27 de diciembre de 2007 y se refieren a declaraciones realizadas por el abogado Carlos Slepoy. Ambas publicaciones dicen que las declaraciones del abogado Carlos Slepoy se realizaron en su carácter de Presidente de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos - Madrid, hecho éste manifiestamente falso.

El letrado Slepoy, participó en nombre de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos-Madrid en la fase de instrucción de la causa 19/97 por violaciones de los derechos humanos cometidas en Argentina, hasta principios del año 2001. Desde entonces NO ocupa ningún cargo directivo en la asociación, ni la ha representado en el Juicio contra el marino Adolfo Scilingo, único juicio celebrado en España en el marco de este procedimiento.

El representante en el juicio de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos - Madrid es el abogado Antonio Segura, quien solicitó en su momento, y obtuvo, la condena de Adolfo Scilingo por crímenes contra la humanidad.

El letrado Antonio Segura, con el asesoramiento del Equipo Nizkor, también ha defendido ante el Tribunal Supremo español la sentencia condenatoria que dictara la Audiencia Nacional y que hubo de ser defendida ante el Supremo debido a los recursos planteados en contra de la misma por la defensa del oficial de marina condenado y por otras acusaciones personadas en la causa, entre las que se encuentran las representadas por el letrado Slepoy y que son: la CONFEDERACIóN INTERSINDICAL GALEGA, la FEDERACIóN DE ASOCIACIONES DE ABOGADOS "LIBERTAD Y DEFENSA" y la COMISIóN DE SOLIDARIDAD DE FAMILIARES (CO.SO.FAM).

El 8 de octubre de 1984 un grupo de aproximadamente quince personas tomó por asalto los Tribunales de Rosario y vació el Juzgado de Instrucción de la 10a. Nominación. Unos 150 sumarios, expedientes que acreditaban el seguimiento y la persecución de militantes políticos, estudiantes, obreros y profesionales, ficheros y archivos de la represión durante la dictadura militar en Rosario se perdieron entonces sin que existiera una investigación judicial acorde con la magnitud del suceso. El material había sido secuestrado días antes en los domicilios de tres agentes civiles de los servicios de inteligencia del Ejército. Uno de ellos era Jorge Walter Pérez Blanco, el mismo al que las autoridades de la Universidad Nacional de Rosario podrían indemnizar en 30 mil pesos, por el tiempo que lleva fuera de su cátedra, en la Facultad de Medicina.

Según declaraciones de Gustavo Fco. Bueno, alias Germán Benegas, ex agente que declaró ante la Conadep, Pérez Blanco era uno de los principales responsables de lo que denominaban "operaciones psicológicas". Apodado W, Walter West o Jorge West, pertenecía al Ejército, o sea, era un personal civil de inteligencia.

Los organismos de derechos humanos denunciaron desde el primer momento a Pérez Blanco ante las autoridades universitarias. El 28 de noviembre de 1984 el presidente de la Delegación Santa Fe de la Conadep, Manuel Blando, informó al rector Artemio Luis Melo sobre los antecedentes del ex agente y las "denuncias recibidas incluso desde la comisión central de la Conadep" que lo involucraban, junto a Eduardo Rebecchi, "con grupos paramilitares y/o parapoliciales que habían tenido intervención en actividades represivas en esta ciudad".

Pero el agente de inteligencia continuó en funciones en la cátedra de Medicina Legal. También dio clases de posgrado en Criminología. Recién fue suspendido en 1998, cuando los organismos de derechos humanos volvieron a exhumar sus antecedentes...

En esta entrevista se analiza el conflicto sindical en la empresa Lavadero Virasoro S.A., en la ciudad de Rosario, República Argentina. Lavadero Virasoro es una planta procesadora que se dedica básicamente al lavado y lijado de prendas de jeans. Es proveedora de grandes marcas como Levi's, Bensimon y A.F.. Los sueldos que paga la empresa están por debajo de la línea de la pobreza en Argentina y son de 834 pesos, lo que equivale a 192 euros mensuales.

Durante toda la duración del largo conflicto, que comenzó en 2005, el empresario Jorge Guidetti ha utilizado los servicios del abogado Alejandro Sinópoli con la intención de no llegar a ningún acuerdo sobre las cuestiones básicas: la representación sindical de los trabajadores y el reconocimiento de su comisión interna o comisión de delegados.

La estrategia empresarial ha utilizado recursos ligados a las organizaciones mafiosas relacionadas con las "barras bravas" de equipos de fútbol rosarinos, recurriendo a matones sindicales ligados al sindicato UOETSYL (Unión de obreros y empleados tintoreros, sombrereros y lavaderos) y a la presión policial que ha llegado a la detención ilegal de trabajadores sin orden judicial alguna e incluso a la represión violenta, también sin orden judicial alguna.

Todo esto bajo el silencio cómplice del sistema de justicia rosarino, de las autoridades del Ministerio del Interior nacional y de seguridad provincial y, por supuesto, de la delegación del Ministerio de Trabajo en esa ciudad.

Las acusaciones populares y particulares, incluidas las representadas por los letrados Carmen Lamarca Pérez, Manuel Ollé Sese, Jaime Sanz de Bremond y Mayans, José Luis Galán Martín, Juan Puig de la Bellacasa y Carlos Slepoy Prada, acusaciones personadas en el caso Cavallo, tuvieron que rectificar su actuación procesal, tras haber solicitado previamente la prisión, del procesado durante una vista celebrada por este motivo -y convocada a petición de las propias acusaciones- ante la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El tribunal calificó esta actuación de los abogados diciendo “que denota un auténtico abuso de derecho al obligar la celebración de un acto procesal que ha devenido inane”, hecho poco común en la práctica de los jueces de la Audiencia Nacional.

Según el auto de la Sección Tercera, los letrados defensores de las acusaciones particulares y populares anteriores reseñadas interesaron que no se acordara la prisión provisional del procesado al entender que el riesgo de fuga se encuentra eludido por la situación de prisión en el procedimiento extradicional seguido ante el Juzgado Central de Instrucción número 4...

La Sección Tercera resolvió por tanto, mantener la libertad provisional del procesado Ricardo Miguel CAVALLO en los términos dispuestos en el Auto de 29 de enero de 2007.

Esta actuación procesal de los abogados mencionados no fue asumida por el letrado Antonio Segura, que actúa en representación de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid, al darse una interpretación acorde con la situación procesal de Ricardo Cavallo al anular el Tribunal Supremo la cesión de jurisdicción a favor de Argentina acordada por la Audiencia Nacional el 20 de diciembre de 2006 y, por lo tanto, obliga a que la situación del procesado se resuelva dentro del propio trámite...

[A]l estar detenido Ricardo Cavallo en una causa de extradición desde el 29 de enero de 2007, momento en que la Sección Tercera decretó su libertad, la fiscalía de la Audiencia Nacional ha preferido mantener la detención dentro de ese procedimiento a efectos de no utilizar el saldo pendiente en la prisión provisional de la causa iniciada con la extradición desde México. Esto permitiría contar un período de prácticamente 5 meses para iniciar el juicio oral, momento en el que sería detenido nuevamente en esta causa.

El dieciocho de julio de dos mil siete la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo hizo pública la sentencia resolviendo el recurso de casación -presentado por la fiscalía y la práctica totalidad de las acusaciones particulares y populares- en contra de la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 20 de diciembre de 2006, en la que ésta se declaraba incompetente para juzgar a Ricardo Miguel Cavallo y pedía a las autoridades argentinas que solicitaran su extradición...

El Tribunal Supremo concluye que "el Auto recurrido, a través de una inadecuada vía procesal, cual la estimación de una declinatoria de jurisdicción, planteada de forma incorrecta como artículo de previo pronunciamiento del artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en realidad viene a disponer materialmente la extradición de un acusado cuyo enjuiciamiento se había acordado ya, con anterioridad, que correspondía a los Tribunales españoles, sin la existencia de previa solicitud de extradición, ni comprobación de la concurrencia de los requisitos legalmente previstos para ella, sustrayendo al Ejecutivo su capacidad de decisión en esta materia y contraviniendo, además, el contenido de los Tratados suscritos por nuestro país, tanto con la República Argentina como con los Estados Unidos Mexicanos, razones por las que tal decisión ha de ser anulada, a partir de la previa estimación de los Recursos contra ella interpuestos".

Como consecuencia, el Tribunal Supremo decidióo casar y dejar "sin efecto el Auto recurrido, dictado por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el Rollo de Sala nº 139/1997, el día 20 de Diciembre de 2006, que estimaba el artículo de previo pronunciamiento sobre declinatoria de Jurisdicción planteado por la Defensa del procesado Ricardo Miguel Caballo, cediendo la competencia para el enjuiciamiento de las presentes actuaciones en favor de las Autoridades penales de la República Argentina".

Una vez que el Tribunal Supremo notifique a la Audiencia Nacional la sentencia dejando sin efecto el Auto de ésta de 20 de diciembre de 2006, el procedimiento contra Ricardo Cavallo volvería a la situación procesal de inicio del juicio oral, y por tanto, posterior a que las partes presentaran sus conclusiones provisionales y se haya comenzado a resolver las cuestiones de especial y previo pronunciamiento promovidas por la defensa.

Los abogados Diego Jorge Lavado y Pablo Gabriel Salinas, en su condición de abogados Peticionarios en la Causa denominada "Medidas Provisionales Cárceles de Mendoza", enviaron al Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre la visita realizada al Complejo Almafuerte donde expresan lo siguiente:

"I.- El día 23 de julio pasado realizamos una visita al Complejo Penitenciario Almafuerte, sito en la Localidad de Cacheuta, Departamento de Luján de Cuyo, donde actualmente se alojan, según información del personal penitenciario, alrededor de 185 internos... En esta oportunidad pudimos entrevistarnos con varios de los que ocupan el Pabellón 4, donde habitaba Carlos FLORES RAMOS, de 26 años, quien murió el 17 de julio de 2007 en el hospital Lagomaggiore al que fue trasladado con un cuadro de neumonitis.

La totalidad de los internos coincidieron en afirmar que FLORES RAMOS no había recibido una oportuna ni adecuada atención médica...

II.- Por otra parte, la mayoría de los entrevistados coincidieron en reclamar que el traslado ha sido apresurado y que "es como mudarse a una casa que no está terminada", ya que las dependencias para los servicios esenciales aún no están terminadas, en especial la cocina y la sección de Sanidad, y por ello la totalidad de la Población Penitenciaria padece las consecuencias directas de estas carencias, como por ejemplo la deficiente asistencia médica o psicológica. Además nos manifestaron que existe una escasa cantidad de la Personal Penitenciario destinado a este Complejo (lo que también fue corroborado por varios funcionarios)...

Con respecto a las visitas, refieren que aún no se encuentra adecuadamente organizado los medios de transporte necesarios para posibilitar el traslado de los visitantes ya que desde que éstos llegan a la puerta de ingreso hasta que logran reunirse con los internos transcurren entre 60 y 90 minutos. Esta situación, sumada a que no cuentan con servicio telefónico, dificulta notablemente la comunicación y el contacto con sus familiares directos.

III.- La mayoría de los internos entrevistados han dirigido acciones de hábeas Corpus para que los Jueces de Ejecución tomen adecuada intervención y ordenen revertir los agravantes injustificados en las condiciones de detención, recibiendo en algunos casos respuesta favorable de la justicia pero sin que se experimenten cambios significativos en la situación planteada...

"Según notificó la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el recurso nº 10049/2006-P, tras la deliberación finalizada el día 3 de julio de 2007, el Pleno jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo acordó, por mayoría de 10 votos frente a 5, resolver la casación del caso Silingo con dos sentencias, tal cual se reproduce en el documento adjunto.

La variación más evidente es que se modifica la aplicación de la pena, no utilizando el artículo 607 bis del actual Código Penal, que castiga los delitos de lesa humanidad, y pasa a aplicar la penas concretas previstas por el Código Penal vigente para delitos como el asesinato y la detención ilegal pero considerando que esos delitos "constituyen crímenes contra la Humanidad según el derecho internacional".

Esta forma de decidir la pena coincide con una de las dos alternativas propuestas en el Escrito de conclusiones definitivas calificando los hechos como Crímenes contra la Humanidad presentado por el letrado Antonio Segura el 07 de marzo de 2005, en representación de la Asociación Argentina pro Derechos Humanos - Madrid, al término del juicio oral...

Cabe destacar que todas las otras acusaciones presentes en la Sala y especialmente las encabezadas por los letrados Manuel Ollé, Carmen Lamarca, José Luis Galán y Carlos Slepoy solicitaron la aplicación del tipo de Genocidio y Terrorismo, tipos que fueron en su momento desestimados por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y ahora por el Pleno jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Al aplicar este criterio por el Pleno jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo se produce un aparente aumento de la pena, ya que si bien ahora ésta se eleva desde los 640 años que establecía la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a aproximadamente 1.084 años de condena, la pena efectiva se reduce de los 30 años previstos como límite de cumplimiento en el art. 70.2 del Código Penal, Texto Refundido de 1973 -disposición invocada en el fallo de la sentencia de 19abr05 de la Audiencia Nacional-, a los 25 años previstos en el artículo 76.1.a) del Código Penal en vigencia.

La situación de intimidación y amenazas a Pablo Salinas y otros abogados de derechos humanos de Mendoza se ha visto agravada a causa de una campaña mediática organizada por el grupo Vila - Manzano, propietario de varios medios de prensa en esa ciudad.

La campaña de intimidación tiene como eje la criminalización de las actividades de derechos humanos, culpando a los abogados de un aumento de la criminalidad en la ciudad de Mendoza y, especialmente, de un crimen ocurrido recientemente.

Esta campaña ha sido instrumentada editorialmente por el diario Uno con una línea editorial claramente intimidatoria, con un lenguaje soez y totalmente irracional, que llega a la descalificación insultante de los abogados de derechos humanos.

Como método para hacer frente a la inseguridad se pretende legitimar socialmente a ex integrantes de las fuerzas armadas y policiales implicados en las organizaciones criminales organizadas por la dictadura militar.

Es de desatacar que varios organismos de derechos humanos nacionales e internacionales cuentan con una detallada información sobre el trabajo de derechos humanos que han llevado adelante este grupo de abogados durante varios años, por lo que han recibido muestras de solidaridad de todos ellos.

Los abogados mendocinos Diego Jorge Lavado, Alfredo Ramón Guevara y Carlos Eduardo Varela, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares a favor de otro Abogado de Mendoza que fue amenazado a causa de su relación con el caso de las cárceles de esta Provincia.

Se trata de Pablo Salinas que mantiene además una relación de colaboración desde hace varios años con el Equipo Nizkor y que ha sido amenazado de muerte en forma directa y creíble.

En el escrito que presentan ante la Comisión Interamericana, los abogados mendocinos dicen que se dan las condiciones de gravedad y urgencia para que la CIDH requiera al Estado argentino la adopción de medidas urgentes tendientes a evitar daños irreparables a la vida e integridad psico-física del abogado Pablo Gabriel SALINAS, de su esposa y sus hijos de 11 - 5 y dos años, así como de un bebé recién nacido.

El día 9 de abril de 2007 Pablo SALINAS recibió en su oficina profesional de la Ciudad de Mendoza una nota enviada por correo y dirigida a su nombre, sin remitente y sin firma...

El día 10 de abril Doctor Pablo Salinas efectuó la denuncia ante la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, donde quedó registrada y caratulada, como corresponde procesalmente en estos casos.

Darío Poblete es un cabo primero que integra los grupos especiales de la policía de Zapala. Ayer fue detenido y acusado de asesinar al profesor Carlos Fuentealba con un disparo de su escopeta lanzagases. Poblete ya sabe lo que es estar en la mira de la justicia: tiene dos condenas por maltratar a detenidos, la última de ellas la recibió en diciembre del año pasado. Sin embargo seguía en la calle, con uniforme y armas a su disposición...

Poblete (31 años) fue detenido a la 1 de la mañana a pedido de la fiscal de Graves Atentados contra las Personas, Sandra González Taboada. A las cinco de la tarde se sentó frente al juez Piana, quien le informó que está acusado de "homicidio simple".

Según la imputación, en la mañana del 04abr07;ana, en Arroyito, le disparó con su escopeta lanzagases a Fuentealba, quien ocupaba el asiento trasero de un Fiat 147. El profesor, que se alejaba del piquete que habían intentado instalar los docentes, recibió el impacto en el cráneo y murió al día siguiente...

Las fuentes judiciales consultadas revelaron que a través de docentes que declararon como testigos, filmaciones y partes policiales, la fiscal González Taboada logró identificar a un grupo de policías entre los que podría estar el autor del disparo fatal.

Cinco de esos policías le dieron a la fiscal un dato clave: en su vehículo de trasporte había un efectivo que no pertenecía a su grupo... La estricta disciplina de los grupos especiales impide que un policía se integre a un grupo ajeno. Por eso les llamó tanto la atención que Poblete rompiera filas e intentara escabullirse entre otros uniformados...

Carlos Elías Furman tiene 33 años, valentía para criticar a un poder inescrupuloso y sensatez para temer.

Furman es periodista y desde que le balearon la casa permanece virtualmente refugiado en el Hotel Libertad de la entrerriana ciudad de Santa Elena, donde conduce un programa radial cuyo nombre, de entrada, ya incomoda. El espacio se llama "El destape de la olla".

Furman ha denunciado en su programa las prácticas de corrupción, nepotismo y clientelismo propias del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, que fue también vicegobernador de la Provincia de Entre Ríos y que ha sido condenado a 3 años de prisión condicional por enriquecimiento ilícito después de que la justicia determinara la existencia de cuentas millonarias a su nombre y de su familia en bancos de la República Oriental del Uruguay. También ha sido inhabilitado para ejercer cargo público durante 8 años...

Carlos Furman recibió golpizas de patoteros en la calle en dos oportunidades, su casa fue baleada en cinco ocasiones, y hace poco se distribuyó un panfleto en Santa Elena con esta inscripción, alrededor de una cruz svástica: "Año nuevo judío. Muerte a Carlos Furman". Gritarle "judío de mierda", "andate o sos boleta" se ha convertido en un deporte para los acólitos del intendente Rossi...

"El fiscal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Beades, se pronunció en contra de la concesión del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, planteado por el abogado de Domingo Daniel Rossi, Julio Federik, en queja por la condena a prisión condicional por enriquecimiento ilícito, dispuesta por la justicia entrerriana al intendente de Santa Elena -y actual candidato del PJ por la cuarta reelección-, después de que se determinara la existencia de cuentas millonarias a su nombre y de su familia, en bancos de la República Oriental del Uruguay...

"La consigna es «no a la censura» y lo único que hay que hacer para apoyar la resistencia a la más enfermiza expresión del patoterismo entrerriano es llamar al 03437- 480206 y solidarizarse con la radio, repudiando a los represores".

"Los llamados desde todo el país y el extranjero, expresando el apoyo del colectivo periodístico nacional e internacional con la radio 2 de Octubre están haciéndose oír... La situación es desesperante y tal vez mañana la radio ya no esté al aire"...

"Los patoteros del intendente Domingo Daniel Rossi, iniciaron ayer un operativo de amenazas a punta de pistola contra periodistas de la FM 2 de Octubre... Envalentonados por un nuevo triunfo electoral el domingo pasado, dicen que van a "subastar" la radio. Como ya lo hicieron en los 90 con el frigorífico que era fuente laboral de toda la comunidad..."

La Corte Suprema de Justicia de Argentina, en un fallo emitido el 13de febrero de 2007, intimó al Estado Nacional a que en un plazo de veinte días resuelva la crítica situación carcelaria de la provincia de Mendoza.

La Corte estimó que "la gravedad de la reiteración de los hechos que se denuncian, la ausencia de control y dominio adecuado en la Penitenciaria - presupuestos de la existencia de aquéllos -, exigen de ella el ejercicio del control encomendado a la justicia sobre las actividades de los otros poderes del Estado."

La Corte Suprema señala que "en la sentencia dictada el 30 de marzo de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le indicó al Estado Argentino que las razones de derecho interno no podían justificar la falta de adopción de las medidas conducentes para superar la situación existente..."

La tarea permanente de la defensa integral de los DDHH obliga a otorgar una alta prioridad a la lucha a través de la Justicia contra la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad, perpetrados bajo diversas formas de terrorismo de estado. Memoria, Verdad y Justicia han sido las tres nociones fundamentales que han guiado el quehacer de todos los organismos de DDHH de la Argentina a lo largo de más detres décadas...

No cabe duda que si se mantiene la impunidad en relación a los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el marco del Terrorismo de Estado, poco pueden esperar de la justicia quienes integran nuestra sociedad...

En un comunicado hecho público el 26dic06 bajo el título “Hay razones procesales para suponer que el oficial naval Miguel Angel Cavallo quedará en libertad”, el Equipo Nizkor actualizaba el estado del caso a tenor del auto de 20dic06 por el que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, integrada por los magistrados Alfonso Guevara Marcos (Presidente), Ricardo Rodríguez Fernández y Fermín Javier Echarri Casi, se declaraba incompetente para juzgar a Cavallo e invitaba a las autoridades Argentinas, una vez más, a solicitar formalmente su extradición.

En este comunicado desarrollábamos la historia procesal del caso desde que el 03oct03 se dictara el primer auto de conclusión del sumario, es decir, desde que se decretara la terminación de la etapa de investigación respecto del procesado. Exponíamos asimismo una serie de conclusiones a tenor del auto de 20dic06 mencionado. El análisis de la situación creada por la Sección Tercera de la AN mediante ese auto permitía concluir que la consecuencia probable del mismo sería la libertad del procesado.

Pues bien, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional puso ayer, 29ene07, en libertad a Cavallo, al haber expirado el plazo legal de 40 días concedido a Argentina para remitir la documentación de cara a su extradición, y ello a pesar de que esa resolución no es firme, pues fue recurrida ante el Tribunal Supremo.

El 30ene07, Cavallo compareció a primera hora, voluntariamente, ante el juez de instrucción de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. Lo hizo acompañado de su abogado, Fernando Pamos de la Hoz.

El juez, tras comprobar la existencia de una orden de prisión dictada contra Cavallo el pasado 27 de diciembre de 2006 por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 12 de Buenos Aires, Sergio Torres, que le ha procesado en relación con cinco causas criminales, procedió a decretar la prisión de Cavallo, en el marco de este procedimiento de extradición...

Desde que el 16 de febrero de 2005 el Juzgado Central de Instrucción Núm. 5 de la Audiencia Nacional española decretara mediante auto la conclusión del sumario respecto de Ricardo Miguel Cavallo, y con ello el término de la etapa de instrucción, el procedimiento ha estado plagado de tácticas dilatorias encaminadas a agotar el plazo máximo de prisión preventiva del procesado sin que se llegue a la celebración del juicio oral, o, en todo caso, sin que se le haya notificado fehacientemente una sentencia condenatoria.

Recordemos que ya el 03oct03, el Juzgado Central de Instrucción Núm. 5 había dictado auto de conclusión del sumario respecto de Ricardo Miguel Cavallo, el cual fue devuelto por la Sala a efectos de despejar, vía rogatoria, la cuestión de los procesos abiertos en la República Argentina.

Desde que se decretara nuevamente el cierre de la instrucción en febrero de 2005, los hitos más importantes en esa dilación directamente relacionados con la fase intermedia (previa al juicio oral) del procedimiento que se sigue contra Cavallo, son sendas Comisiones Rogatorias acordadas mediante providencia de 03nov05 y auto de 27 jun06, en las que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, básicamente, invita a las autoridades argentinas a solicitar su extradición a las españolas.

Ambas comisiones se producen a instancias de la defensa del procesado y en coordinación con actuaciones procesales concretas en instancias tanto de la fiscalía como de la judicatura argentina...

Otro hecho dilatorio de extrema importancia viene dado por los recursos de casación que varias acusaciones populares y particulares anuncian entre el 26 de abril y el 12 de mayo de 2005 contra la sentencia por crímenes contra la humanidad recaída el 19 de abril de 2005 en el caso Adolfo Scilingo Manzorro...

A modo de conclusión podemos decir que:

El trabajo fue realizado a solicitud del Equipo Nizkor y presentado como Anexo al escrito de alegaciones que ese mismo día, la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid, presentó en defensa de la sentencia ante la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo que deberá conocer de los recursos de casación interpuestos por la defensa del condenado Adolfo Scilingo y por varias acusaciones populares y particulares que han recurrido la sentencia por crímenes contra la humanidad que le condenó...

El Amicus Curiae presentado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, en sus conclusiones afirma lo siguiente:

“España tiene la obligación bajo el derecho internacional de enjuiciar a los perpetradores de crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Scilingo es responsable de crímenes que, de manera exacta y apropiada, se califican como crímenes contra la humanidad. Estos crímenes no pueden caracterizarse dentro de la definición de genocidio. La sentencia de la Audiencia Nacional ha establecido la responsabilidad por los actos en cuestión... Los crímenes de la campaña del régimen militar no responden a los elementos del crimen de genocidio, y los actos de Scilingo (actus reus) y su intencionalidad (mens rea) no reúnen los requisitos de genocidio..."

"La AAPDH-M, recurrirá la decisión de los jueces de la Sala III que declinan en la jurisdicción argentina el enjuiciamiento del marino argentino Cavallo fundamentalmente por el momento procesal en la que se realiza, al faltar sólo seis meses para que se agote el plazo de su prisión preventiva, tanto en España como en Argentina, lo que deja a las víctimas en situación de total indefensión.

En efecto, basados en el Convenio de Extradición y Cooperación Judicial entre la República Argentina y el Reino de España, se utiliza la figura de la extradición pasiva, por la que se le comunica al reo su probable extradición y si éste accede, se lo extradita. En el caso de que no accediese comenzaría un juicio de extradición que puede durar un año largo. Dado que la defensa de Cavallo ha solicitado y logrado que se lo envíe a Argentina para ser juzgado allí, todo indica que aceptará ser extraditado.

Recordemos que el 5sep06 el Juzgado Criminal y Correccional Federal No. 5 de Buenos Aires anuló el indulto al General Videla, y que un día antes, el 4sep06, la misma instancia anuló también los indultos otorgados al Ministro de Economía Martínez de Hoz y al General Harguindeguy. En ambas resoluciones se aplicó la figura de crímenes contra la humanidad, como también hiciera, el 25jul06, el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 3 de Buenos Aires, al declarar la inconstitucionalidad del indulto a los uruguayos José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Manuel Cordero y Hugo Campos Hermida.

A su vez, el 14jun05 la Corte Suprema, a raíz del caso Poblete, declaró nulas las leyes de impunidad, también usando la fundamentación de crímenes contra la humanidad. Como consecuencia, el 11ago06, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 5 de la Capital Federal condenó en ese caso al suboficial (R) de la Policía Federal argentina, Julio Héctor Simón, también conocido como "Turco Julián", por su responsabilidad en la comisión de ese tipo de crímenes...

Lo destacado de la resolución de nulidad del indulto otorgado al General de División (R.) Santiago Omar Riveros, es que se trata de un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, pero sobre todo, destaca este fallo por introducir una fundamentación racional, y bien sistematizada, del principio de imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, esto es, que los responsables de los mismos pueden ser enjuiciados cualquiera que sea la fecha de comisión de los crímenes...

En la primera parte de este programa se analiza la aplicación de esta figura por parte de los tribunales argentinos; este análisis incluye una explicación de la diferencia entre crímenes contra la humanidad y genocidio.

La segunda parte, a partir del minuto 12 aproximadamente, contiene un comentario de Gregorio Dionis, Director del Equipo Nizkor, acerca de los argumentos que está utilizando la defensa de los militares afectados por estas causas, principalmente en el caso Riveros, y un análisis de las cuestiones de fondo, en el ámbito de la aplicación del derecho internacional y de la lucha contra la impunidad, que se están dirimiendo ante los tribunales argentinos. Todo ello a la luz de la última jurisprudencia internacional. Gregorio Dionis explica también el porqué de lo adecuado de la figura de crímenes contra la humanidad al caso argentino.

Poblete fue secuestrado en noviembre de 1978 en la oriental provincia de Buenos Aires. Casi al mismo tiempo se llevaron de su casa a su esposa y a la hija de ambos, de sólo ocho meses y quien luego fue entregada en adopción ilegal a un militar. Claudia fue identificada sólo 20 años después, pero sus padres aún permanecen desaparecidos.

El sábado 17 de junio, Sebastián Hormazábal apareció apuñalado en una celda individual a la que había sido trasladado por supuesta seguridad. Al día siguiente, Diego Antonio Ferranti y Gerardo Gómez, que habían participado del conocido como Motín Vendimial el 3 de marzo de 2000, terminaron asesinados a puñaladas en uno de los pabellones de máxima seguridad después de haber sido trasladados de la cárcel de Neuquén a la de Mendoza.

E.S.M.A.: Processo a Roma contro i militari argentini. Da questa caserma della Marina militare, sita nel centro di Buenos Aires, sono passate 5.500 persone, delle quali 4.400 sono state uccise e buttate in mare con i "voli della morte". Il 9.6.1999 è stata riaperta l'inchiesta contro cinque ufficiali argentini per gli omicidi di Angela Aieta Gullo, e di Giovanni e Susana Pegoraro. Nel giugno 2001, su richiesta del PM Francesco Caporale, uno di loro, il capitano Alfredo Astiz, è stato arrestato dalla Polizia argentina. Anche se la carcerazione di Astiz è durata solo alcuni mesi, è importante segnalare quest'episodio perché è stata la prima volta che un militare argentino è stato arrestato dando seguito ad una richiesta della magistratura europea. L'indagine italiana è andata avanti e per cinque militari argentini sono stati rinviati a giudizio il 5.4.2006. La prima udienza dibattimentale è stata convocata per il mercoledì 8 giugno 2006 alle ore 10.30 nell'Aula Bunker di Rebibbia. Nella conferenza stampa gli avvocati e le parti civili illustreranno l'esito dell'udienza. Presenta: Massimiliano Massimiliani, Provincia di Roma Intervengono: Dante Gullo, parte civile Marcello Gentili, avvocato parte civile Giancarlo Maniga, avvocato parte civile Ernesto Magorno, Provincia di Cosenza Titta Madia, Avvocato della Regione Calabria Jorge Ithurburu, Centro Relazioni Internazionali

Audio della conferenza: Manlio Massucci.

Ante el anuncio falso del juez Bento de que había arrestos en Mendoza y de que había imputado a represores, lo que logró el juez con ello es advertir a los represores de que pueden ser detenidos, de modo que puedan tomar las medidas a su disposición para evitar la acción de la justicia.

Este incidente ha motivado que los organismos y familiares de desaparecidos de Mendoza hayan interpuesto una denuncia penal contra el juez Walter Bento por violación de secretos...

Los abogados de derechos humanos alegan que dicho fallo adolece de nulidad por inconstitucional y arbitrario.

Contra el antiguo integrante de la Policía Federal de ese país, de 55 años y nacionalidad argentina, existía una reclamación de la justicia argentina por el secuestro y asesinato del escritor y periodista Rodolfo Walsh, ocurrido el 25 de marzo de 1977.

Según informaron fuentes judiciales, la policía española se ha limitado a hacer efectiva una orden de detención dictada por el juez federal Sergio Torres el pasado 28 de octubre de 2005.

Pero esto ocurrió exactamente el mismo día en que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional llegó a un acuerdo de reinterpretación de la Sentencia del Tribunal Constitucional con relación al caso Guatemala [STC 237/2005, de 26 de septiembre de 2005].

La sala, en una nota de 19 de julio de 2005, había establecido como fecha de comienzo del juicio oral el 17 de octubre de 2005. Según las nuevas estimaciones procesales, el comienzo del juicio, en todo caso, no tendría lugar antes de principios de diciembre.

Una de las más representativas en cuanto a este apoyo incondicional, fue la Sociedad Rural Argentina, residuo social e histórico de la oligarquía, y que representa los importantes intereses de los terratenientes. Conforman éstos una clase social con un poder desproporcionado y que reproduce una cultura de la tierra similar en sus valores al nacionalismo agrario alemán... Su concepto de Estado-Poder tiene que ver con las viejas teorías del imperio Austro-Húngaro...

Esta previsión se considera realista, toda vez que la fiscalía ya dio por cerrado el sumario...

El caso del Teniente de Navío Ricardo Miguel Cavallo es el segundo que llega a juicio oral en España y que atañe a un oficial de la Marina de Guerra argentina, perteneciente además a los oficiales que estuvieron en el centro de exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada.

El 03oct03, el JCI Núm. 5 dictó tauto de conclusión del sumario respecto de Ricardo Miguel Cavallo, el cual fue devuelto por la Sala a efectos de despejar, vía rogatoria, la cuestión de los procesos abiertos en la República Argentina.

Una vez solucionado este incidente, se dictó un nuevo auto de conclusión del sumario el 16feb05 quedando, por lo tanto, listo para la etapa de Juicio Oral...

Según fuentes del Equipo Nizkor, las pruebas existentes en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, con sede en la Haya, han sido aportadas para sustentar la solicitud de extradición de Minic efectuada por la República de Serbia y Montenegro...

El pasado 1 de junio, un grupo de abogados defensores de derechos humanos presentó una denuncia para que Minic fuera detenido y juzgado por crímenes contra la humanidad. Además, la fiscalía de la ciudad Mendoza, recibió instrucciones para acusar y procedió a pedir al juez la investigación del caso desde el punto de vista del derecho interno argentino. No obstante, existe un temor fundado de que el juez Alfredo Manuel Rodríguez utilice argucias jurídicas para dejar en libertad a Nebojsa Minic...

Por otra parte, un segundo criminal de guerra, el serbio Milan Lukic, acusado de crímenes de guerra, fue detenido el lunes 8 de agosto en la capital argentina a solicitud del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. La Justicia argentina también recibió desde Serbia un pedido de extradición referido a la misma persona...

Esta sentencia anula el Acuerdo de fecha 29 de Agosto de 2003 adoptado por el Consejo de Ministros, bajo el Gobierno del ex Presidente José María Aznar, bajo la denominación "Acuerdo de no tramitación de solicitud de extradición activa de Omar Domingo RUBENS GRAFFIGNA y treinta y nueve reclamados".

El Tribunal Supremo declara que dicho Acuerdo no es conforme a Derecho y que "priva a la Parte requerida de adoptar la decisión que sólo a ella corresponde en uso de su soberanía, y ello porque para la parte requerida esa solicitud de extradición activa que se formula se transforma en un requerimiento de extradición pasiva en el que es ella que debe adoptar la resolución que corresponda"

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